Eva Sacasa Gurdiá[email protected]
A lo largo de la historia del mundo las mujeres han venido luchando por sus derechos, demostrando coraje, valentía y decisión y ese legado hoy es recogido por las ciudadanas de Nicaragua del siglo XXI, al apoyar decididamente la aprobación de una ley que viene a establecer la igualdad incondicional de todos los nicaragüenses en el goce y ejercicio de sus derechos políticos, y en el cumplimiento de sus deberes y responsabilidades.
La igualdad y la equidad son dos principios que deben estar presentes en las sociedades de hoy y del futuro, las que sólo podrán alcanzar el desarrollo si cuentan con la participación activa de sus mujeres y hombres, solamente si se construyen relaciones equitativas, respetuosas, armoniosas en la pareja, en la familia, en la comunidad y en las instituciones.
La ley no es más que un instrumento mediante el cual se hacen valer los derechos laborales, económicos, sociales, políticos y culturales de las mujeres, y de las niñas nicaragüenses, que juntas constituyen el 52 por ciento de la población. Un millón ciento cuarenta y cinco mil quinientas veinte y tres (1,145,523) mujeres viven en condiciones de pobreza representando el 49.7 por ciento de los pobres de este país; el 23.8 por ciento de los hogares en pobreza son jefeados por mujeres y el 24.9 por ciento de los hogares en pobreza extrema. En las zonas urbanas el 59 por ciento son beneficiarias del crédito y captan el 49 por ciento del monto total, mientras que en las zonas rurales el 33 por ciento son beneficiarias y captan apenas el 11 por ciento del crédito. De la población económicamente activa el 43.7 por ciento son mujeres y el 67.9 hombres. Por otro lado, las mujeres constituyen el 61 por ciento del servicio público, ubicadas mayormente en salud y educación. Estas cifras denotan la importancia de la mujer en la economía y en la vida pública, pero al mismo tiempo nos muestran grandes signos de discriminación que deben ser resueltos y que sólo esta Ley (de Igualdad de Derechos y Oportunidades) sienta las premisas para su superación. Con esta situación al descubierto nadie puede negar la necesidad e importancia inmediata de su aprobación.
Los principales argumentos que he escuchado en detrimento de la ley son que promueve el aborto y las familias de homosexuales y lesbianas. La ley dice explícitamente que los derechos sexuales y reproductivos son los derechos humanos reconocidos internacionalmente que se basan en la dignidad humana y la libertad que las personas deben tener para decidir sobre el ejercicio responsable de la sexualidad y la reproducción.
Y sobre el aborto, en el artículo 53, inciso 9, dice: desarrollar programas de salud sexual y reproductiva de prevención del aborto, que incluyan capacitación al personal que atiende las consecuencias del aborto realizado, asegurando el derecho a la atención humanizada y oportuna que tienen las mujeres que se lo practican en cualquier condición y sus consecuencias para la salud.
Este artículo no promueve el aborto, más bien habla de prevenirlo, lo que se logra con una educación sexual a tiempo y una oferta de servicios anticonceptivos. El resto del artículo se refiere a que se brinde capacitación al personal de salud para que puedan atender las consecuencias en la salud de una mujer después que ha abortado, porque no se puede negar que en Nicaragua el aborto es un problema de salud pública que es la primera o segunda causa de muerte materna hospitalaria.
Sobre el segundo argumento, realmente no encontré ningún artículo que promueva el matrimonio o la formación de parejas de homosexuales. Sí habla de un nuevo modelo de relaciones familiares que incida en el desarrollo, transformación y adopción de una cultura, con expresiones y valores que fomenten la paz, la convivencia, la tolerancia, la solidaridad, la libertad, la democracia y la justicia social. No está de más decir que la homosexualidad y el lesbianismo constituyen opciones sexuales de la persona humana, y quienes las practican deben ser respetados en todos sus derechos.
Hago un llamado a todos las personas nicaragüenses para que apoyen la aprobación de la Ley de Igualdad de Derechos y Oportunidades; léanla y se darán cuenta de que recoge los derechos de las mujeres y que está dirigida a fortalecer la justicia social y el desarrollo. Como ciudadana de este país, estoy convencida de que su aplicación redundará en beneficios para todas las mujeres nicaragüenses, y por tanto para toda la sociedad.
La autora es Comisionada General de la Policía Nacional, en retiro.
