Asalto al Estado de Derecho

Dentro de las muchas violaciones a la legalidad que ha protagonizado el régimen de Daniel Ortega — como por ejemplo, alterar los símbolos patrios, despachar desde la casa del partido, despedir a miles de empleados públicos supuestamente protegidos por la Ley de Servicio Civil, etc.,—ninguna ha sido más grave que la perpetrada contra la refinería ESSO. Esto no lo decimos por defender a una transnacional millonaria, ni porque vayan a disminuir las inversiones, si bien esto último preocupa sobremanera, sino porque vulnera en forma flagrante, sin ningún disimulo, un derecho que es tan sagrado como fundamental para la vida civilizada y la libre empresa: El derecho de propiedad privada.

Un embargo preventivo jamás puede tener como depositario a un tercero ajeno al dueño o al poseedor y mucho menos autorizar a que este tercero, o extraño, disponga del bien sometido a custodia. Esto lo sabe todo abogado o estudiante de derecho. Un bien embargado preventivamente no deja de ser de su dueño y nadie, excepto este, puede alterarlo o darlo en uso a terceros. Lo único que el embargo hace es garantizar que el bien estará en custodia e inalterable para responder más tarde, si una sentencia firme condena a su dueño a pagar una obligación.

Lo que ha sucedido es exactamente equivalente a que alguien embargara preventivamente nuestra vivienda, la que aún bajo la figura del embargo preventivo continúa siendo de nuestra propiedad y metiera a nuevos inquilinos. O es como que nos embargaran un vehículo y lo pusieran en manos de un tercero, que además le altera la carrocería, lo pinta en otro color y se lo alquila a un amigo.

Irrespetar el derecho de propiedad en forma, además, tan abierta, obvia y pública, no tiene ninguna justificación. Entendemos la desesperación del gobierno por almacenar un petróleo, aceptado y enviado a sabiendas de que carecía de las instalaciones para guardarlo. Pero esto no justifica recurrir a las vías de hecho y despreciar, a la vista de todos, el ordenamiento legal, y un derecho esencial consignado en la Constitución Política de la República.

El derecho de propiedad privada no es cualquier derecho, así como el Estado de Derecho no es cualquier institución. Ambos son las bases fundacionales e indispensables para que pueda existir vida civilizada y para que una nación tenga la oportunidad mínima de prosperar. Por eso se habla de que el derecho de propiedad es sagrado. Sin este no puede haber seguridad ni libre empresa. Sin él se entumece el comercio, la economía retrocede y la pobreza avanza. Vulnerar el derecho de propiedad es la receta segura para no salir del subdesarrollo y mantener abajo a los pobres que se pretende levantar.

Lo ocurrido con el embargo de la ESSO ha trastocado todo el sistema legal y convertido en farsa todo el andamiaje legal y los tribunales de justicia. Quita también legitimidad al Presidente de la República, quien en la toma de posesión juró solemnemente respetar y hacer respetar la Constitución y las leyes.

Se ha hablado mucho, y con razón, de que el asalto contra la ESSO desalentará la inversión, pues lo mínimo que busca quien está dispuesto a arriesgar millones es reglas claras y confiables, que le den certidumbre y protección. Pero no se ha hablado suficientemente del profundo efecto deseducador, de lo moralmente subversivo que es mostrarle a toda la nación, y a la juventud que estudia derecho en las aulas universitarias, que las normas jurídicas pueden ser descartadas impunemente cuando conviene a los intereses del Estado.

Ojalá que las cúpulas empresariales, hasta la fecha tan tímidas o autocensuradas en sus declaraciones, sepan que la defensa de derechos básicos es algo que no puede ser negociado sin poner en peligro las mismas bases sobre las que descansan sus negocios y, por ende, la prosperidad de la nación. El Estado de Derecho, como la soberanía nacional, no se discuten. Se defienden con civismo pero con firmeza.

Repetimos: no se trata de defender una compañía o un dueño en particular porque su negocio sea o no importante para el país. Se trata de defender un principio sin el cual Nicaragua y sus pobres no podrán jamás salir adelante. Sin el cual Nicaragua no podrá ser República.

Editorial
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