Humberto Belli Pereira
Es saludable que el poder judicial esté en la picota. Bien decía el Procurador General de la República, Francisco Fiallos ,que no hay posibilidades de desarrollo económico y social mientras no haya un Poder Judicial decente. Efectivamente, cuando la ley y los contratos son respetados y las trasgresiones castigadas, se cumple una condición importante para que la iniciativa y creatividad de los ciudadanos privados pueda desenvolverse sin tropiezos. Cuando falta la justicia cunde la desconfianza, se debilitan las reglas, y la sociedad se desmoraliza. Pues entonces el triunfo no es conquista de los mejores sino de los más astutos e inmorales.
Las noticias sobre escándalos y recientes sanciones para algunos jueces han servido para sacar a la luz parte —la punta del témpano, como decía alguien— de la magnitud de la crisis que afecta al Poder Judicial. Pues por cada caso que cubren los medios hay centenares que quedan sin reportarse. De eso son testigos muchos nicaragüenses.
Quiero compartir, a manera de ejemplo, un par de experiencias. La primera me ocurrió hace algunos años en León, cuando un abogado que había contratado por recomendación de una juez, para que me llevara un caso en su juzgado, me pidió un soborno a favor de ella. Como me negué, la actitud de la juez cambió totalmente. Dejó de recibirme como antes y terminó no fallando. (Vale advertir que esa juez ahora es abogada privada.) La segunda experiencia fue más elocuente pues obligó a la Policía de León a protestar la actuación del juez Segundo Local del Crimen, Miguel A. Vílchez. En una carta dirigida al Tribunal de Apelaciones, el Comisionado Mayor Orlando Aguilera denunció cómo el juez Vílchez había manipulado abusivamente un grupo de policías, asignados para realizar un embargo en otra parte de la ciudad, para desalojar a los vigilantes que cuidaban una propiedad que mi esposa había recuperado tras una disputa con Rodrigo Gurdián. El Comisionado protestó el desalojo “sin existir el fundamento legal para pedir ayuda judicial, tal como lo establece la ley en el arto. 171 del Decreto 26-96”, y también denunció el grave peligro en que se puso a quienes participaron en el operativo ilegal. (Cabe advertir, también, que hasta la fecha la queja de la Policía no ha tenido consecuencias.)
Es indudable que la desfachatez con que han estado actuando muchos jueces es en gran parte responsabilidad de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, quienes tienen la potestad de nombrar y sancionar a los jueces. Durante el gobierno de doña Violeta, y cuando la Corte Suprema era presidida por el Dr. Guillermo Vargas Sandino, se dio una buena depuración del sistema al cambiarse más de doscientos veinte jueces. Pero luego, con la recomposición de la Corte que produjo el pacto, el proceso se estancó. Sobre este particular yo también tuve una experiencia directa al llevar el caso del juez Vilchez ante los magistrados. El Dr. Francisco Rosales, que fue uno de los primeros con quienes conversé, me dijo que lo hecho por el juez ameritaba claramente su destitución. Animado, introduje una “Acta de Queja,” en abril del 2001. Pero al advertir que pasaban los meses, sin ninguna resolución, visité a varios magistrados de distintas tendencias. Prácticamente todos me daban la razón, pero al mismo tiempo casi todos me confesaban lo difícil que era que iniciativas disciplinarias pudieran prosperar en el seno de la Suprema Corte. Ya sea por la forma en que está diseñada, ya sea por la partidarización que le causó el nefasto pacto, ya sea por falta de voluntad política, o por otras debilidades, el máximo tribunal de la nación parecía carecer de la suficiente determinación para reformarse a sí mismo y usar el bisturí con que debe extirparse el pus de la corrupción judicial.
Afortunadamente, las sanciones recientes a algunos jueces están haciendo renacer la esperanza de que los magistrados pueden estar decididos a asumir, plenamente, la inmensa responsabilidad que tienen de sanear el sistema judicial. Ojalá así sea. Mientras esto no ocurra Nicaragua será como un nadador con un ancla en el tobillo. No podrá competir y correrá el riesgo de no mantenerse a flote.
El autor es presidente de Ave María College.
