Ricardo Sánchez Calero
La realidad socioeconómica nicaragüense cada día que pasa se vuelve mas insostenible para la clase media, ya no se diga para la clase baja: las alzas constantes en los productos básicos de consumo, los abusos tarifarios por parte de las instituciones que manejan los servicios públicos, la falta de empleo que por sí sola ya es un factor determinante para ubicar a Nicaragua como el país mas pobre del hemisferio, golpean despiadadamente a los nicaragüenses.
La economía doméstica no es ajena a las transformaciones que sufre el mercado mundial del petróleo. Todos los países, por muy desarrollados que se encuentren o por muchas que sean las reservas de que dispongan, terminan siendo afectados. Aunque en países como el nuestro el impacto es mayor y la carga económica es traspasada a la clase con menos privilegios económicos.
Cada vez que el precio del petróleo sufre incrementos, a los transportistas interurbanos se les ocurre aumentar el precio del pasaje de transporte urbano colectivo, que en la actualidad es de 2.50 córdobas, argumentando que el precio actual no llena las expectativas reales de los costos operativos de funcionamiento de las unidades.
Amenazan con el incremento y paro del transporte si el Gobierno no les da su subsidio anual que ya se volvió una modalidad fija, sin pensar que el Gobierno por sí solo no es poseedor de recursos económicos, que la amenaza no es contra el Gobierno sino que va dirigida a la población. Y pretenden ignorar que el Gobierno, al otorgarles tantos millones de córdobas, lo único que hace es pasarle esta carga a la ciudadanía, incrementando impuestos, invirtiendo menos en escuelas, hospitales, congelando salarios mínimos, etc.
Al sector transporte el Gobierno lo exonera de impuestos para las importaciones de los repuestos necesarios para el mantenimiento de las unidades de transporte colectivo, lo que ya es una forma de alivio económico para ellos.
Al Gobierno le resulta más fácil subsidiar a los transportistas con actitud desafiante y amenazante para crear inestabilidad nacional y traspasar esta carga a la población que de por sí ya está bastante afectada con el endurecimiento de las condiciones de vida y satisfacer el capricho, por así llamarlo, de estas empresas que surgieron del capital de cooperativas partidarias, que enfrentarse a ellos con igual disposición para tratar de darle solución de una vez a este problema constante.
Los transportistas hábilmente se amparan a la bendición de la Asamblea Nacional para dar legalidad a sus exigencias y los señores diputados, como una maniobra política de carácter opositor al Gobierno, avalan y dan respaldo legal a tal exigencia, sin ponerse a pensar que el único perjudicado es el usuario del transporte colectivo.
Si a los transportistas no les es rentable el negocio del transporte colectivo, entonces deberían dedicarse a trabajar en otra cosa. Pero cuando el Gobierno y algunos inversionistas han planteado la intención de liberar o de diferenciar el uso del transporte colectivo, los transportistas reaccionan airados porque ven amenazados sus intereses.
El Gobierno la única salida que le queda es parar de una vez por todas las acciones antojadizas de los transportistas y pensar en los que realmente se verían afectados, o sea la población que hace uso de ese servicio y planificar el sistema de transporte colectivo necesario y justo para el usuario.
El autor es administrador de empresas.
