Para los nicaragüenses, el nuevo año 2007 comienza con la expectativa y la expectación que produce la inminente inauguración de un nuevo gobierno, el cual será supuestamente de signo ideológico y propósitos gubernamentales opuestos a los que gobernaron durante los últimos 16 años.
En efecto, para el 38 por ciento de los electores del 5 de noviembre pasado — o sea los ciudadanos que votaron por Daniel Ortega Saavedra, los cuales representan más o menos a una porción igual (38 por ciento) de toda la población nicaragüense— el advenimiento del nuevo gobierno sandinista de Daniel Ortega es sin duda motivo de gran alegría, de muchas esperanzas y de una fuerte convicción en la idea de que sus anhelos personales, políticos, económicos, sociales y culturales ahora sí se podrán convertir en realidad.
Para otra importante parte de la población, que es la que votó al PLC y que sigue al caudillo liberal Arnoldo Alemán Lacayo, la instalación y ejercicio del nuevo gobierno sandinista no es motivo para preocuparse; primero porque el pacto para compartir el poder que hicieron Alemán y el PLC con Ortega y el FSLN, les garantiza mantener su cómoda situación que significa ante todo disfrutar juntos el botín del Estado; y segundo porque Alemán y el PLC, como reacción a la política anticorrupción de EE.UU. han virado hacia la izquierda y el antiimperialismo yanqui de principios del siglo XX y se han acercado bastante al sandinismo, tanto política como ideológicamente.
Un tercer segmento de electores y de la población de Nicaragua, que fue el que en la campaña electoral y en las votaciones del 5 de noviembre se pronunció de manera expresa contra el pactismo y el populismo autoritario del FSLN y el PLC, espera la gestión del nuevo gobierno sandinista con una mezcla de sentimientos: Por un lado de temor y angustia ante la posibilidad de regresar al pasado, y por otra parte de esperanza en que la situación no empeorará de manera brusca ni volverá a ser tan peor como en los aciagos años de 1979 a 1990.
Es lógico que esta gente albergue ese doble sentimiento, pues son personas que no quieren repetir las experiencias desastrosas y dolorosas del anterior régimen sandinista. Pero aunque esta parte de la población prefería un gobierno genuinamente democrático y completamente distinto al de Daniel Ortega y al que ofreció el PLC —y por eso apoyó y votó a los candidatos de ALN-PC y del MRS—, no le queda más remedio que resignarse a la nueva situación creada por la voluntad de quienes votaron al FSLN y el PLC; y esperar que gracias a las nuevas circunstancias imperantes ahora en Nicaragua y en el mundo, el nuevo gobierno de Daniel Ortega va a respetar la libertad y la democracia, la propiedad privada y la economía de mercado, tal como él mismo ofreció para ganar las elecciones y lo ha prometido después para ganarse la confianza de los empresarios e inversionistas nacionales y extranjeros.
En realidad, a pesar de que Daniel Ortega fue elegido por sólo el 38 por ciento de la población que forman los militantes y simpatizantes sandinistas, el líder del FSLN no debe gobernar sólo para ellos, y aunque quisiera hacerlo probablemente no podría. Pero, además, Ortega tampoco debe gobernar únicamente para los sandinistas y sus asociados en el pacto: los liberales de Arnoldo Alemán y el PLC.
A nuestro juicio ahora ya no es posible dividir a los nicaragüenses, de manera artificial y odiosa , en dos bandos enemigos —y gobernar sólo para uno de ellos— como se hizo en el período de 1979 a 1990, durante el primer régimen sandinista: revolucionarios y contrarrevolucionarios, progresistas y reaccionarios, patriotas y vendepatria, antiimperialistas y proimperialistas, burgueses y proletarios, buenos y malos; nicaragüenses con todos los derechos y gusanos sin derecho a nada que debían estar en la cárcel o huyendo del país.
Daniel Ortega tiene ahora la responsabilidad y la obligación de gobernar para todos los nicaragüenses, tanto para los que votaron por él como para quienes lo hicieron por otras opciones políticas y electorales, incluso contra él. Y sobre todo tiene que respetar las sagradas libertades y derechos individuales , políticos y sociales de todos los nicaragüenses, no sólo los de sus partidarios sandinistas y sus socios liberales del PLC.
