Vidaluz Meneses
En 1998 los medios de comunicación alertaron sobre las posibilidades de que Arnoldo Alemán, entonces Presidente de la República, estuviese enriqueciéndose de manera ilícita. Ante tales denuncias, el Contralor General de la República haciéndose eco del clamor ciudadano que estas sospechas despertaron, solicitó al mandatario que rindiera cuentas de su patrimonio. Poco después el Vicepresidente, Ing. Enrique Bolaños, desde el Comité Nacional de Integridad le propuso lo mismo. Alemán ignoró tales solicitudes mientras continuaban descubriéndose casos como el del Narcojet y otros que quedaron sin respuesta y en lugar de rendir cuentas sobre su patrimonio, encarceló al propio Contralor ante el asombro de toda la nación y del mundo.
En ese contexto fue que un grupo de ciudadanos y ciudadanas en su carácter personal, igual que diversas organizaciones de la sociedad civil, conformamos el Movimiento Acción Ciudadana contra la corrupción y la pobreza extrema utilizando el lema: Exigimos cuentas claras. A la par se fraguaba un pacto entre las cúpulas del Frente Sandinista y del Partido Liberal.
Marchamos entonces denunciando el pacto de la corrupción, sellado por dos caudillos acusados, el uno de incesto por su propia hijastra y el otro de graves presunciones de corrupción relativas al abuso de bienes del Estado.
El Pacto significó que inmunidad se convirtiera en sinónimo de impunidad desmantelando la incipiente institucionalidad del país. He ahí la razón por la cual nos convertimos en un pueblo rehén del pacto de la corrupción, fruto de lo cual estamos sufriendo sus consecuencias.
El colmo del cinismo de Arnoldo Alemán es que en su última alocución refiriéndose al nuevo fallo dictado por la juez Juana Méndez, quiere alertar a la ciudadanía sobre lo que él mismo propició, ejecutó y se benefició al haberse distribuido cuotas de poder con su dizque adversario político, partidizando, parcializando las instituciones.
Nuestro compromiso como Sociedad Civil organizada es contribuir con la liberación de ese pacto de la corrupción, con el restablecimiento de nuestra institucionalidad como una condición ineludible para avanzar en el proceso de democratización política y social.
La corrupción es un problema ético, moral, social y personal. Debemos exigirnos y exigirles a los políticos coherencia entre su vida pública y privada.
Arnoldo Alemán debe ser desaforado porque sobre él pesan el fallo de la juez Gertrudis Arias y el reciente de la juez Juana Méndez. La Junta Directiva de la Asamblea Nacional al negarse una vez más a desaforar al diputado Alemán, continúa en abierto desacato a la ley, por lo que exigimos que proceda de inmediato a la desaforación correspondiente.
Es notable darnos cuenta que son las bases del sistema judicial las que están dando la pauta para reivindicar ese poder del estado. Las dos juezas han aportado suficientes pruebas para que tanto la Junta Directiva como el plenario de la Asamblea Nacional procedan a la desaforación.
Es la oportunidad para que los y las diputadas comiencen a revertir lo pactado, contribuyan a sacar al país de la crisis institucional y suspendan la inmunidad a Arnoldo Alemán y acusados de complicidad para que se presenten ante los tribunales judiciales y respondan sobre los múltiples cargos que se les imputan.
La Coordinadora Civil reitera su compromiso inclaudicable de apoyo a la lucha que la sociedad nicaragüense en sus diferentes expresiones organizativas ha emprendido para combatir y erradicar la corrupción en su sentido integral, evidente o encubierta, pasada, presente o futura. A exigir acceso a la información pública, al cumplimiento de la Ley de Probidad a los funcionarios públicos, a denunciar los dobles salarios y dobles planillas; a realizar auditoría social a los procesos de privatización exigiendo la transparencia, igual que a rechazar la privatización de los servicios públicos.
Reconocemos la iniciativa del presidente Bolaños en respaldar el combate contra la corrupción, confiamos en que sabrá ser coherente con sus propias palabras al asegurar que la lucha contra la corrupción no es negociable. En nombre de las más de 800 mil firmas, que representan el poder soberano del pueblo como lo establece la Constitución demandamos a quienes tienen ese poder delegado: ¡desafuero ya!
La autora es Enlace Nacional de la Coordinadora Civil
