El referendo del domingo pasado en Costa Rica, mediante el cual se aprobó la participación de este país en el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y República Dominicana con Estados Unidos (DR-Cafta por sus siglas en inglés), no sólo fue un acto trascendental para el pueblo costarricense sino también un magnífico ejemplo para Nicaragua.
En primer lugar, al haber aprobado la participación de su país en el DR-Cafta los costarricenses han demostrado que quieren “un país democrático, justo, próspero, integrado al mundo, con mejores oportunidades y mayores recursos para mejorar en educación, salud y otros ámbitos sociales”, tal como lo señaló editorialmente el diario La Nación, de Costa Rica.
“No podemos decir que el TLC es perfecto —dijo La Nación cuando llamó a los costarricenses a votar por el sí al DR-Cafta—; tampoco que nos garantiza el desarrollo, que depende de un conjunto de factores, la mayoría nacionales. Pero sí podemos asegurar, con apego a la realidad y a la experiencia, que el TLC es un instrumento indispensable para que los costarricenses mejoremos nuestras condiciones de vida… El TLC mantiene incólumes a nuestras instituciones jurídicas y sociales… permitirá reforzar nuestra soberanía frente a Estados Unidos y Centroamérica… nos permitirá competir en igualdad de condiciones con nuestros vecinos; mejorará la calidad del empleo; ampliará la gama de opciones para nuestros jóvenes y permitirá a los hogares adquirir una serie de productos a mejores precios”.
En realidad, la participación en el libre comercio internacional mediante el DR-Cafta ofrece más oportunidades de obtener beneficios, que posibilidades de sufrir perjuicios. Participar en el libre comercio significa tener la posibilidad de contar con una oferta amplia de productos y servicios a precios más bajos y de buena calidad, de escoger libremente lo que cada quien quiera y pueda comprar, de elevar la calidad de vida familiar y personal. Además, el libre comercio motiva a los productores —empresarios y trabajadores— a mejorar la calidad y el acabado de sus productos, lo cual es indispensable para vender más en los otros países, así como para avanzar en la creación de una cultura de seguridad jurídica y cumplimiento de los contratos.
Para poder comprobar lo ventajoso que es participar activamente en el libre comercio internacional ni siquiera hay necesidad de ver los ejemplos luminosos de Chile y México, que gracias a los tratados de libre comercio están saliendo de la pobreza y del atraso y poco a poco dejan de ser países subdesarrollados para convertirse en naciones de desarrollo medio. El beneficio de la participación activa en los tratados de libre comercio se puede ver ahora mismo en Nicaragua, donde el único sector de la economía nacional que ha tenido un comportamiento exitoso en este primer año del nuevo gobierno sandinista es precisamente el de las exportaciones, lo cual se debe a la participación del país en el DR-Cafta que ha ampliado el mercado externo de los productos nicaragüenses.
Por otra parte, el referendo del domingo pasado en Costa Rica ha demostrado que las decisiones de trascendental importancia nacional, para tener una verdadera e incuestionable legitimidad democrática tienen que ser consultadas directamente a la población, mediante plebiscito o referendo. Plebiscito, se dice en el artículo 133 de la Ley Electoral de Nicaragua, “es la consulta directa que se hace al pueblo sobre decisiones que dentro de sus facultades dicte el Poder Ejecutivo y cuya trascendencia incida en los intereses fundamentales de la nación”. Y referendo “es el acto de someter directamente al pueblo leyes o reformas, de carácter ordinario o constitucional, para su ratificación”, establece el artículo 134 de la misma Ley Electoral.
O sea que el plebiscito es necesario para consultarle directamente al pueblo si quiere o no que se cambie el sistema de gobierno del país, de presidencial a parlamentario. Y un referendo sería indispensable para que, en el caso de que se reformara la Constitución de manera parcial o total para cambiar el sistema de gobierno de la nación, la reforma aprobada se someta a la aprobación o rechazo de los ciudadanos nicaragüenses.
Una reforma del Estado de tamaña envergadura no puede ni debe resultar de un sórdido pacto autoritario de caudillos. Tiene que ser una decisión democrática aprobada directamente por el pueblo nicaragüense.
