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Muerte en los semáforos
El sábado de la semana pasada LA PRENSA informó sobre la tragedia de la niña de 8 años que murió atropellada por una camioneta, en el sitio conocido como “semáforos de Lozelsa”, en Managua, donde pedía limosna y limpiaba ventanillas de carros para ganarse la vida.
Sin duda que el conductor de la camioneta no quería atropellar y mucho menos matar a la pequeña. Pero aunque fuera un acto involuntario, se trata de un homicidio, la niña está muerta y el conductor que la atropelló no sólo debe responder por las graves consecuencias del accidente sino también cargar en su conciencia el inevitable sentimiento de culpa.
Ahora, apenas cuatro días después nadie parece acordarse ya de esa tragedia, salvo, por supuesto, las personas involucradas en ella de manera directa o indirecta. Y las autoridades correspondientes se limitaron a hacer el croquis del accidente sin decir nada acerca de lo que sería necesario hacer para que no se repitan situaciones dolorosas como esa.
En realidad, es asombroso que tragedias de esa clase no ocurran con más frecuencia, dado el alto grado de inseguridad vial que hay en Nicaragua y particularmente en Managua, entre muchas otras causas por los vendedores ambulantes y los pordioseros que han convertido los puntos de semáforos en pequeños mercados donde numerosas personas se cruzan temerariamente ante los vehículos, exponiéndose a ser atropelladas.
La seguridad y la vida de la gente está por encima de todo. El peatón y en general las personas son prioritarias para el conductor automovilístico, tiene que cederles el paso en los puntos establecidos y detenerse ante ellas en cualquier lugar de la calle o carretera, inclusive cuando de manera abrupta e imprudente alguien se cruza la vía. Y en los casos de las personas que se aglomeran donde hay semáforos para ofrecer sus mercancías o pedir una limosna, aunque se fastidien algunos conductores tienen que soportarlas y evitar atropellarlas.
Sin embargo, la responsabilidad por su seguridad personal le corresponde también a los mismos peatones. Por su parte las autoridades correspondientes deben garantizar que el tráfico vehicular no sea obstaculizado por nadie, y en el caso de los vendedores ambulantes y los mendigos, que sin duda tienen derecho a ganarse la vida, la Policía debe cuidar que no arriesguen sus vidas correteando en la media calle, obstaculizando y haciendo más peligrosa la circulación vial.
En realidad, no basta con hacerles saber a los conductores de transporte comercial y particular que los peatones tienen siempre la preferencia, y que en cualquier caso que una persona sea atropellada, aunque sea por su propia culpa, el que atropella debe pagar por ello.
Nadie quiere hacer daño con su vehículo a otra persona, a menos que sea un acto criminal deliberado. Estos accidentes ocurren generalmente por la prisa que lleva un conductor que debe presentarse puntualmente a su trabajo o a una cita; porque traslada a alguien enfermo; porque va absorto en sus problemas personales, familiares o profesionales; porque sufre alguna enfermedad de la vista; e inclusive por una súbita y apremiante necesidad fisiológica.
Por eso son indispensables las medidas institucionales de seguridad vial. Por ejemplo, los conductores saben que en las pistas de doble vía no deben pasar de una a otra sobre raya amarilla, pero en los países más civilizados se separan los carriles de ida y venida con vallas de cemento o metálicas, para mayor seguridad vial. Del mismo modo, los conductores saben muy bien que deben respetar a las personas que cruzan las vías o se aglomeran en los semáforos, pero al mismo tiempo las autoridades de Policía tienen que impedir que la circulación vehicular sea obstaculizada por cualquier motivo, inclusive por quienes venden o piden limosna en los cruces de mucha circulación.
Las calles, avenidas y carreteras son vías públicas. Esto significa que pertenecen a todos y que nadie puede arrogarse su propiedad, ni su uso exclusivo, ni impedir que los demás puedan transitar por ellas. Obstruir de cualquier manera y con el motivo que sea la vía pública, constituye una contravención a las normas establecidas, inclusive es un delito. Y ya es tiempo de que la Policía haga algo por asegurar el libre tránsito personal y vehicular que garantizan la Constitución Política de la República y las leyes secundarias.
