Respuesta a un afortunado “inversionista retirado”

Noël Pallais [email protected]

El 4 de agosto se publicó un artículo sobre la Ley 530 (Políticos mal pagados) de Richard Estrada, autodenominado “inversionista retirado”. El error de su escrito es haber opinado acerca de una ley que no leyó. Su comentario sobre la candidatura de Mario Alonso al BID sólo se comprende como el regocijo típico de un resentimiento personal. Pero mi reacción se basa en falsos adjetivos calificativos que menosprecian la dignidad de los 184 funcionarios del INTA que recurrieron a ampararse contra esta ley.

Nadie en el INTA considera que su función es política, incluso el suscrito director general. Los funcionarios del INTA no “se abalanzaron o saltaron a buscar amparos para salvarse del bajonazo en sus megasalarios”. Esto insulta a los técnicos, conductores, conserjes y personal de seguridad del INTA que se ampararon, cuyos bajísimos salarios, un inversionista más afortunado que los Pellas, debe conocer.

El efecto de la Ley 530 sería reducir los salarios de todos los empleados del INTA al ser obligados a iniciar sus labores a las 8:00 a.m. y concluir a las 5:00 p.m., perdiendo su derecho al transporte y al viático que la institución proporciona. Las regulaciones al uso de vehículos del Estado proporcionaron la mayor motivación para que nuestros técnicos se ampararan contra la Ley 530, pues esto paralizaría nuestro trabajo en el campo.

En cuanto al comentario “pobrecitos mal pagados”, doy el beneficio de la duda que su intención era referirse al salario del Director General del INTA. Me parece sospechoso ver a personas ahora rasgándose las vestiduras sobre este tema. ¿Cómo explican su silencio antes del 2002 los que hoy critican los “salarios” del gabinete de Gobierno de don Enrique? ¿Dónde estaban antes cuando los salarios de los ministros eran mucho más altos? ¿Por qué no aplaudieron cuando don Enrique ordenó rebajar el sueldo a todo su gabinete?

Reconozco que el señor Estrada y yo nos parecemos en cuanto a que gracias a Dios hemos vivido sin muchas dificultades. La diferencia es que en mi caso, en vez de invertir para lograr un retiro temprano, me dediqué a prepararme para competir al cargo de Director General del INTA. Después de obtener mi Licenciatura en Administración de Empresas en la Universidad de Notre Dame, trabajé para obtener tres másteres en Ciencias relacionadas con la agricultura (riego y drenaje, horticultura, pomología) en la Universidad de California en Davis. Después de obtener el doctorado en Fisiología Vegetal en la Universidad de Arkansas, trabajé durante 18 años como científico principal en el Centro Internacional de la Papa.

Un aspecto de esta ley incompatible con el INTA es el efecto que tendría en el personal que necesitamos, pues prohíbe salarios mayores de 2,380 dólares. Habría que reducir el sueldo de funcionarios e impedir la posibilidad de avanzar en su carrera a funcionarios de nivel medio. Lo más importante es que para poder trabajar en el desarrollo de tecnologías científicas es sine qua non invertir mucho dinero en la debida preparación del personal técnico. Los científicos hacen ciencia por el amor al arte, pero el mercado valora una buena preparación científica y es irrisorio el techo que sugiere la Ley 530.

El afortunado inversionista nos reta a probarle que podemos ganar mejor fuera del Gobierno. Acepto su reto, si él decide aceptar el mío. Renuncio el día que él quiera, y si en menos de dos meses no estoy contratado ganando por lo menos el triple de lo que la Ley 530 pretende para el cargo que ostento, le entrego en efectivo la totalidad de mi sueldo mensual. De lo contrario, él tendría que hacer una donación al INTA —pequeña para un afortunado “inversionista retirado”— suficiente para becar a cuatro de los mejores estudiantes de las universidades agrarias nicaragüenses para que puedan prepararse en las mejores universidades del mundo y regresen a trabajar en el INTA con el salario necesario para que ellos se comprometan a trabajar por un mínimo de diez años.

Señor Estrada: ¡Ponga su dinero donde puso su desinformada pluma!

El autor es Director General del INTA.

Editorial
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