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El imperio de la ley
Aristóteles decía: “No hay orden concebible fuera de la ley”. Herodoto, por su parte, representaba el ideal político de los griegos por medio de la frase: “No tenemos más amo que la ley”.
Los griegos tenían razón porque donde no hay ley hay caos o hay tiranía. Sin un cuerpo de normas que regule el comportamiento de la sociedad, prevalece la voluntad del más fuerte y nadie sabe a qué atenerse. La seguridad y la estabilidad son imposibles. Pitágoras y Heráclito enfatizan en su reflexión filosófica la lucha contra la anarquía y la legitimación de la ley. Ellos perciben que una sociedad sin leyes tiende a autodestruirse.
No es por una simple casualidad que la primera medida para la formación de lo que llegaría a ser la nación de Israel después de su liberación de Egipto, fuera el otorgamiento de los diez mandamientos o Decálogo, equivalente a la Constitución Política de los Estados modernos. Los israelitas sienten un profundo agradecimiento y veneración por la ley mosaica. Ella les mantuvo cohesionados como pueblo y les dio una identidad propia.
La ley representa un orden ante el cual todos deben someterse. Hasta en los sistemas monárquicos, el rey debe ser respetuoso del orden jurídico. La norma jurídica viene a sustituir a la diké o sentencia ocasional y fragmentaria sobre algún asunto.
Pero a pesar de la importancia innegable que tienen las leyes, éstas en sí mismas no son suficientes para producir justicia, paz y bienestar social. Se necesita asimismo que los hombres encargados de crearlas y de hacerlas cumplir (legisladores, policías, jueces y magistrados) sean personas virtuosas y dispuestas a deponer sus propios intereses y servir a los de toda la sociedad que representan.
Por otro lado, la corrupción de los funcionarios públicos es un mal gravísimo porque la sociedad deposita en ellos su confianza y la salvaguarda de sus derechos y de sus bienes. La corrupción produce incertidumbre, inseguridad, inestabilidad y desconfianza en el sistema. Asimismo, cuando las leyes se hacen pensando en intereses políticos partidarios o en el interés de ciertos individuos o sectores sociales y políticos, el imperio de la ley como concepto social deja de existir.
Un ejemplo claro de una ley que a todas luces está contaminada por intereses partidarios es el proyecto de Ley de Costas que aguarda su discusión y aprobación en la Asamblea Nacional. Tal como ha sido redactado, este proyecto de ley, por un lado, irrespeta los derechos de muchos ciudadanos que han adquirido propiedades cerca de la costa. El artículo 44 de la Constitución Política de Nicaragua, reformado por la ley No. 192 de 1995, dice en su primera parte: “Se garantiza el derecho de propiedad privada de los bienes muebles e inmuebles, de los instrumentos y medios de producción”. El mismo artículo dice en su parte final: “Se prohíbe la confiscación de bienes”. De aprobarse en su estado actual, la ley de costas vendría a ser un tipo de confiscación velada y por lo tanto, sería inconstitucional. Por otro lado, los alcaldes reciben potestades muy amplias para decidir sobre el uso de estas propiedades y la ley deja las puertas abiertas a la corrupción en forma de concesiones, amiguismos o como un medio para conseguir apoyo político.
El analista político mexicano, Ricardo Medina, escribió en un artículo recientemente publicado en LA PRENSA, que “el respeto a los derechos de propiedad no sólo es indispensable para que una economía sea próspera sino que también está en la raíz del respeto a la inviolabilidad de la persona”. En efecto, cuando una persona es despojada de lo que es suyo a través de un subterfugio legal o por cualquier otro medio, su persona es violada porque la propiedad de cada individuo tiene un valor personal inmaterial, sentimental, familiar.
Las personas que han estado y están legítimamente en posesión de terrenos, fincas, casas o negocios cerca de las playas, se sienten amenazadas material y personalmente por ese proyecto de ley de costas. Los legisladores deben crear estabilidad y seguridad, no todo lo contrario. Una legislación que garantice el bien individual y colectivo y el respeto a los derechos adquiridos es la única garantía de una vida política sana, de la estabilidad social y de un desarrollo económico sostenido.
