Secretismo preocupante

No se conoce con exactitud todo lo que Arnoldo Alemán y Daniel Ortega hablaron en encerrona que sostuvieron el miércoles de esta semana, en la Asamblea Nacional. Las declaraciones de Ortega de que pidió a Alemán que renunciara a su inmunidad para enfrentar el juicio por el caso del Canal 6, sólo pueden ser interpretadas como una halada de agua para el molino del líder sandinista. En todo caso, dados los resultados de las reuniones que estas dos personas han tenido en el pasado, tampoco esta vez podría anticiparse algo bueno para el país.

Durante el gobierno anterior, las pláticas entre Ortega y Alemán resultaron en el pacto para unas reformas constitucionales que afectaron negativamente la institucionalidad e hicieron posible que Alemán sea hoy presidente de la Asamblea Nacional. Nada positivo se logró para Nicaragua en aquel entonces, y sería iluso pensar que esta vez podría ser diferente.

La reunión de esta semana entre Alemán y Ortega se hizo en el preciso momento en que las declaraciones de las personas que resultaron fulminadas con auto de prisión en el caso del Canal 6, apuntaban a Arnoldo Alemán como la persona que en última instancia orquestó el fraude del millón trescientos mil dólares al Estado, de manera que es necesario desaforar a Alemán para que enfrente la justicia. Sin embargo, para quitarle la inmunidad se necesitan 47 votos de diputados ante la Asamblea Nacional, y aunque el Frente Sandinista no los tiene, sus dirigentes saben que si comprometieran los 38 votos de su bancada para ese propósito, habría posibilidades de conseguir los 9 restantes. En consecuencia, Daniel Ortega está consciente de que éste es el mejor momento para negociar con Arnoldo Alemán a fin de arrancarle concesiones. Y una vez más, el país está expuesto a los intereses particulares de estos dos individuos.

No hay que olvidar tampoco que Daniel Ortega tiene una deuda pendiente con Arnoldo Alemán por el caso de Zoilamérica Narváez, porque si Alemán, cuando fue Presidente de la República, hubiese querido que se le quitara la inmunidad a Ortega en el momento en que la señora Narváez en su desesperada búsqueda de justicia intentó hacerlo, Ortega hubiese tenido que enfrentar la justicia antes de que prescribiera el presunto delito. Pero no fue así porque Alemán siempre se opuso a que la bancada liberal apoyara la petición de desafuero presentada por la señora Narváez. Ahora la amenaza de desafuero es para Alemán y le toca a Ortega pagar el favor.

Pero es obvio que el líder sandinista no se limitará a pagar ese favor, sino que tratará de obtener nuevas concesiones. No sabemos a ciencia cierta cuáles serán esas concesiones, pero de unas declaraciones que el diputado Bayardo Arce dio en la mañana en el Canal 2 de TV, ayer jueves, en las que insistió en el “principio” de que “entre bomberos no se pisan la manguera”, se puede deducir que lo que pretende conseguir el FSLN del ex presidente Alemán es por lo menos un puesto más en la Junta Directiva de la Asamblea Nacional. Aparte de que, como es bien sabido, varios sandinistas podrían estar involucrados en la estafa millonaria del Interbank, y éste sería el momento ideal para establecer un quid pro quo entre ambas partes.

Entre cielo y tierra no hay nada oculto, y por mucho secretismo que los dos dirigentes políticos quieran imprimirle a sus negociaciones, más temprano que tarde la ciudadanía podrá conocer lo que ambos negociaron o están negociando. Para ello bastará observar el comportamiento de la Asamblea Nacional y del sistema judicial.

Sería lamentable que, una vez más, la justicia, que tanta falta hace en Nicaragua, se viera pisoteada por esas dos personas que tanto daño le han hecho al país. El resurgimiento económico de Nicaragua pasa necesariamente por la creación de un Estado de derecho, y éste no puede existir si la justicia no funciona. Ese hecho fue resaltado en la reunión para el financiamiento del desarrollo que se celebró en Monterrey, México, el mes pasado. Y el Presidente Bolaños, quien ha asegurado que bajo su gobierno nadie estará por encima de la ley, debe demostrar que sus palabras no son una promesa hueca.  

Editorial
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