Actitudes caudillescas ponen en crisis a UPN

Rosario Montenegro Zeledón

El 23 de marzo del 2002 debió desarrollarse la elección honesta, limpia y transparente de nuevas autoridades de la Unión de Periodistas de Nicaragua (UPN).

Se inscribieron seis afiliados para disputarse diferentes cargos y dos mujeres que aspiraban a la Presidencia, pero hoy la organización se encuentra acéfala porque en el Congreso ocurrieron hechos similares a los que criticamos a algunos políticos, como la utilización de portátiles para imponer posiciones.

El Congreso es la máxima autoridad, pero no puede atropellar la legalidad, irrespetar reglamentos de sus demás estructuras o burlar a quienes confiaron en el desarrollo de una justa electoral y se inscribieron como candidatos, cumpliendo los requisitos.

Días antes del Congreso corrió el “rumor” de que Juan Alberto Henríquez buscaría una reelección para un tercer período consecutivo, o en su defecto una autorización para prolongar su mandato por un año más.

Confieso que no di crédito a esos “rumores”, que en períodos electorales suelen ser comunes.

Sin embargo, como Secretaria del Comité Electoral pregunté al Presidente de UPN si realmente quería reelegirse y me pidió que no me hiciera eco de los rumores de mis “amigos”.

También le sugerí que por la transparencia de la organización periodística de mayor trayectoria, hiciera pública la propuesta de agenda para el Congreso, ya que eso dilucidaría cualquier rumor.

A regañadientes y bajo la advertencia de que el Comité Electoral no realizaría inscripción de candidatos mientras no tuviéramos dicha propuesta, Enríquez entregó la Agenda el 20 de marzo, un día antes del cierre oficial de inscripciones de candidatos.

Pero no la hizo pública a los afiliados. Es más, ni siquiera el día del Congreso la tenía a mano, mucho menos que la entregara o la pusiera en un lugar visible para que los miembros supieran qué era lo que iban aprobar o reformar.

Yo, que sí tuve acceso a la Agenda, detecté algunas “imprecisiones”. Por ejemplo, el primer punto era el nombramiento de un nuevo Comité Electoral para que concluyera las elecciones (¿?), o sea que la estructura que realizó la convocatoria estableció los requisitos, elaboró el reglamento electoral e inscribió a los candidatos, debía entregar a otro recién electo para concluir ese proceso. Debo admitir que ese procedimiento anómalo de que uno lo empieza y otro lo termina, se ha dado en otros congresos, pero al final fue corregido.

Lo que nadie pudo evitar fue la aspiración del presidente saliente por reelegirse, alentado por algunos colegas y otros que no sé si lo son, pues no contamos con un padrón actualizado que nos garantice que todos los inscritos sean afiliados.

Tampoco se pudo evitar que la vacante que dejó José Esteban Quezada en el Comité Electoral fuera ocupada por uno de los impulsores de la reelección. Tampoco que el Presidente del Comité Electoral mostrara abiertamente su parcialidad al decir que las elecciones se posponían para dentro de un año y que mientras tanto la junta directiva saliente quedaba al frente, coincidiendo con la propuesta pro-reelección y los “rumores” antes mencionados.

Soy contraria a la reelección. Como miembro del Comité Electoral estaba obligada a respetar a los inscritos, sin respaldar a ninguno de ellos.

Por todo eso, luego de la conclusión del Congreso en donde finalmente se pospuso la elección para dentro de 30 días, dejando la posibilidad de nuevas inscripciones, entre las que por supuesto no se descarta la del ex Presidente de UPN, tomé la decisión de renunciar a la Secretaría del Comité Electoral.

Finalmente, en vista de que, al parecer, los estatutos reformados en el último Congreso no fueron publicados en el diario oficial La Gaceta, nos encontraríamos que los estatutos válidos son los que en su artículo 24 establecen: “Los miembros de la Junta Directiva serán electos cada dos años y no podrán ser reelectos en períodos consecutivos para el mismo cargo”. Esto puede ser dilucidado por el Ministerio de Gobernación, que debe pronunciarse pronto para evitar mayores daños a la UPN.

Y para mientras, creo que el Tribunal de Honor debe asumir la conducción de la organización para que no continúe acéfala.

La autora es periodista, ex secretaria del Comité Electoral de UPN.  

Editorial
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