Fernando Centeno [email protected]
Dos recientes publicaciones ponen una vez más en evidencia la dramática situación ambiental de nuestro país.
El más reciente informe del programa del Laboratorio del Aire de la Universidad de Ingeniería, comprueba el alto nivel de contaminación del aire que respiramos en nuestra capital, conforme los reportes de seis centros de monitoreo que revelan que el material particulado y los polvos sedimentales superan con promedios aritméticos anuales los valores guías que para cada uno de ellos sugiere la Organización Mundial de la Salud y la Comunidad Europea.
En otras palabras, que el nivel de contaminación del aire en la capital constituye un factor de riesgo para la salud de sus habitantes, principalmente de los vendedores de los semáforos, policías de tránsito, personas que viven en sitios de mucho tráfico vehicular y personas con enfermedades respiratorias y del corazón.
El informe recomienda “un control estricto de los vehículos en circulación a través del programa de inspección y mantenimiento, restringir la importación de vehículos que sean fuentes de contaminación y apoyar a la sociedad civil en las labores de controlar las emisiones vehiculares”.
La importación masiva de buses descartados y utilizados en el transporte colectivo del país, de automóviles desahuciados de países asiáticos que son utilizados especialmente para taxis, la circulación de buses y camiones diesel y otros vehículos viejos y en mal estado y que según la Policía de Tránsito representan el 60 por ciento del parque vehicular del país, son los principales factores de esta contaminación.
La falta de aplicación de la Ley General del ambiente y su reglamento que data de hace más de cinco años y la timidez del actuar de la Policía y del Marena frente a este problema revelan que muy poco o nada se está haciendo por solucionar este problema.
A este informe, ahora se agrega otro dato preocupante como es el hecho que en nuestro país hay más de 400 toneladas de plaguicidas vencidos. Que en 1998 se gastaron 600 mil dólares para enviar fuera del país 107 toneladas de este mismo material y que en 99 se utilizaron 900 mil dólares para exportar 317 toneladas. ¿Cuánto nos costará deshacernos de las 400 que aún tenemos?
Si bien es cierto hay países amigos que financian este gasto innecesario, bien pudieran estos fondos, ser destinados a paliar el hambre de miles de familias campesinas en el norte.
Los modelos de desarrollo económico adoptados por Nicaragua desde la década del 50 se caracterizaron por la búsqueda del crecimiento económico a base de la explotación irracional de nuestros recursos.
Los sistemas de producción del algodón y del azúcar trajeron como consecuencia la transformación de nuestros recursos, sometiendo a enormes desgastes las fértiles tierras de occidente, la contaminación de nuestras fuentes de agua como producto del uso de los plaguicidas, y el rápido deterioro del bosque y la biodiversidad.
Para la década de los 70 se estableció que el uso de los insecticidas provocaban daños hasta por 200 millones de dólares anuales en nuestros recursos, mucho más de lo que representaban las exportaciones de algodón y azúcar
Medio siglo después, no hemos aprendido la lección, y las importaciones de agroquímicos ya en etapa de vencimiento siguen convirtiendo a nuestro país como muy bien lo tituló LA PRENSA, en un “basurero de tóxicos”.
Mientras tanto, las fuentes de agua y el suelo continúan contaminándose, lo cual agrava la deforestación; la degradación provoca tolvaneras e inundaciones y deja un país menos habitable para nuestros hijos y nietos.
Es importante que estos dos últimos informes, el de la contaminación del aire y los insecticidas vencidos sean motivos de preocupación de organismos como el Marena, la Procuraduría del Ambiente, agencias de cooperación, y sociedad civil, para evitar que situaciones como éstas se continúen sumando al deterioro ambiental que estamos sufriendo y que obliga a efectuar cambios drásticos en nuestra cultura y práctica de gobernar.
El autor es periodista ambientalista
