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Crisis política prolongada
Va a costarnos caro a los nicaragüenses la confrontación provocada por la Asamblea Nacional al arrebatar ilegítimamente atribuciones constitucionales al Poder Ejecutivo. A su vez este hecho insólito causa desconcierto a la comunidad donante, porque significa romper el orden constitucional del país. Más aún, la semana pasada un grupo de congresistas norteamericanos expresaron al presidente Enrique Bolaños “su firme apoyo a los principios democráticos, a su posición constitucional y al Estado de Derecho en Nicaragua”. Es una preocupación justa porque es inoportuno causar turbulencia a un país empobrecido como Nicaragua, que está convaleciente, tanto política como económicamente, de un largo período de dictaduras y guerras civiles, y que no obstante, esas graves adversidades empieza a enseñar signos de recuperación.
Ante la crisis constitucional de Nicaragua naciones que ayudan al país consideran disminuir e incluso suspender su aporte, hasta que la confrontación de poderes desencadenada por la Asamblea Nacional se dilucide, posibilidad remota de lograr a corto plazo. La opinión pública se pregunta: ¿Por qué los caudillos enturbian las aguas si la próxima elección está a la vuelta de la esquina? Preocupa esa obsesión malsana de alcanzar al poder político a todo coste. Por otra parte, las inversiones planeadas comienzan a posponerse, mientras los ahorristas locales buscan alternativas foráneas para colocar su dinero.
Es verdad que lo típico de los países subdesarrollados ha sido su incapacidad de arreglar por sus propios medios las desavenencias políticas graves, pues carecen de instituciones imparciales, sólidas y prestigiadas. De manera que deben recurrir ya sea a la violencia, a la intermediación extranjera o a personalidades locales de prestigio. El problema es que este último expediente se ha hecho difícil al partidarizarse tales personalidades. Por otra parte, de acuerdo a la cultura política nacional, las confrontaciones entre caudillos terminan en reparticiones de cuotas de poder.
Por ello, el diálogo nacional aceptado por los dos caudillos aparece como una alternativa. Sin embargo para los caudillos es un calculado impasse, mientras aprueban las reformas constitucionales en segunda vuelta.
Después de apoderarse del control de la junta directiva de la Asamblea Nacional, con la variante de que esta vez la Presidencia la desempeñará no el partido mayoritario, como es lógico, sino el minoritario FSLN, porque el PLC en prueba de lealtad y agradecimiento se la brinda reconociendo su papel colaboracionista. Así, se presentarán ambos en la mesa de negociación, después del 15 de enero, enarbolando hechos consumados. Por lo demás la visita de Ortega con edecán religioso a El Chile, convierte al dirigente sandinista en vocero y líder del contubernio PLC-FSLN. De todas maneras, la demanda básica del PLC, que es la amnistía a su caudillo, no tiene posibilidades puesto que el Ejecutivo no puede tramitarla, pues su propia razón de ser es la anticorrupción. Y es improbable que la otorgue el FSLN, que controla el Poder Judicial, pues son cuantiosas las ventajas que el sandinismo obtiene de su rehén. Además, dejar a Alemán en su hacienda es una concesión graciosa que no querría cambiarla por mandato de la ley, como sería reformar el Código Penal para que un ex Presidente pueda cumplir sentencia en su domilicio. En cambio, mantener a Alemán a la orden del Poder Judicial que domina el FSLN, permitiría a Ortega mandar al caudillo del PLC de regreso a la cárcel de Tipitapa, si no obedece. Por otra parte, otorgarle a Alemán libertad por ley, facilitaría la reunión de la llamada familia liberal, situación inconveniente para el FSLN.
En cuanto al resto de los puntos a discutir, el FSLN se resiste a despojarse de las plazas burocráticas que está a punto de conseguir con las reformas constitucionales. Por todas esas razones la manera más práctica y democrática de encarar esta confrontación de poderes es convocar a una movilización popular que haga posible un referendo, a fin de que sea la opinión pública la que decida sobre el destino de las reformas a la Carta Magna.
Estamos conscientes de las dificultades económicas y organizativas de ese recurso previsto por la Constitución Política de la República. No obstante, consideramos sano darle a la ciudadanía la oportunidad de participar pacíficamente en un evento de consulta popular de ese calibre.
