El secretario general del Frente Sandinista, Daniel Ortega Saavedra, dio a conocer el martes de esta semana que su partido decidió poner a disposición del Poder Judicial la inmunidad de los 36 diputados sandinistas, “a fin de evitar chantajes de sus colegas liberales, tres de los cuales, incluyendo al ex presidente Arnoldo Alemán (fueron) acusados ayer formalmente en los tribunales de justicia por el escándalo del Canal 6 de Televisión” (LA PRENSA, miércoles 3 de abril de 2002). Anteriormente, al concluir su tercer congreso, hace dos semanas, el FSLN había llamado a la población nicaragüense a “movilizarse por todos los medios posibles contra la corrupción hasta recuperar todos los bienes mal habidos por los funcionarios corruptos”.
Al respecto de esas declaraciones, numerosas personas han opinado a través de diversos medios de comunicación, que los sandinistas no tienen ninguna autoridad moral para acusar de corrupto a nadie, pues durante el régimen del FSLN —de 1979 a 1990— también hubo mucha corrupción; y señalan que, en todo caso, así como se está llevando a juicio a supuestos corruptos del gobierno del ex presidente Alemán, inclusive a éste mismo, también se debería denunciar y castigar la corrupción que hubo en el régimen sandinista y durante el gobierno de doña Violeta Barrios de Chamorro.
Sin dudas que es razonable esa opinión, de que los responsables de la piñata sandinista —mediante la cual algunas personas prominentes del gobierno del FSLN se apropiaron de innumerables propiedades del Estado y de personas particulares, lo mismo que de muchos otros bienes estatales— no tienen autoridad moral para acusar a nadie de corrupto. Sin embargo, no son los sandinistas quienes están acusando a algunos ex funcionarios del gobierno del ex presidente Arnoldo Alemán, y a éste mismo, por el fraude en el estatal Canal 6 de Televisión, sino la Procuraduría General de la República que es una dependencia del gobierno liberal del Presidente Enrique Bolaños. Y además, es la opinión pública la que está presionando al Presidente Bolaños para que cumpla su compromiso de luchar a fondo contra la corrupción y llevar ante los tribunales a los corruptos, por muy opulentos y poderosos que sean.
Por el contrario, el FSLN pactó con el PLC durante el anterior gobierno precisamente para avalar la corrupción y para colocar al ex presidente Arnoldo Alemán en la posición privilegiada en que se encuentra ahora, como diputado en dos corporaciones parlamentarias (nacional y centroamericana) y poderoso e inmune presidente del Poder Legislativo. Todo eso a cambio de obtener algunos cargos superiores en instituciones del Estado y de la reducción del porcentaje de votos necesarios para elegir al Presidente de la República, a fin de facilitar la posibilidad de que Daniel Ortega regrese al poder. Además, el ex presidente Arnoldo Alemán avaló y legitimó la piñata sandinista por medio de una nueva ley de la propiedad, la cual, dicho sea de paso, fue severamente criticada por el entonces vicepresidente y ahora Presidente de la República, don Enrique Bolaños, quien la calificó como un instrumento legal para que “lo robado, bien robado se quedara”.
Por otro lado, aparte de que las leyes de la propiedad que se dictaron durante los gobiernos de doña Violeta Barrios de Chamorro y el doctor Arnoldo Alemán legitimaron la piñata sandinista, la verdad es que los delitos de corrupción que se cometieron en el régimen del FSLN ya prescribieron legalmente, por el tiempo transcurrido desde que este partido abandonó el poder en abril de 1990. No obstante, quien tenga pruebas válidas de la corrupción sandinista y considera que todavía es tiempo de denunciarla ante los tribunales competentes, debería acusar a los culpables, así como la Fiscalía General de la República está acusando actualmente a las personas involucradas en el fraude financiero del Interbank.
En todo caso, lo que podría hacer el Presidente Bolaños es documentar la piñata sandinista en un libro blanco sobre la corrupción, pues aunque ya no pueda ser castigada, significa un episodio aciago de la historia nacional que los nicaragüenses no pueden ni deben olvidar jamás, para que no se vuelva a repetir.
