Roman, Times, serif»>
La crisis del sistema judicial
En los últimos días se han dado algunos hechos que de nuevo cuestionan la credibilidad del sistema judicial de Nicaragua. Por un lado, la Sala Civil I del Tribunal de Apelaciones de Managua, amparó el miércoles 23 de noviembre corriente a Herty Lewites, de una eventual resolución en su contra por parte de la Contraloría.
El ex alcalde sandinista de Managua ofreció declaraciones optimistas (e ingenuas) con respecto a los efectos de la recepción de su recurso. Dijo que dada la cantidad de recursos pendientes era improbable que la Corte tuviera tiempo para pronunciarse sobre el suyo y dio por sentado que el camino a su nominación en las elecciones presidenciales del próximo año estaba despejado.
Las declaraciones de Lewites recuerdan la ingenuidad del general Sandino ante las palabras y promesas del general Somoza, en la Loma de Tiscapa, poco antes de ser asesinado. Por ejemplo, dijo que en vista del escándalo que sacude a la Corte Suprema de Justicia por los 609 mil narcodólares perdidos, “no se atreverían a hacerle alguna patraña”. Sin embargo, dos días después la Corte ya tenía una resolución sobre el amparo otorgado a Lewites por el respectivo Tribunal de Apelaciones declarándolo improcedente.
El magistrado Francisco Rosales dijo al respecto que la celeridad del fallo se debió a que este caso tiene más importancia “desde el punto de vista político”. En una entrevista ofrecida en un noticiero televisivo el lunes por la mañana, dijo en este mismo sentido, que a ellos (los magistrados) les aplican el “síndrome de la gata angora: si arañás, malo, si no arañás, malo”, en alusión a un chiste popular obsceno pero refiriéndose a que las censuras contra la Corte por la celeridad de esta decisión son antojadizas y carentes de fundamento. Esto, a pesar de que hay 900 recursos en la Corte que esperan resolución y de que ellos, como Corte, no se han pronunciado todavía sobre un caso políticamente más escandaloso como es la pérdida de 609 mil dólares conectados con el narcotráfico en el que al menos un magistrado está claramente involucrado.
Por otro lado, la semana pasada el también aspirante presidencial, y disidente del PLC, Eduardo Montealegre, solicitó ante el Consejo Supremo Electoral (CSE) el cambio de nombre del Movimiento de Salvación Liberal (MSL) por el de Alianza Liberal Nicaragüense (ALN) y su emblema, lo cual le fue concedido. Luego, la Sala Civil Uno del Tribunal de Apelaciones revocó la decisión del CSE y finalmente, la Corte Suprema de Justicia falló a favor de la resolución del CSE y mantuvo firme el cambio del nombre del MSL a ALN y asimismo, lo relativo a su emblema.
Independientemente de la inocencia o culpabilidad de Herty Lewites, o de que el partido o alianza política que lidera Eduardo Montealegre tenga o no derecho al cambio de nombre y de emblema, lo que debe preocupar a la ciudadanía son dos cosas. Primero, ver cómo el sistema judicial es utilizado por los caudillos de los dos partidos mayoritarios (PLC y FSLN) como escenario de sus romances o de sus encontronazos políticos. Son los caudillos quienes deciden qué casos deben ver los magistrados y cuándo y de qué manera fallar.
Cualquiera de los magistrados puede decir lo que quiera pero ni el lenguaje abogadil ni las argucias y silogismos políticos pueden ocultar un hecho claro y meridiano como el sol del mediodía: los magistrados se han convertido en el dedo que aprieta el gatillo contra el blanco que les es indicado por sus amos y señores. Los magistrados no juzgan con independencia ni con imparcialidad los casos que les son presentados.
En segundo lugar, es preocupante, por decir lo menos, que el presidente de la CSJ, Manuel Martínez, diga que “los magistrados no pueden ser juzgados por nadie, ni siquiera por la Asamblea Nacional” ante hechos delictivos como el de la sustracción de los narcodólares. Los señores magistrados de la Corte Suprema de Justicia deben recordar que sus actuaciones —inclusive casos como la bochornosa trifulca contra los periodistas que puso en escena ayer lunes el magistrado del caso de los 609 dólares— son juzgadas por el pueblo nicaragüense y que, por lo tanto, lo que hacen hoy será recordado mañana y juzgado por la historia.
