La responsabilidad de ALN-PC

La Alianza Liberal Nicaragüense-Partido Conservador (ALN-PC) representó en la reciente campaña electoral la esperanza de derrotar al pactismo autoritario y corrupto del FSLN-PLC. En realidad, independientemente de los lastres que por múltiples razones arrastró durante la campaña electoral, la ALN-PC ofrecía no una forma ideal de administrar el Estado y conducir el frágil sistema democrático nicaragüense, pero sí algo mucho mejor que el continuismo pactista del PLC y el FSLN.

Lamentablemente, la votación que obtuvo la ALN-PC —29 por ciento en la elección presidencial y 26 por ciento en la de diputados— no fue suficiente para derrotar al FSLN, que ganó la elecciones presidenciales con el 38 por ciento de los votos gracias al regalo que le hicieron Arnoldo Alemán y el PLC, de bajar el umbral electoral hasta el 35 por ciento precisamente con el propósito de facilitarle al líder sandinista el regreso al poder presidencial de la república.

Pero 29 por ciento de votos para Presidente y 24 por ciento para diputados, es una base formidable de apoyo, la cual, si ALN-PC no la desperdicia con una mala política de oposición, podría ser la plataforma de lanzamiento para alcanzar el triunfo en las elecciones municipales del 2008, en las regionales de la Costa Atlántica en el 2010 y en los comicios nacionales del primer domingo de noviembre del año 2011. Incluso, la ALN-PC podría proponerse como meta ganar en las elecciones del 2011 no sólo la mayoría de los escaños de la Asamblea Nacional, sino alcanzar los dos tercios del total de diputados —en alianza con el MRS, que también tiene la obligación de mejorar sustantivamente en los siguientes comicios—, que son indispensables para poder reformar a fondo la Constitución y expulsar del templo de la república a los mercaderes pactistas que la han convertido en un antro de mercantilismo y corrupción.

Sin embargo, para conservar y potenciar el respaldo popular que tuvo en las elecciones de noviembre pasado, y perfilarse como la fuerza ganadora y renovadora del 2011, la ALN-PC tiene que conducirse de manera cuidadosa, responsable y, ante todo, ética y transparente. Por ejemplo, la ALN-PC no debería involucrarse en las negociaciones de los pactistas libero-sandinistas para repartirse los cargos directivos de la Asamblea Nacional y, “en combo”, los jugosos cargos que están o podrían estar disponibles en la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía, los entes reguladores, etc.

A la ALN-PC le corresponde por derecho propio, —como segunda fuerza presidencial y tercera parlamentaria que es—, de acuerdo con los principios constitucionales y estatutarios del pluralismo político y la proporcionalidad electoral, ocupar la primera vicepresidencia o la primera secretaría y otro cargo más en la junta directiva de la Asamblea Nacional que se debe elegir el próximo nueve de enero. Pero si los pactistas quieren condicionarle lo que por derecho propio le corresponde, y convertirlo en socio minoritario de la repartición del botín estatal, ALN-PC debería quedarse y mantenerse en la llanura , dentro y fuera de los muros parlamentarios, y con una política de oposición constructiva pero honesta honrar la confianza que le brindó la ciudadanía que votó por ella en los comicios de noviembre pasado.

Sin duda que deben ser muchas y muy insidiosas, las tentaciones de ocupar cargos jugosamente remunerados en el Estado y de conseguirlos por medio de negociaciones pactistas con el FSLN y/o el PLC. Pero si la ALN-PC no quiere convertirse en uno más de los partidos pactistas, si desea realmente ir a las siguientes elecciones con dignidad y presentarle a la población credenciales limpias, tiene que vencer esas tentaciones que probablemente estén merodeando en la mente de algunos o muchos de sus miembros.

Las negociaciones y los acuerdos parlamentarios y políticos en general son mecanismos propios e indispensables de la democracia, a los que ningún demócrata puede ni debe renunciar. Pero en todo caso deben ser negociaciones transparentes y acuerdos limpios sobre asuntos de interés popular y nacional —proyectos de desarrollo, leyes sociales, fortalecimiento de la democracia y la participación ciudadana, etc.—, de ninguna manera componendas pactistas para repartirse el botín del Estado.

Estamos claros de que la política no es un oficio para Hermanitas de la Caridad, pero se debe practicar con un mínimo de dignidad y decencia, como lo reclama a gritos la precaria democracia nicaragüense.

Editorial
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