Humberto Belli Pereira [email protected]
The Times de Londres, periódico con una sección especializada en la educación superior, elaboró una lista de las mejores universidades del mundo, labor para la cual sondeó los criterios de 1,300 académicos que incluían a 300 latinoamericanos. Los resultados, en opinión del columnista internacional Andrés Oppenheimer, deberían haber conmocionado América Latina ya que las universidades de la región quedaron entre las peores del mundo.
En la lista de las 200 mejores universidades, publicada en marzo, apareció sólo una de América Latina, la UNAM de México, pero ocupando el lugar 195, es decir, casi en la cola. En el listado posterior de las 500 mejores sólo aparecieron 14 latinoamericanas. Las universidades de Estados Unidos fueron las que recibieron las mejores calificaciones. 86 de ellas aparecieron entre las primeras 200 y 11 de ellas entre las primeras 20. Las restantes 9 se distribuyeron entre Europa, Australia, Japón, India e Israel.
Como era de esperarse, algunos voceros de las casas de estudio regionales han cuestionado la validez del estudio, a pesar de que éste coincide con las conclusiones de otro similar realizado antes por la universidad de Shangai. Negar realidades incómodas ha sido un síndrome muy común de nuestra cultura. En palabras del intelectual francés Jean Francois Revel, la civilización latinoamericana ha sufrido de una crónica incapacidad para la autocrítica. Ésta es una propensión desafortunada pues lleva a congelar la voluntad de cambio.
Nuestros sistemas de educación superior sólo podrán mejorar cuando sus líderes superen las actitudes defensivas y se atrevan a indagar los factores que han contribuido al éxito de los mejores. Hoy, que estamos en vísperas de concluir en Nicaragua el foro educativo, es un momento oportuno para explorar algunas políticas que han dado buenos frutos en otras latitudes y que con las debidas adaptaciones podrían mejorar dramáticamente nuestras universidades.
Para Jeffrey Puryear, experto en educación y director de PREAL (Programa de Promoción de la Reforma Educativa en América Latina) un factor clave para mejorar la educación superior en la región es modernizar los mecanismos de financiamiento y comenzar a cobrar a los alumnos.
Para Puryear, el resultado desastroso de la encuesta del The Times es resultado natural del sistema anticuado que impera en la educación superior de nuestra región. “En América Latina la mayoría de las universidades son públicas y financiadas directamente por gobiernos que no tienen muchas exigencias en materia de control de calidad. No existen normas de evaluación serias y éstas son resistidas por las universidades”.
La alternativa sería introducir algunos de los mecanismos que utilizan los países más exitosos. Para Puryear el primero es redirigir el financiamiento hacia los estudiantes. “En lugar de darle el dinero a las universidades, los gobiernos de América Latina deberían darle el dinero a los estudiantes, y hacer que ellos elijan a qué universidad ir, eso crearía una competencia entre las universidades para atraer estudiantes. Ahora, esa competencia no existe”.
El segundo es cobrar a los estudiantes. Es más fácil enfrentar los costos más altos de la educación superior cuando los recursos públicos se complementan con los privados. Las universidades públicas chilenas, las cuales gozan de una relativa buena reputación, cobran a sus alumnos más que las universidades privadas. ¿Cómo se evita entonces que los más pobres se queden afuera? Prestándoles a bajas tasas de interés y a largo plazo. Al graduarse la mayoría de los estudiantes mejorarán significativamente sus ingresos y podrán pagar sus préstamos fortaleciendo a su vez el financiamiento del sistema. Si los graduados no lo pueden hacer es señal de que las universidades son disfuncionales: No sirven o están graduando profesionales que el país no necesita.
El tercer mecanismo es el establecimiento de un sistema de acreditación independiente, que establezca unos parámetros o estándares de calidad mínimos que toda universidad ha de satisfacer a fin de poder expedir títulos y gozar de financiamiento público. Las universidades han de estar abiertas al escrutinio público y deben rendir periódicamente cuentas de su desempeño.
Reformas como las aquí sugeridas requerirían cambiar la actual Ley 89, que consagra el actual sistema de la educación superior nicaragüense, y abrirse a formas de pensar y actuar muy distintas. No hacerlo será seguir cosechando lo que ya sabemos; mediocridad educativa, desempleo de los graduados, y morterazos e incendios periódicos para demandar más dinero a favor de un proyecto fallido. Hacerlo sería abrir horizontes insospechados a nuestra juventud, mejoraría notablemente la competitividad de nuestros recursos humanos, y daría un gran empuje al desarrollo del país.
El autor es rector de Ave Maria College of the Americas.
