Emilio Alvarez Montalván
Uno de los problemas más acuciantes en Nicaragua es la brecha entre la gran demanda social (cada vez mayor por la explosión demográfica) y la poca capacidad financiera estatal para satisfacerla. Esta situación precaria puede aliviarse con el uso de medicamentos genéricos que permitiría mayor cobertura de atención terapéutica a enfermos de limitados recursos económicos.
Hay que recordar que el país apenas suple el 25 por ciento de sus necesidades. Por ello, cualquier iniciativa viable y razonable que potencie los escasos fondos disponibles, deberá evaluarse y ponerse en práctica.
Para darse cuenta del monto del consumo de medicamentos, hay que considerar que en España se gasta en ello un billón de euros anuales (sí, un millón de millones) lo que representa el 20 por ciento del gasto sanitario de ese país. En Nicaragua ese dispendio es cerca del 30 por ciento del total que invierte el Estado en salud, y es, además, creciente. Lo primero porque el sector de adultos mayores es cada año más extenso. También porque las “medicinas de patente” son caras debido a las altas inversiones para investigar nuevos productos que cumplan las estrictas exigencias de la FDA (Agencia Federal de Drogas y Alimentos) de los EE.UU., de cuyo fallo dependen todas las naciones. Además están los ingentes gastos de promoción y comercialización que por cierto recuperan debido al monopolio que por determinado tiempo disfrutan.
No obstante hay decenas y quizás centenas de productos farmacéuticos a los que ya se les venció su exclusividad de fórmula. Eso permite que el principio activo que contienen como base pueda reproducirse fuera del dueño primitivo, aunque deba reunir las mismas calidades del original, o sea, que no dañe al paciente, que tenga los mismos efectos favorables y mantenga estabilidad en sus efectos. Se trata entonces de trasladar la confianza en determinada marca de medicamento a otro que fabrica un laboratorio distinto pero que contiene el mismo principio activo. Es, pues, una cuestión delicada que debe manejarse con tacto pero con firmeza, y sobre todo con apego a la ley pero sin perder el espíritu humanitario.
Sin embargo hay algunos requisitos y normas que deben llenarse para hacer bien las cosas. Lo primero es que los laboratorios que fabrican esos medicamentos genéricos estén autorizados en su país de origen o aquí en Nicaragua, por una agencia estatal especializada en la materia que desde luego haya pasado los estándares del caso. Lo segundo es que tanto los médicos como los pacientes y farmacéuticos tengan seguridad de que esos medicamentos genéricos le merecen tanta credibilidad como los patentados. En ese campo los profesionales mencionados tienen en la práctica la última palabra
El tercer detalle es que las leyes que amparan a las patentes, si bien deben respetarse, necesitan ser flexibles cuando se refieren a países del tercer mundo, como Nicaragua.
En España es obligatorio desde el primero de diciembre del año pasado que el médico escriba en la receta el principio activo de la droga, junto con el nombre del patentado. El país latinoamericano con la industria farmacéutica más adelantada es Brasil. Ese país fue absuelto por la Organización Mundial de Comercio (OMC) al acusársele de fabricar una droga anti Sida sin permiso del dueño de la fórmula. La OMC autorizó a Brasil por razones humanitarias a continuar fabricándola, aunque con ciertas restricciones. En resumen los medicamentos genéricos son un valioso recurso en la atención de pacientes de bajos recursos que requieren drogas caras.
Pongo por ejemplo el caso del Clamoxil, un antibiótico de amplio espectro que es adquirido como Amoxicilina, que es su genérico, cuesta mucho menos. O el anti-ulceroso gastro-duodenal Fanox, cuyo correspondiente genérico es Famotidina. O bien el anti-inflamatorio indicado para reumatismo, gota y artrosis, llamado Dolotren, cuyo principio activo es el Diclofenaco, y así sucesivamente. Vale la pena utilizar ese recurso en hospitales y centros de salud.
El autor es médico
