Luis Humberto Guzmán
Cuando han transcurrido quince años desde la inauguración del gobierno de la presidenta Violeta Chamorro, la instauración de la mayoría parlamentaria de la UNO en la Asamblea Nacional y el paso del Frente Sandinista a la oposición, es oportuno preguntarse cuál es el saldo que arroja la transición política, cuáles son sus resultados.
La situación de la política en Nicaragua es paradójica. Durante los últimos cien años de nuestra historia los únicos problemas resueltos por la sociedad son de naturaleza política: democracia electoral, vigencia de libertades públicas, protección de los Derechos Humanos básicos, surgimiento de Ejército y Policía nacionales, como entidades apartidistas, dispersión del poder, pero de otro lado, según las encuestas de opinión pública la ciudadanía desconfía de todos los poderes del Estado, repudia la política y se declara desencantada de todo liderazgo nacional empezando por el propio Presidente de la República. Cabe preguntarse cómo se explica tanto desafecto de la política cuando los únicos logros relevantes de la sociedad nicaragüense en el último siglo precisamente se deban a la política.
Posiblemente la respuesta se encuentre en que pesa más la agenda pendiente que el inventario de los logros pasados. Pero además hay que decir que la sociedad nicaragüense ha evolucionado considerablemente durante los últimos treinta años. Uno de los cambios más relevantes es el cambio de perspectiva para analizar el Estado. Bajo la dictadura somocista se perseguía la democracia como un garante de la libertad, no como un régimen político creador de políticas públicas que satisfaga las necesidades fundamentales de la población. Las expectativas de la sociedad nicaragüense en 1979 eran modestas: mejor que Somoza cualquier cosa. Veinticinco años después la población no se resigna con cualquier cosa, y lo logros políticos le resultan insuficientes.
Ahora la población exige un régimen político capaz de satisfacer sus demandas materiales y de dignidad personal. Precisamente es en esta área en donde el liderazgo nacional de los últimos treinta años ha fracasado. La historia del producto interno bruto en Nicaragua así lo enseña, según fuentes del Banco Mundial el PIB per cápita más alto que hemos alcanzado desde 1960, ocurrió en 1975 con 971 dólar, durante el gobierno sandinista el PIB per cápita más alto se alcanzó en 1985 con 595 dólares, en 1990 era sólo de 447 dólares, cinco años después el PIB era de 416, y en el año 2000 alcanzó los 466, a ese dato del PIB se puede agregar la creciente concentración de la riqueza, en los años setenta el 20 por ciento de los más ricos en Nicaragua acaparaba el 60 por ciento de la riqueza nacional, en 1998 el 10 por ciento de los más ricos acaparan el 50 por ciento de la riqueza del país. Claramente se puede advertir un fenómeno de empobrecimiento para las mayorías nacionales y de concentración de la riqueza.
Esa situación resulta claramente intolerable para una población que ha crecido en conciencia social y ha elevado sus expectativas reclamando al régimen político no sólo democracia electoral y libertades, sino también inclusión social, dignidad y esperanza.
En estas condiciones el saldo de la transición engañosamente podría parecer irrelevante, como un triunfo pírrico, sin embargo la construcción de un régimen político que asegure también justicia social sólo se puede construir a partir de la democracia electoral y las libertades públicas. El saldo de la transición en términos políticos es altamente positivo y constituye una sólida base para avanzar hacia la justicia social.
Desde luego las instituciones políticas son mejorables, los poderes del Estado pueden mejorar la calidad de su funcionamiento y los ciudadanos tienen todo el derecho a exigir cotidianamente que así sea, a que se combata la corrupción, que haya austeridad y exigir competencia política y profesional a sus líderes, sin embargo debemos cuidarnos de que nuestras exigencias y críticas no nos conduzcan a repudiar el régimen político que ahora tenemos, para que no nos ocurra lo que a los socialistas chilenos durante la dictadura de Pinochet, que según las palabras de Eduardo Frei “recorrieron el mundo llorando por una democracia que vilipendiaron”.
El autor fue presidente de la Asamblea Nacional.
