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Diputados evasores
Ahora resulta que los diputados, quienes por medio de la “ley Arce” contra la libertad de expresión y de prensa quieren castigar con cargas fiscales extraordinarias a los medios de comunicación social independientes porque dicen la verdad y denuncian la corrupción; y que nos han acusado falsamente de no pagar impuestos a pesar de que el Gobierno les dio la documentación que demuestra que los pagamos correctamente, han quedado al desnudo públicamente como evasores.
En efecto, la Dirección General de Impuestos (DGI) le ha puesto reparos fiscales a la Asamblea Nacional y está ampliando indagaciones sobre “un número no determinado de diputados (que) no ha pagado impuestos por los ingresos que reciben de otras fuentes, adicionales al salario que tienen como legisladores”, sueldo que, además, se lo aumentaron recientemente mientras ordenaron bajar los de los funcionarios de los otros poderes públicos, a pesar de que los legisladores son los que menos trabajan en el Estado.
De manera que los acusadores han devenido en acusados. Quienes acosan a la empresa privada con nuevas y más altas cargas tributarias y quieren aplicar el terrorismo impositivo contra la prensa libre, están en el banquillo de los acusados.
El evasor es alguien que evade total o parcialmente el pago de los impuestos que está obligado a pagar, el que se vale de artimañas —y en el caso de los diputados, del abuso de poder—, para no pagarlos. Y al ser descubierto y señalado por la autoridad tributaria, se convierte en defraudador fiscal que debe rendir cuentas ante la justicia penal.
Los delitos de evasión y defraudación fiscal son de extrema gravedad. Inclusive, en algunos países se ha dado el caso de personajes corruptos muy habilidosos, a los cuales no se les podía probar sus crímenes, pero finalmente fueron atrapados y condenados por evadir el pago de impuestos. Tal fue el caso del célebre mafioso Al Capone.
En Nicaragua algunos políticos prominentes se amparan en la impunidad que les garantiza un sistema judicial corrupto establecido por ellos mismos, no sólo para enriquecerse velozmente sino también para evadir el pago de impuestos. Pero a pesar de eso la DGI no debe aflojar la presión sobre los diputados evasores, y la opinión pública tampoco debe permitir que sigan eludiendo el pago de sus deberes, además de que se debe advertir a la población que nunca más vote por ellos.
El Gobierno es el que maneja los fondos públicos, por medio del Ministerio de Hacienda, y debe descontar de las asignaciones presupuestarias que le corresponden a la Asamblea Nacional la deuda que ésta tiene con la DGI. Los funcionarios de Hacienda y DGI no deben temer a las amenazas de los diputados. Éstos nada les pueden hacer si son obligados a pagar lo que le deben al fisco, es decir, al Estado, a la sociedad, al pueblo, a los contribuyentes nicaragüenses.
Es cierto que los diputados cometen muchos abusos, pero no pueden hacer todo lo que quieran. Ellos no tienen autoridad sobre las fuerzas coercitivas del Estado. Ellos no mandan a la Policía —salvo a la guarnición de seguridad de la Asamblea Nacional, pero sólo para fines de protección física— ni al Ejército. Aún bajo la Constitución deformada de Nicaragua, las instituciones armadas del país se subordinan únicamente al Jefe de Estado y Jefe de Gobierno, que es el Presidente de la República.
Seguramente el presidente Enrique Bolaños no puede usar al Ejército y la Policía para defenderse de la Asamblea Nacional, la Corte Suprema de Justicia y la Contraloría, en la crisis y enfrentamiento político y jurídico de poderes que hay actualmente en el país. Si los usara para esos fines estaría propinando un golpe de Estado, que no es lo aconsejable y ni siquiera factible porque el Presidente de la República ni siquiera tiene la seguridad de que en ese caso extremo los mandos policiales y militares le obedecerían.
Pero de lo que sí puede estar seguro el Gobierno, en este caso la Presidencia de la República, el Ministerio de Hacienda y la DGI, es de que los diputados no pueden usar contra ellos a las fuerzas represivas en el caso de que los obliguen a pagar el dinero que le deben al Estado, en concepto de evasión de impuestos.
