Ana María Ch. de Holmann
En estos momentos estamos en la antesala de dar paso a una ley que es como una espada que cercenaría el naciente turismo en Nicaragua y daría una nueva estocada a la propiedad privada. Es una iniciativa de ley que ya fue dictaminada y está lista para ser discutida y aprobada en el plenario de la Asamblea Nacional. Me refiero a la Ley de Costas, que sería aprobada sin tomar en cuenta las graves consecuencias de atraso y retroceso que tendría su aplicación para el desarrollo que se ha venido alcanzando, ya que al aplicarse agravaría el complejo problema de la propiedad privada y, como consecuencia, afectaría la inversión extranjera y nacional en el turismo, que es ahora nuestra primera fuente de ingresos.
Esta Ley, tal como ha sido dictaminada, no es muy conocida por la ciudadanía y a simple vista pareciera que solamente gravaría a una minoría: los dueños de terrenos en las playas. Mas no es así, dañaría a un amplio sector, incluyendo el agrícola y ganadero, ya que una mayoría de propietarios de finca con ríos, costas lacustres, lagunas e islas serían despojados de franjas de terrenos en las que hoy existen potreros o terrenos agrícolas y estarían sujetos a la “concesión” del uso de estos suelos por parte del Alcalde del municipio correspondiente, o por cualquier delegado de éste. Todo esto cambiaría si se hiciera otro dictamen que fuese justo y razonable, que ordenara tanto el uso de estos recursos naturales para los propietarios como para la recreación en las playas marítimas, riberas de los ríos y lagunas sin interrumpir ni dañar los proyectos agrícolas y turísticos, los que son una verdadera promesa para el futuro económico de Nicaragua, ofreciendo al país trabajo para muchos y progreso para todos.
Lo urgente en estos momentos es evitar que se apruebe esta Ley de Costas mientras no se estudien y analicen detenidamente los puntos que contiene y las consecuencias que van a surgir de ser aprobada tal y como está. Además, se debería estudiar la experiencia de otros países en los que existen leyes similares, como por ejemplo la Ley de Zonas Marítimo Terrestres que rige en Costa Rica la que duró 20 años en estudio y que ahora ha dado excelentes resultados con beneficios para todos sin dañar la propiedad privada, facilitando a los inversionistas extranjeros y nacionales, creando múltiples empleos, un debido uso a los recursos naturales y a la recreación del público en las playas creando ingresos a ese país, sólo por concepto de turismo, por más de 1,100 millones de dólares anuales, mientras que en Nicaragua, el año pasado, a duras penas solamente alcanzamos cerca de 800 millones de dólares de ingresos anuales totales.
Lo mismo se experimentó en España, creando el rubro del Turismo con su debida ley ordenatoria, ayudando a levantar la economía española que fue destruida física y moralmente por la Guerra Civil que minó profundamente a esa nación.
Todo lo contrario pasaría en Nicaragua al aprobar esta Ley de Costas sorpresivamente, pues en sólo la entrada detendría más de 350 millones de dólares en inversión turística que están listos para ser ejecutados en las áreas que serían afectadas.
Existe en el dictamen una errónea interpretación de la Ley Agraria de 1917, con la que se pretende interpretar que el Estado es dueño de una franja de terreno de 2,000 metros a partir de la marca de agua más alta, y que con la Ley de Costas ahora propuesta se reduciría esta zona. Pero la verdad es que dicha Ley Agraria no era arbitraria en contra de los propietarios de los terrenos adyacentes a las costas. Al contrario, reforzaba los derechos de propiedad adquiridos hasta el momento y por otro lado estaba hecha para establecer que no se podían vender o enajenar los terrenos baldíos en propiedad del Estado, después de publicarse la Ley.
Contrario a la lógica, la Ley de Costas que se pretende aprobar arbitrariamente no respeta los derechos de propiedad adquiridos, y concede a los alcaldes la potestad de actuar a su arbitrio y discernimiento para otorgar las futuras concesiones de uso de los terrenos en las zonas costeras. Situación que pareciera normal, pero que resulta peligrosa cuando vemos, por ejemplo, cómo se ha venido dando el mal uso de este “derecho” en municipios como San Juan del Sur, donde en las últimas administraciones los alcaldes se dedicaron a donar, compartir y a repartir como tajadas de queque no sólo los terrenos propiedad de la comuna que se encontraban lejos de la playa, sino también los trozos de costas frente al mar, para “casetas”, “ramadas” o “caramancheles”, sin pedir ningún requisito estético, de salubridad y haciendo caso omiso a las leyes ambientales; no sólo evitando que éstas fueran construidas encima del malecón sino que “donando” para un negocio particular, el único gran espacio, como terraza de éste que quedaba libre y arbitrariamente impidiendo el derecho de los demás ciudadanos al acceso a disfrutar de las playas, los paisajes y la brisa.
Creo que definitivamente debe haber una ley que regule el uso y disfrute de las zonas costeras, pero no a costa de atentar contra el derecho sagrado de la propiedad privada. Creo que esta ley debe protegernos contra los abusos de particulares y de servidores públicos. Creo que esta l ey debe ser prepositiva y estar enfocada a la promoción de las inversiones y la creación de riquezas para la nación, al contrario de lo que vemos en la iniciativa que fue dictaminada: una espada de Damocles amenazante sobre la propiedad, la inversión, el progreso, el bienestar y la naciente industria turística de nuestro país.
Espero que en el plenario de la Asamblea Nacional se detenga el paso de esta ley, como está dictaminada, y que sea debidamente analizada y cambiada para que tenga un resultado positivo para la gran mayoría de la población, sobre todo en medio del respeto, la justicia para la convivencia que es el bienestar de todos los nicaragüenses y que con ello obtengamos el pronto desarrollo y progreso de nuestro país.
