Freddy Potoy [email protected]
Han transcurrido hasta el día de hoy 44 días después que la Inspectora General de la Policía Nacional, Aminta Granera Sacasa, inició las investigaciones contra policías corruptos en Bluefields, y 21 de que dio a conocer un extenso informe en el que se comprobó graves irregularidades de los agentes.
El informe de la Comisionada General Granera fue demoledor. Para quienes dudaban que varios agentes Antidrogas cometieron actos al margen de la ley, la investigación de la Inspectoría General aclaró todo.
Y que le quede claro al señor Edwin Cordero Ardila, Director de la Policía Nacional, que jamás, ni yo ni LA PRENSA inventamos un solo dato ni manipulamos la información. Contrario a eso, por publicar la verdad de las barbaridades que se cometían en en Atlántico Sur de Nicaragua, donde los narcotraficantes habían encontrado aliados en la Policía, algunos agentes en Managua trataron de urdir un bochornoso plan para, según ellos, desprestigiarme, deslegitimarme e intimidarme. No crean que me he olvidado y que ya dejé de seguirles los pasos como algunos uniformados lo hacen también con cualquier ciudadano.
Al señor Cordero le dije en su propia cara delante de varios testigos, todas las cosas perversas que trataron de hacer en la Policía para deslegitimar el trabajo mío y del corresponsal en Bluefields. También le señalé con datos precisos que un aspecto de ese plan para tratar de desprestigiarme y poner en riesgo la seguridad personal de mi hermana, se conversó en su propio despacho, pero ni eso ni otras cosas me van a detener de denunciar a quienes estén infringiendo la ley y que para colmo, tienen un puesto y se les paga con los impuestos de los contribuyentes.
Esta es la segunda vez que insisto que ventilemos públicamente donde quieran, cuando quieran y a la hora que quieran, asuntos que se manejan como secretos de Estado en la Policía Nacional de Nicaragua, institución adscrita al Ministerio de Gobernación, que a su vez es una dependencia del Poder Ejecutivo, cuyos funcionaros deben actuar con transparencia.
Espero que la Fiscalía General de la República, que se ha retrasado en acusar al ex jefe Antidrogas de la Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAS), Oscar Larrave Chamberlian y a otros agentes, de estar implicados en asuntos turbios con el narcotráfico, sea seria y no haga ningún arreglo con los mandos policiales para liberar de responsabilidades a quienes deben responder ante la justicia. La lucha contra el narcotráfico, el lavado de dinero, el terrorismo y otros males que aquejan al mundo, debería ser una prioridad en Nicaragua, pero no a costa de que los agentes también cometan delito para enfrentar el delito. Eso jamás.
Ojalá lleguemos a un momento en que la Policía de Nicaragua, como institución que forma parte de la administración pública, rinda cuentas claras o se someta a un auditoriaje serio o una investigación del Ministerio de Gobernación o de la Contraloría General de la República. En esta institución hay muchas cosas que aclarar y no necesariamente sólo de dinero.
