El precio internacional del café sigue deprimido, y no se ve nada en el horizonte que sugiera una pronta recuperación del mismo. La cosecha récord del Brasil, de aproximadamente 40 millones de sacos, sumada a la siempre creciente producción en otros países, como Vietnam, garantiza una oferta mundial muy por encima de la demanda, y mientras esa situación permanezca, no hay forma de que el precio se recupere.
Por eso es que muchos cafetaleros —grandes, medianos y pequeños— tienen problemas financieros. El Gobierno ha anunciado que dispone de 40 millones de córdobas para ayudar a los pequeños productores que se estima son unos 28 mil. Pero los medianos y grandes caficultores, que son pocos relativamente pero que producen el 70 por ciento de todo el café de Nicaragua, también reclaman la intervención financiera del Gobierno a su favor.
Uno de los voceros de ese sector del gremio, el señor Eduardo Rizo, ha amenazado en repetidas ocasiones con movilizar a Managua a los trabajadores de las fincas para presionar al Gobierno. Recientemente dijo: “…estamos llegando a un punto en que no vamos a poder mantener a una gran cantidad de trabajadores en nuestras propiedades y vamos a tener que traerlos a la capital donde está el Gobierno, a ver qué respuesta les da”.
El caficultor mencionado agregó que “Lo más correcto es que diga el Gobierno si hay o no solución al problema de la caficultura, y así vamos a ver qué vamos a hacer”. Lo expresado por el señor Eduardo Rizo es preocupante, ya que pretende poner sobre los hombros del Gobierno un problema que no ha sido causado por él ni está en su capacidad solucionarlo. Porque no es ninguna solución que el Gobierno meta dinero en una actividad que hoy por hoy no se presenta como promisoria ni rentable.
La situación de la caficultura debe ser enfrentada con mayor responsabilidad y seriedad. Se trata de un problema estructural, de sobreproducción mundial y, por lo tanto, pedirle al Gobierno “que diga si hay o no solución” es irresponsable. Es cierto que mucha gente pobre deriva una buena parte de sus ingresos del trabajo que hacen en las fincas cafetaleras, especialmente en la época de corte. Pero el problema, en todo caso, es de pobreza y falta de empleo, y como tal debe ser visto por el Gobierno. Muy mal haría éste si creyera que puede —y que es su responsabilidad— “salvar” la caficultura. Los cafetaleros, como cualquier otro gremio de productores, no pueden pretender que el Gobierno tome dinero que pudiera ser invertido en otras actividades, para transferirlo a una actividad que genera pérdidas.
Gran parte del problema de los grandes productores es que producen ineficientemente y que jamás se han preocupado por diversificar sus actividades. Mientras en Nicaragua el promedio de producción por manzana anda por los 10 quintales aproximadamente, en otros países es de 30 y hasta 40 quintales. El país no puede continuar dependiendo de productos que cada vez se venden más baratos en el mercado mundial. El café sigue representando casi un 27 por ciento de nuestras exportaciones, en tanto que en Costa Rica, donde se han preocupado más por diversificar la producción, el café representa sólo un 5 por ciento de sus exportaciones.
Algunos caficultores alegan que el precio no puede permanecer bajo indefinidamente, y que tendrá que repuntar cuando la producción mundial —debido precisamente a los bajos precios— se contraiga. Se trata entonces, de acuerdo a ese razonamiento, de esperar a que el precio suba otra vez, pero mientras tanto los caficultores pretenden que el Gobierno cubra el monto de las pérdidas. Ese razonamiento es casi como poner las esperanzas en la lotería para hacerse rico, y retarda la dura pero necesaria decisión que implica la diversificación y la búsqueda de actividades más rentables.
Mientras más pronto los caficultores tomen conciencia de que el “grano de oro” ha dejado de serlo, más rápidamente harán lo que tienen que hacer. Por otro lado, cualquier intervención del Gobierno en el problema debe ser teniendo en mente que no es su responsabilidad “salvar” algo que no es salvable con sólo poner dinero. Ambas partes deben actuar de manera responsable.
