Es sumamente difícil, por no decir imposible, que las acciones legales e institucionales de la alianza democrática de partidos parlamentarios puedan revertir el escandaloso fraude electoral del nueve de noviembre pasado. En un país como Nicaragua, donde no hay una verdadera institucionalidad democrática, donde la administración de justicia no es independiente ni honesta, donde no se respeta la ley y los que gobiernan son precisamente quienes más la atropellan; en un país como éste, repetimos, el orteguismo sólo podría renunciar al abuso y al fraude si fuera obligado por una fuerza superior a él mismo.
En realidad, si Daniel Ortega fuera un gobernante democrático no impediría que la oposición presentara su iniciativa de ley para anular unas elecciones municipales que considera fraudulentas. Como dijimos en un comentario anterior, lo correcto y ajustado a derecho es que a la iniciativa de ley de anulación de las elecciones municipales fraudulentas se le dé el trámite establecido en la Constitución y en la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Es la misma Asamblea Nacional la que debe determinar —por medio de una comisión dictaminadora— si dicho proyecto es procedente o improcedente, si se ajustaría a la Constitución o sería inconstitucional. Por su parte, el Poder Ejecutivo podría vetar esa ley si así lo quisiera hacer, en el caso de que la Asamblea Nacional la aprobara. Y en última instancia, la Corte Suprema de Justicia tendría la facultad de anularla después de que fuera aprobada y ratificada, si alguien recurriera contra ella impugnándola por supuesta inconstitucionalidad.
Pero por su índole fascista o fascistoide, el régimen orteguista no tolera la tramitación legal de cualquier cuestionamiento a sus abusos e ilegalidades. Daniel Ortega prefiere que el país se hunda en una crisis política e institucional que inevitablemente tendrá desastrosas consecuencias económicas y sociales —como de hecho ya las está teniendo—, antes que actuar con cordura y demostrar debilidad. Ortega prefiere arruinar a Nicaragua, en vez de actuar como un gobernante normal y democrático que comete errores pero tiene inteligencia para reconocerlos y talante democrático para rectificarlos.
Sin embargo, la oposición hace muy bien al utilizar los mecanismos legales para luchar contra el fraude electoral y en defensa de la democracia. Aunque por ahora la lucha legal y cívica contra el fraude electoral y los demás abusos del poder orteguista resulte o parezca inútil, ése es el escenario donde los demócratas tienen necesariamente que dar la batalla fundamental por la democracia, no en el terreno de la violencia de ningún tipo, que es a donde Daniel Ortega los quiere llevar, para justificar la represión con la que quisiera aplastar a la oposición, a la disidencia, a la crítica de cualquier clase y procedencia. La violencia es el pretexto que Ortega y los operadores de su maquinaria represiva quisieran tener para no dejar piedra sobre piedra —como ya lo advirtió con su lenguaje barbárico el Procurador General del orteguismo— de los medios de comunicación independientes y críticos, de los partidos políticos democráticos, de las organizaciones no gubernamentales que no están sometidas al poder orteguista, de la Iglesia católica y las denominaciones evangélicas que cumplen su misión profética de denunciar los abusos del poder.
Lo que no se debe perder de vista es que el uso de los mecanismos legales no basta para tener éxito en la lucha contra el fraude y en defensa del derecho, la justicia, la libertad y la democracia. Esos mecanismos, por sí mismos y aislados de otras acciones cívicas y populares de hecho, no pueden hacer mucho contra un régimen fascista o fascistoide, como es el gobierno de Daniel Ortega. Los recursos legales e institucionales tienen que ser respaldados con la presión de una gran organización política unida y una permanente movilización social, así como por la solidaridad de la comunidad democrática internacional que está mirando con alarma cómo renace la dictadura en Nicaragua, después de tantos sacrificios del pueblo, de tanta sangre derramada y de tantos esfuerzos y recursos invertidos por ella misma para que la nación nicaragüense pudiera vivir, trabajar y progresar en paz, en libertad y con democracia.
La lucha pacífica y cívica se puede librar de múltiples maneras. Y le corresponde a la dirigencia democrática de la oposición unida, determinar cuáles son o deben ser las diversas formas de organización y de presión popular que se deben movilizar contra la renaciente dictadura orteguista.
