En un breve pero incisivo escrito titulado “¿Deben los intelectuales meterse en política?”, el semiólogo y novelista italiano Humberto Eco, cuyas columnas se publican regularmente en LA PRENSA, expresa su entendimiento del papel político del intelectual y, tomando a Sócrates como ilustración, dice que aquel eminente filósofo griego de la antigüedad “desempeña su papel criticando a la ciudad en la que vive y, después, acepta ser condenado a muerte para enseñar a la gente a respetar las leyes. El intelectual en el que pienso tiene también ese deber: no debe hablar contra los enemigos de su grupo, sino contra su grupo. Debe ser la conciencia crítica de su grupo. Romper las convenciones. De hecho, en los casos más radicales, cuando un grupo llega al poder por medio de una revolución, el intelectual es el primero en ser guillotinado o fusilado”.
Para Eco, el intelectual que participa en la política debe ser un crítico permanente de su partido y pagar el precio que sea para ser fiel a sus principios y mantener su integridad. Visto de manera realista, entonces, el intelectual “econiano” no es un espécimen común ni popular, sobre todo, en los partidos políticos donde prevalece la corrupción. Y no es que los partidos carezcan de intelectuales, sino que son, en palabras de Eco, “intelectuales del régimen”.
El tema de la integridad política de los intelectuales es relevante en nuestro medio, sobre todo ante eventos éticamente escandalosos como el hecho de legislar en beneficio e interés propio. En efecto, algunos artículos de la recién aprobada Ley Orgánica de la Asamblea Nacional contienen disposiciones que favorecen a los mismos legisladores en detrimento de los intereses del pueblo que ellos supuestamente representan. Por ejemplo, la Ley 257 vuelve a permitir a los diputados la introducción de dos vehículos libres de impuestos en un período de cinco años. Según cálculos expresados recientemente por el Director General de Aduanas, señor Rudy Gutiérrez, dichas “libres” le costarían al país unos 45 millones de córdobas, equivalentes a poco menos de la mitad del presupuesto de la Empresa Nacional de Acueductos y Alcantarillados (Enacal). La reintroducción de dichas libres es una doble inmoralidad porque habían sido eliminadas precisamente por el reconocimiento explícito de que son un abuso y se usan para cometer abusos. Pero, además, los diputados no se autorizan un vehículo para cinco años, que sería lo menos vergonzoso, sino dos. ¿Bajo qué lógica? Toda persona con un elemental conocimiento del tema sabe que un vehículo nuevo y de buena calidad tiene un rendimiento de cinco años como mínimo sin dar problemas. Sin embargo, los diputados piensan comprar un vehículo nuevo, libre de impuestos, cada dos años y medio.
La inmoralidad radica, asimismo, en que los diputados no consideran la pobreza extrema en que viven muchos de los nicaragüenses que dejarán de recibir algún tipo de beneficio social para que ellos estrenen carro cada treinta meses. El sentido común más elemental dicta que esta disposición es abusiva e incoherente con la situación económica del país y con la función de los diputados de defender los intereses de sus electores. Y, con todo, en la Asamblea Nacional no se oyeron voces que representaran la conciencia crítica de ese poder del Estado. Y, aunque el presidente Enrique Bolaños vetara —como esperamos que lo haga— dicha ley, o al menos las disposiciones abusivas que contiene y aunque los diputados la modificaran y se recetaran una libre en vez de dos, la naturaleza inmoral de la misma seguiría ahí porque los diputados son funcionarios públicos que gozan de salarios también inmoralmente altos, así como de un sinnúmero de privilegios adicionales como gasolina, viáticos, etc. que les permiten sin ninguna dificultad, pagar —como cualquier ciudadano con menos recursos económicos— el valor de su automóvil al crédito.
Lamentablemente en Nicaragua prevalece la cultura de la corrupción y del prebendarismo que al final son los factores determinantes de una buena parte de las decisiones “políticas” del Poder Legislativo. Pero hay que poner un alto a la arbitrariedad y al abuso de los legisladores. Para lo cual se necesitan hombres y mujeres de honor, que sean la conciencia crítica de su gremio y de toda la sociedad. No puede ser que no los haya.
