Sergio J. [email protected]
El Poder Judicial ha hecho esfuerzos positivos por la consolidación de un estado de justicia, tiene una excelente Ley Orgánica y una buena infraestructura para impartir justicia. Todas estas reformas son buenas, pero de carácter formal, impulsadas, la mayoría, por la cooperación internacional. El problema del Poder Judicial no es de reformas legales ni de infraestructura (en el país hay, según dicen, más de 15,000 leyes vigentes, “República de Leyes”); el obstáculo para su desarrollo es la dependencia partidaria que frustra todo intento de independencia.
Existe un sentimiento en el país de que el Poder Judicial responde a esquemas de cúpula representados en otros Poderes del Estado o de partidos políticos. Esta dependencia se traduce, primero, en una erosión de la confianza de dicho Poder ante el usuario (en espectáculos lamentables) y, segundo, provoca una distorsión interna en el mismo, particularmente en la independencia interna de los jueces y magistrados de los tribunales de apelaciones. Por ejemplo, el control político externo sobre el Poder Judicial, permite (a través de la cúpula judicial) que se cree un control verticalizante o de subordinación total dentro de la organización judicial. Los jueces son controlados “administrativamente”, lo que rompe toda tendencia de independencia interna de éstos, o bien es neutralizada desde los vértices fuertemente partidizados en el Poder Judicial, rotándolos en sus puestos, cambiándolos de una especialidad a otra (aunque sea perjudicial para la calidad y especialización de la impartición de la justicia), trasladándolos a regiones distintas del original contrato o suspendiéndolos en su cargo, con la finalidad de presionarlos para que renuncien. De esta manera existirá poca oportunidad para saber con seriedad y responsabilidad qué jueces cometieron actos o no de corrupción que hayan merecido la aplicación de tales medidas y diferenciarlos de aquellos jueces de “manos limpias”. También este férreo control administrativo permite “dirigir” el curso de las investigaciones de actos supuestos de corrupción de judiciales, y según los intereses en juego, los promueven, trasladan o los destituyen para evitar (según se percibe) que la espiral del escándalo llegue a la cima del Poder Judicial.
En todo esto hay una contradicción. Mientras el país aspira a crear una justicia independiente, los operadores políticos no renuncian a la manipulación del Poder Judicial. Los líderes políticos creen en los jueces amigos o en los amigos jueces. El resultado es un desafortunado espectáculo de una justicia poco prestigiada, en la que el público no confía.
Esto no puede continuar, no sólo porque no crea confianza en la seguridad jurídica para las inversiones, sino porque el Poder Judicial (independiente) es el norte de la democracia, el eje del Estado de Derecho y garante del respeto de los derechos humanos, y sin él la “justicia” se vuelve lenta, pesada, selectiva, autoritaria y “económicamente onerosa”.
Cuando quienes ejercen el poder político o financiero se sienten inmunes a determinadas violaciones de derechos y prefieren desatenderse de las que sufren otros o desacreditar el discurso de los derechos humanos, incurren en la terrible hipocresía pero al mismo tiempo en una enorme ingenuidad: dejan de contar con el tiempo, con la dinámica, con la dimensión que nos enseña que el poder y el dinero pasan muy rápido de manos.
El autor es catedrático de Derecho Penal y Criminología.
