Jaime Pérez Alonso
Admirable y salomónica, a todas luces, la sentencia dictada por la juez Gertrudis Arias, una sencilla mujer proveniente de los más humildes estratos campesinos de nuestro pueblo y que hoy, en una valiente defensa de la justicia, condenó un estado ya crónico de corrupción institucionalizada, producto ésta de desalmados jerarcas de la infamia. Fue así como, mediante una resolución inspirada por el más noble patriotismo, la juez Arias rehabilitó la humillada dignidad de la República. Como era de esperarse, la ovación popular ha sido unánime mientras que, por otro lado, la “jurisprudencia” mercenaria de los ambiciosos y corruptos comienza, desde ahora, a pretender confundir a la opinión pública empañando con alambicados formulismos y retorcidos argumentos sacados apresuradamente de la manga, este gran resurgimiento de la justicia en nuestro país.
Y, junto a los defraudadores delincuentes que se oponen al cumplimiento del fallo, se encuentran aquellos otros que, a pesar de haber sido encargados de velar por los intereses del pueblo, callaron y ocultaron cobardemente su rostro ante los desfalcos más abominables y desalmados de la cosa pública, haciéndose así copartícipe del crimen, en este caso, de lesa patria.
Todo este rubricado de manera inconfundible con ese silencio culpable que caracteriza a quienes hipotecan su honor y su conciencia servilmente ante la voluntad omnímoda y esclavizante del hombre fuerte que detenta el poder político a su capricho y antojo y al margen de la ley. Y luego vienen los otros, los hoy condenados, quienes no salen aún de su asombro ante la “injusticia” de que han sido objeto por cuanto, alegan, todo lo que ellos hicieron fue obedecer órdenes superiores que les llegaban desde lo más alto de la pirámide política. Aquí, inevitablemente, entramos de lleno en un planteamiento ético-moral. Y es que la obediencia ciega a la autoridad no es aceptable como justificación en ningún caso.
Esto ni siquiera en el terreno militar, ya que ningún oficial puede obligar a ningún soldado a asesinar a un prisionero de guerra, por cuanto la Convención de Ginebra lo condena explícitamente. A nivel de gobierno habría que analizar la naturaleza y el alcance de la orden, especialmente cuando la intención oculta es un robo manifiesto ejecutado éste mediante una sofisticada logística de transferencias institucionales, como parece haber sido la empleada en casi todas las grandes estafas descubiertas recientemente en el país.
Y es que, si profundizamos en el problema del origen de la corrupción, veremos que ésta nace, en gran parte, de ese enjambre de altos ejecutivos de cuello blanco, así como de políticos de nuevo cuño, que provenientes de Miami o de la empresa privada, han logrado escalar, mediante humillantes intrigas cabilderas, altos y jugosos puestos en los dos últimos gobiernos con el objetivo único de enriquecerse rápidamente y con el mínimo de esfuerzo. Finalmente existen aquellos aventureros ocasionales o “soldados de fortuna” los cuales, surgiendo de la nada, se disfrazan de políticos militantes para convertirse a continuación en los desvergonzados incondicionales de los déspotas de turno. Todos ellos, por igual, bucaneros de la más triste delincuencia, quieren enriquecerse sin trabajar o, lo que es peor, escamoteando el producto del trabajo de otros. En este caso, del pueblo que languidece en la más abyecta de las miserias. Este obscuro objetivo es realizado pacientemente y en la sombra aún cuando, en el proceso, el infractor tenga que renunciar a su prestigio profesional (si lo tiene), así como a su propia dignidad personal. Y así lo han venido haciendo, hasta ahora que la juez Arias ha blandido ante ellos la espada de la justicia.
Y es que ahora, ante la delincuencia organizada en mafia enemiga del orden y del progreso, y enfrentándola con un gran ejemplo de honradez, desinterés y patriotismo y valentía, se yergue, luminosa y dignificante, el lapidario fallo de una humilde juez, fallo cuya trascendencia moral pareciera mostrarles a todos por igual el camino de la dignidad personal, de la responsabilidad ciudadana, y de ese sentido de generosa humanidad que debemos de tener para con los miserables y desheredados de nuestro pueblo.
El autor es escritor.
