Violeta Pé[email protected]
La actividad parlamentaria ocupa un lugar primordial en los diferentes medios noticiosos del país, lo que no es relevante si se toma en cuenta la importancia de la institución legislativa para el desarrollo económico y social. En la práctica, es imposible contextualizar diversas situaciones en ausencia de un marco legal al que apegar las acciones de gobernantes, empresarios y ciudadanos en general.
Sin embargo, en Nicaragua el proceso de elaboración y aplicación de las leyes desde su inicio presenta una serie de irregularidades.
En primer lugar, la agenda parlamentaria no responde a las necesidades actuales; existen una serie de iniciativas de ley que siendo relevantes para la consolidación de la democracia y el mejoramiento del nivel de vida de los ciudadanos, son relegadas para dar espacio a otras que representan intereses partidistas.
En segundo lugar, una vez programada la discusión de las leyes, la misma se ve retrasada por los conflictos casi permanentes que involucran a los directivos de la Asamblea Nacional, que son motivados principalmente por las diferencias de intereses entre representantes de los diferentes partidos políticos.
Finalmente, una vez aprobadas las leyes las instituciones encargadas de aplicarlas no cuentan con los medios necesarios, procedimientos y personal capacitado, para realizar esa función; y cuando finalmente logran adaptarse para realizarla surgen nuevos problemas generados por los mecanismos utilizados por los organismos regulados a fin de evadir el marco legal, y se hacen necesarios nuevos mecanismos de control para contrarrestarlos.
En ese contexto, la agilización de los procesos tanto en la institución encargada de legislar como en las instituciones encargadas de aplicar las leyes, se convierte en una de las prioridades del programa de modernización del sector público, a fin de consolidar la imagen de estabilidad que el país pretende proyectar.
En ese sentido, deben incluirse entre las acciones inmediatas la introducción de mecanismos de resolución de conflictos para evitar que las diferencias entre los representantes de los partidos bloqueen la actividad parlamentaria; el fortalecimiento de las instituciones encargadas de aplicar las leyes, para realizar su ejecución de manera eficiente y permitir la adaptación de las mismas a los diversos escenarios que se presenten; y además, el establecimiento de mecanismos de retroalimentación entre las instituciones que aplican las leyes y las comisiones del órgano legislativo, a fin de ir mejorando los marcos legales de cada actividad.
La autora es máster en administración y políticas públicas.
