En su edición del primero de mayo recién pasado, el New York Times publica un editorial titulado Law Day (Día de la Ley). Según el escritor de dicho artículo, el señor Dwight Eisenhower —trigésimo cuarto Presidente de Estados Unidos de Norteamérica, quien gobernó de 1953 a 1961— estableció el primero de mayo como Día de la Ley, de tal forma que “mientras una buena parte del mundo hace críticas al capitalismo y organiza desfiles para celebrar a los trabajadores, los Estados Unidos honran la dedicación nacional al principio del gobierno respetuoso de las leyes”, decía Eisenhower. El mismo artículo señala que el Día de la Ley ha dejado de celebrarse en ese país pero que, dadas ciertas circunstancias en la coyuntura política actual estadounidense, probablemente valdría la pena restaurarlo.
Si los norteamericanos consideran necesario levantar la conciencia de sus ciudadanos con respecto al respeto a la ley, con mucha más razón sociedades como la nuestra. Efectivamente, en Nicaragua es urgente contrarrestar la mala influencia que muchos políticos ejercen sobre la sociedad, comenzando con el Presidencia de la República, Daniel Ortega, el cual, desde que tomó el poder ha estado asediando constantemente el Estado de Derecho. Ortega se ha esforzado por menospreciar los procedimientos y protocolos propios de la institucionalidad y ha estado haciendo todo lo posible por imponer su estilo suelto y autoritario. Despacha desde su casa, donde está ubicada también la Secretaría del Frente Sandinista. De esta manera mina el valor cívico que representa la Casa Presidencial. Rechaza cualquier forma de control, de responsabilidad, de límites. Busca una reforma constitucional que le permita reelegirse. Cree que puede hacer lo que quiera y que nadie debe decirle nada.
En su discurso del primero de mayo, el presidente Daniel Ortega dijo que esperaba que la Policía no obedeciera las sentencias judiciales que ordenan el desalojo de personas que por mucho tiempo se han adueñado ilegalmente de propiedades que no les pertenecen, porque “esas sentencias judiciales son compradas”. Y aunque es verdad que este Poder Judicial nicaragüense carga con un estigma de corrupción sin precedentes en nuestra historia política, lo cierto es que Ortega no puede, como titular del Poder Ejecutivo, interferir en el cumplimiento de las resoluciones de los juzgados y tribunales. Mucho menos ordenar a la Policía que desacate la ley. Esto jamás lo diría el Presidente si no sintiera que él mismo está por encima de la ley.
Asimismo, el presidente Ortega, irrespetando por completo el procedimiento de negociación tripartita que normalmente se da entre los trabajadores, los empresarios y el Gobierno, para llegar a acuerdos sobre ajustes salariales, dictó desde su tarima al ministro de Hacienda y Crédito Público, Alberto Guevara, que ejecutara un reajuste de por lo menos un 15 por ciento. ¿Acaso no entiende el Presidente que irrespeta a todos los sectores involucrados, incluyendo a su propio ministro de Hacienda? Por otro lado, dirigentes del Congreso Permanente de los Trabajadores (CPT) denunciaron que en los tres meses que lleva el gobierno de Ortega, se ha despedido a unos 3,500 empleados públicos bajo el disfraz de una supuesta “reorganización laboral” pero en realidad lo que ha estado haciendo Ortega es llenar los puestos que quedan disponibles con sandinistas que le son fieles. Esto es una clara y abierta violación a la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa.
El Presidente de Nicaragua aprovechó la celebración del primero de mayo para ofrecer un discurso histriónico en el que se presenta a sí mismo como el superhombre que tiene en sus manos todas las soluciones a los problemas de los nicaragüenses. Al mejor estilo castrista y chavista, regañó públicamente a su ministro de Hacienda y Crédito Público, estableciendo con él un diálogo propio de una escena de teatro callejero en el que dejaba sentada su autoridad caudillista. Por su parte, el ministro, de manera sumisa y admitiendo su falta de visión, se comprometió ahí mismo a reunirse con los diferentes gremios de trabajadores a una hora específica del día siguiente y darles una respuesta satisfactoria.
El comportamiento del presidente Daniel Ortega no transmite la imagen de un estadista ni de una cultura de respeto a la institucionalidad y a las leyes, cual es una condición indispensable para la paz social y el progreso. Es sólo un dictador.
