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Después que la juez dictó la sentencia histórica contra la corrupción, supusimos que el sector empresarial era uno de los más satisfechos, pero nos sorprendió el comentario pesimista que hizo el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), Anastasio Somarriba.
Dijo que el fallo judicial, mandando a la cárcel a algunos de los que robaron al Estado y abriéndole causas a otros, no contribuye a mejorar el clima de los negocios en el país y que “otro juicio podría ahuyentar la inversión extranjera”.
Es al revés, porque si el sistema de justicia se dedica a investigar los casos de corrupción y castiga a los culpables, independiente de quiénes sean, los inversionistas extranjeros y los empresarios nacionales tendrán más garantías de que su dinero corre menos riegos aquí.
Recuerdo el caso de unos extranjeros que en los años 90 decidieron invertir en turismo en la zona de Tola, Rivas, pero luego apareció gente allegada al ex presidente Arnoldo Alemán y se apropiaron de las áreas costeras que los empresarios habían recibido en arriendo mediante convenios con la Municipalidad.
Los inversionistas recurrieron a las autoridades judiciales y esperaron años sin una respuesta, mientras el negocio fracasaba y el país perdía una oportunidad de obtener ingresos y ofrecer empleos.
Sin embargo, el presidente del Cosep piensa que juzgar a los corruptos es prolongar la inestabilidad política en el país y ahuyentar los negocios, porque “si seguimos peleando, esta gente se va a ir para otro lado y no invertirá en Nicaragua”.
Parece que él prefiere evitar pleitos políticos y que la corrupción continúe, con otro disfraz tal vez. La sentencia judicial, por no tener precedentes, ha causado una crisis política en el país, pero una vez superada quedarán lecciones inolvidables; será difícil, por ejemplo, que un funcionario se atreva a robarle al Estado y los ciudadanos tendrán más confianza para denunciar y exigir a las instituciones.
El representante de la Unión Europea, Giorgio Mamberto, cree que ahora “en Nicaragua se puede confiar”, por la demostración de justicia ocurrida la semana pasada, que para la comunidad de naciones donantes significa una señal de cambio en la “cultura de manejo del Estado”.
Uno de los asesores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Fernando Carrillo Flórez, afirma que la pobreza, además de ser un fenómeno económico, es consecuencia de la falta de voz y de derechos, porque “una persona es pobre cuando es vulnerable e impotente”.
Sería penoso que el Cosep solicitara parar los juicios contra la corrupción, ignorando que este paso es necesario para que Nicaragua deje de ser un país bajo saqueo y busque prosperidad, hasta tener un empresariado más dinámico y un Estado que vele por la responsabilidad pública y la rendición de cuentas.
