A propósito de que mañana se celebran las elecciones municipales que las circunstancias han convertido en una prueba de fuego para la incipiente y endeble democracia nicaragüense, es oportuno reflexionar un poco acerca de la institucionalidad y su relación con el sistema democrático.
Hasta mediados del siglo XVII en el mundo no existía un Estado en el cual el gobernante, al mismo tiempo que ejerciera el poder pudiera ser controlado y, en caso extremo, removido. Era una contradicción que no se podía resolver, pues otorgar y quitar mando sin desmantelar el sistema excepto con guerra, resultaba imposible. Sólo el sistema democrático lo pudo hacer, al crear tres poderes equipotenciales e independientes.
Durante toda la edad antigua y la media el gobernante ejercía el mando sin limitación, empleando el “personalismo discrecional”. Por ello, reyes, emperadores, sultanes y aún jerarcas religiosos disponían de la nación a su cargo, a su gusto y antojo. Los escolásticos llamaban a este vicio sin límites, “la concupiscencia del poder”. Esta situación producía injusticia, ineficiencia, abusos, guerras, inestabilidad, corrupción y miseria en las grandes mayorías, pues todo estaba sujeto a la voluntad y equilibrio mental del soberano. En los países subdesarrollados, aún hoy ese tipo de gobierno prevalece y como consecuencia hay pobreza. Como lo ha expresado el jurista nicaragüense Alberto Saborío: “El gobierno de una persona, familia o grupo reducido, funciona como dueño del poder, mientras el pueblo, es sólo el instrumento que sirve a sus ambiciones. Para ello, despierta pasiones y provoca ilusiones en el pueblo sencillo; y cuando esta maniobra ya no funciona, echa mano, abierta o solapadamente, a la represión”.
Sin embargo, a medida que los dirigentes fueron cultivándose y racionalizándose, crearon nuevos valores e instituciones, encargadas de conformar y perfeccionar una nueva cultura política, similar a la científica, llamada democracia. Era la única capaz de disponer valores primigenios como la igualdad, fraternidad y libertad; de confiar al pueblo la elección libre de sus autoridades; de corregir sus errores sin resistirse; de tener flexibilidad para acomodarse a distintas formas como monarquías, repúblicas, consejos, cooperativas, etc., sin perder los ideales. Son rasgos que la asemejan a la ciencia, porque es razonable y reproducible. La mutación comenzó como un fuerte movimiento intelectual indetenible a ambos lados del Atlántico, de manera que surgida la democracia durante el siglo de la Ilustración, fue perfeccionándose y adaptándose a escala mundial al calor de la revolución francesa, así como del libre examen y el Contrato Social. Esa gran mutación impuso como piedra sillar la “institucionalidad” que reemplazaría al personalismo egoísta.
Estos conceptos resultaban desconcertantes en aquella época, cuando nadie se atrevía a desafiar al poder omnímodo de la autoridad, pero entretanto se iba convirtiendo en derecho lo que antes era delito, volviendo trabajo remunerado lo que antes era esclavitud, transformando en juicios abiertos lo que se procesaba en secreto. En realidad, la institucionalidad democrática es un mecanismo encauzador del orden social, que guía al debido proceso y usa la ley como instrumento. Dicho con otras palabras, trata de impulsar un propósito al bien social, por encima de los caprichos del gobernante. Los pensadores que concibieron el sistema democrático, lo armaron en una estructura lógica, y científica. Como todo producto humano es imperfecto, pero tiene la ventaja de autocorregirse usando sus propios mecanismos. Sin recurrir a la dictadura
Comenzó con John Locke (l632-1704), que fue el primero en darle su lugar a la sociedad civil al proclamar el Bill of Rights (derechos humanos), una armadura contra los abusos del poder, hasta llevarla al Parlamento. Luego Montesquieu (1686-1755) concibió la separación de los tres poderes del Estado, fundamento de las pesas y contrapesas que hacen equilibrio. Desde entonces, toda iniciativa del gobernante sería discutida y votada para convertirse en ley. Finalmente el norteamericano James Madison (1747-1836) miembro de la Convención de Virginia, talentoso federalista republicano fue correlator de la Constitución de la República, logrando la unificación de aquellos heterogéneos Estados de Norteamérica, renuentes a exponer su identidad y autonomía.
Es importante mencionar que la institucionalidad está vinculada con el desarrollo. La obligación del gobernante es proporcionar educación, salud, trabajo, vivienda y transporte a los ciudadanos de bajos recursos y éstos a su vez deben cumplir las leyes, un arreglo al que Rousseau llamaba Contrato Social. Y esto presupone una sociedad estable, respeto a los derechos humanos y estado de derecho.
