El viernes en la noche concluyó el plantón que habían montado algunas personas del norte de Matagalpa afectadas por la hambruna que ha causado la crisis cafetalera, y que habían trasladado su protesta a Las Tunas, cerca de Ciudad Darío, en ruta hacia Managua. A los afectados por la hambruna se les habían sumado algunos productores arruinados por la misma crisis, pero los acuerdos a que llegaron con los representantes del Gobierno fueron muy generales y prácticamente inaplicables, así como “misteriosa” era la organización del plantón cuyos participantes, curiosamente, tenían recursos para movilizarse a grandes distancias a pesar de su situación de extrema pobreza.
Pero, las personas que supuestamente protestaban de manera espontánea por su precaria situación económica y social, y exigían soluciones al Gobierno, en realidad estaban dirigidas u “orientadas” notoriamente por activistas políticos, inclusive diputados y alcaldes sandinistas. Y “por casualidad” esos activistas políticos estaban en el plantón cuando, el jueves de la semana pasada, varios funcionarios gubernamentales fueron secuestrados por los protestantes.
Los trabajadores agrícolas desocupados y sus familias que padecen hambre en el norte del país, así como los productores agrícolas afectados por la crisis económica, tienen la simpatía de la opinión pública a pesar de que algunas de sus demandas son cuestionables. Lo cierto es que nadie puede desconocer las penurias socioeconómicas que afectan a la población en términos generales, y sobre todo a los sectores más desprotegidos de la sociedad entre los que se encuentran las víctimas de la hambruna en el norte. Sin embargo, tampoco nadie que aprecie y defienda los derechos individuales, las libertades públicas y las instituciones democráticas, puede estar de acuerdo con los métodos violentos de lucha que instigan los activistas políticos, sean sandinistas o liberales. Y mucho menos con la obstrucción de la libre circulación de las personas y vehículos, y el secuestro —que es un doble delito, contra la libertad y la integridad de las personas—, y no porque los secuestrados sean funcionarios gubernamentales sino porque se trata de seres humanos cuyos derechos y libertades son sagrados y no deben ser atropellados por nadie, bajo ninguna circunstancia y con ninguna clase de pretextos.
Aún en las peores situaciones de pobreza e injusticia social a la gente hay que enseñarle a respetar a las demás personas, a comprender que sus derechos pueden ser muchos y muy justos pero que terminan donde comienzan los derechos y la libertad de los demás. Y que así como su dignidad humana atropellada por el desempleo y la miseria merece ser atendida por la sociedad y por las autoridades gubernamentales, también ellos, los protestantes, deben respetar la dignidad de los otros seres humanos, quienes quiera que sean.
Tomar a personas como rehenes de cualquier demanda, o sea secuestrarlas, es un grave delito que está tipificado en el Código Penal y que viola los principios básicos y las normas esenciales de la Constitución Política de la República, como por ejemplo el artículo 24, que establece que “Los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común”; el artículo 25, en el que se asegura que “Toda persona tiene derecho a la libertad individual y a su seguridad”; y el artículo 31, según el cual “Los nicaragüenses tienen derecho a circular y fijar su residencia en cualquier parte del territorio nacional…”
Por otro lado, el secuestro, que de por sí es un grave delito, se agrava todavía más cuando es instigado por funcionarios públicos, como diputados y alcaldes, y debería ser castigado por las autoridades que tienen la obligación de garantizar el respeto a la ley y proteger los derechos de las personas, incluyendo a los funcionarios gubernamentales. Además el Gobierno debería ser más enérgico en lo sucesivo y establecer como condición para negociar con los protestantes que los agitadores y azuzadores políticos sean excluidos.
Y en cuanto a las personas que sufren graves problemas económicos y sociales y protestan para que se los resuelvan el Gobierno y la sociedad, deben sacudirse a los nefastos agitadores partidistas que trafican con el hambre del pueblo para sacarle dividendos políticos.
