El proyecto de ley de las reformas tributarias se está convirtiendo, peligrosa e indebidamente, en un instrumento del cual se están valiendo las bancadas liberal y sandinista para confrontar al Ejecutivo y hacerlo cargar con el costo político que conlleva todo ajuste impositivo.
Como se sabe, a fin de tener acceso a nuevos recursos del Fondo Monetario Internacional, el Gobierno tiene que presentar ante ese organismo financiero, a más tardar a finales de este mes, una reforma tributaria debidamente aprobada por la Asamblea Nacional. De lo contrario, el caso de Nicaragua no podría ser llevado a la reunión del FMI que está programada para el mes de agosto, perdiéndose así la posibilidad de que ingresen al país unos cien millones de dólares.
Lo anterior lo saben muy bien los diputados liberales y sandinistas, y aún así continúan retardando la aprobación de las reformas, poniendo en peligro el ingreso de fondos frescos tan necesarios para reactivar la economía. Y si lo saben, ¿por qué lo hacen? Ésa es la pregunta que hay que contestar.
En primer lugar, hay que partir de un hecho objetivo. El Presupuesto General de la República, que fue aprobado por la legislatura anterior, contempla gastos que exceden en 4 mil millones de córdobas el estimado de ingresos. Eso equivale a que una persona que gana 1,000 córdobas insista en gastar 1,500, sin tener posibilidades de obtener los 500 córdobas que le hacen falta para hacer lo que desea. Ese es el caso de Nicaragua: no puede gastar lo que pretende, porque, simplemente, no tiene los ingresos suficientes, y no hay forma de conseguirlos. En ese caso, no cabe más que hacer un ajuste.
Ahora bien; en ausencia de una donación o de un préstamo para cubrir la brecha fiscal, sólo hay 3 formas de hacer ese ajuste: recortando gastos, aumentando ingresos, o una combinación de ambos. Este último es el camino que el Gobierno ha escogido. Pero, además, está tratando de aumentar los ingresos sin crear nuevos impuestos y sin alterar las tasas existentes. Antes bien, pretende lograr tal propósito haciendo que quienes hasta hoy no pagaban impuestos, lo hagan de ahora en adelante. Y por el lado de los gastos intenta reducirlos sin despedir gente del Estado y afectando lo menos posible los programas sociales existentes.
Todo ajuste es doloroso; de eso debemos estar claros. Pero es justo reconocer que la vía seguida por el Gobierno es la menos traumática, ya que no afecta la canasta básica. Y eso lo saben muy bien los diputados. La respuesta entonces a la pregunta de que por qué están atrasando la aprobación de dicha ley sólo puede enmarcarse en un deseo por parte de los diputados controlados por Alemán y Ortega de hacer quedar mal al Gobierno, para resucitar así su perverso anhelo de forzar una Constituyente que le acortaría el período al presidente Bolaños. Es un juego altamente peligroso y totalmente inaceptable, porque sólo mayores desgracias le traería al país.
Es evidente que Alemán y Ortega están dispuestos a continuar el pacto. Uno y otro se necesitan para sobrevivir políticamente, pero lo más grave del caso es que la sobrevivencia política de esos dos individuos es contraria a los intereses del país y de la mayoría de los nicaragüenses. A nadie se le escapa el hecho de que los diputados liberales están totalmente sometidos a los caprichos e intereses de Arnoldo Alemán, y siendo que éste está dispuesto a derrotar a Bolaños, no es extraño ver que los diputados liberales estén impidiendo la aprobación de la ley.
El sandinismo, por su lado, se siente mucho más confortable con Alemán que con Bolaños, por lo que disimuladamente ha decidido apoyar a aquél en su lucha contra éste. El país sigue apresado, por lo tanto, en la voluntad de los pactistas, y no se vislumbra aún cómo podrá liberarse de su perniciosa influencia, pero es muy importante, al menos, que el pueblo abra bien los ojos y que se dé cuenta de cómo el juego de Alemán y Ortega perjudica sus intereses. De momento, es urgente que los diputados piensen en la ciudadanía y aprueben la ley referida.
