Se percibe en la población gran inquietud y preocupación ante las posibles alzas en las tarifas de algunos servicios públicos. Aún no se conoce el monto de los incrementos, pero se sabe que tarde o temprano los bolsillos de la ciudadanía van a sentir su impacto.
Esa situación ha puesto en movimiento a muchos demagogos cuya línea de pensamiento es más o menos la siguiente: “el problema está en que los servicios de luz y teléfonos se han privatizado, y como a los capitalistas lo único que les interesa es maximizar el rendimiento de su inversión, pues éstos subirán las tarifas sin que les importe en lo más mínimo el sufrimiento que le causarán al pueblo”.
Ese argumento parte de la premisa de que si la prestación de los servicios públicos está totalmente en manos del Estado no tendría que haber incremento de precios porque el sector público no busca utilidades y se preocupa más por la población. Pero, ¿es acaso cierto eso?
La falsa creencia de que al Estado no le cuestan los servicios, y que por consiguiente puede ser “generoso” con la población, sigue vigente entre muchas personas. La producción de todos los bienes y servicios tiene un costo, y por lo tanto éstos no pueden llegar gratis a los usuarios o a un precio inferior al que cuesta producirlos y distribuirlos. Cuando eso sucede es porque existen los famosos subsidios. Pero hay que tener claro también que los subsidios no caen del cielo. Ellos representan una cierta cantidad de dinero que tiene que ser pagada por alguien, y ese alguien es usualmente el pueblo mismo que lo aporta a través del pago de impuestos.
Por otro lado, también es falsa la creencia de que cuando los servicios públicos son proporcionados por el Estado, el precio —o tarifa— de los mismos puede ser menor porque éste no busca utilidades. A quienes así piensan se les olvida que las inversiones que hay que hacer para mantener o aumentar la cobertura del servicio tienen que provenir de préstamos o de utilidades. Y los préstamos, recordemos, tienen que ser pagados. Lo cierto es que no puede haber mejoramiento ni ampliación del servicio si no hay utilidades, independientemente de que la empresa prestadora del servicio sea pública o privada.
Hace poco pudimos observar un ejemplo de la falsa creencia de que cuando el Estado es el que brinda los servicios no hay problemas para los usuarios. Sucede que la empresa aguadora estatal, Enacal, tenía una deuda pendiente de pago con Unión Fenosa, una empresa privada distribuidora de energía. La primera no pagaba la deuda y la segunda le cortó el servicio. Algunos creen que eso no hubiera sucedido si la distribuidora de energía hubiese estado en manos del Estado, y es posible que así sucediera, porque entre las empresas estatales “se hubiesen entendido”. Pero eso sólo se podría haber logrado al costo de operar sin disciplina ni eficiencia en ambas empresas, lo que a fuerzas tendría que traducirse en un deterioro de la calidad y cantidad del servicio en el mediano y largo plazo. Pero como en este caso una de las empresas, Unión Fenosa, es privada, obligó a la empresa estatal Enacal a pagar lo que debía. El resultado de eso es que de ahora en adelante Enacal tendrá que ser más responsable y disciplinada en el pago de sus obligaciones. La responsabilidad y la disciplina llevan a la eficiencia, y la eficiencia conduce a un buen servicio para la población.
Existen los entes reguladores que supervisan y deciden cualquier aumento de tarifas. Es necesario que ellos abran bien los ojos y que analicen muy detenidamente los aumentos solicitados por las empresas privadas que brindan servicios públicos, pero también es necesario erradicar los viejos mitos y sofismas socialistas que satanizan la propiedad privada y le atribuyen al Estado una capacidad y generosidad que la historia se ha encargado de probar que no existen. Está probado, más bien, que ahí donde la empresa privada opera en condiciones de competencia, existen mejores productos y servicios. Y si competencia es lo que falta, habrá en todo caso que fomentarla, pero es infantil e irresponsable condenar la privatización.
