El hecho de que un juez dicte auto de segura y formal prisión en un proceso en el que hay suficientes evidencias y pruebas de que los encausados son culpables o cómplices del delito que se les imputa —como es, sin dudas, el caso del fraude millonario en el estatal Canal 6 de Televisión—, es algo absolutamente normal y una noticia más entre las muchas informaciones judiciales que se publican a diario en los medios de comunicación.
Sin embargo, el auto de segura y formal prisión que dictó ayer la juez Gertrudis Arias contra varios acusados en el caso del Canal 6, porque los consideró culpables de los delitos de fraude y asociación ilícita para delinquir, y el haber dejado abierta la causa para procesar al ex presidente Arnoldo Alemán y a otras personas que formaron parte del gobierno anterior o que son funcionarios del gobierno actual —inclusive algunas que tienen inmunidad parlamentaria—, a fin de que respondan ante un juez por los mismos cargos, conmovió a la opinión pública nicaragüense y ha trascendido al ámbito internacional.
Es comprensible que así sea, pues, tal como dijimos en el Editorial del martes de la semana pasada (“También los grandotes caen”, LA PRENSA, 19 de marzo de 2002), el fraude en el estatal Canal 6 de Televisión “es un asunto pequeño pero emblemático de la corrupción que hubo en el gobierno anterior, porque es el primero en el que el gobierno del presidente Bolaños se involucra de manera directa y a fondo”, y porque “podría servir para comenzar a desenredar la madeja de toda la alucinante e inverosímil corrupción alemancista”.
Pero, además, la sentencia de la juez Gertrudis Arias tiene una significación histórica debido a la envergadura de algunos personajes involucrados en el caso, ante todo, del poderoso ex presidente Arnoldo Alemán. Y también es trascendental el auto de prisión que dictó ayer la juez Arias, porque crea la posibilidad real de que el presidente Arnoldo Alemán y otros miembros de la cúpula del gobierno anterior, pudieran ser juzgados y condenados por corrupción, a pesar de que el pacto libero-sandinista fue establecido precisamente para, entre otras cosas, garantizar la impunidad de los corruptos.
Ahora bien, a pesar de que las evidencias y pruebas en que se basó la juez Gertrudis Arias para dictar el auto de prisión de ayer, fueron incuestionables, y por lo tanto el tribunal de apelaciones que va a examinarlo debe confirmarlo si es que actúa conforme a derecho y no se deja influir por ninguna clase de presiones, tampoco hay que descartar la posibilidad de que una vez más la justicia actúe de manera política, partidista e injusta, y que para favorecer a los corruptos y dejar en indefensión a los ciudadanos el tribunal de apelaciones revoque la sentencia de la juez Arias. En Nicaragua todo sucede y puede suceder, aún lo inverosímil.
Las actuales circunstancias nacionales e internacionales —decisión del presidente Bolaños de luchar a fondo contra la corrupción, voluntad del gobierno norteamericano de ayudar efectivamente a combatir contra los corruptos, presión internacional en pro de la integridad, y la creciente necesidad ciudadana de extirpar ese cáncer de la sociedad—, son favorables al enjuiciamiento y castigo de los corruptos, aún los más poderosos, inmunes e impunes. En todo caso, el éxito de la lucha contra la corrupción dependerá de que el gobierno del Presidente Bolaños no se arredre ni aún ante el enjuiciamiento del mismo Arnoldo Alemán, y que se procure el respaldo efectivo de la población.
En lo que respecta a la juez Gertrudis Arias, cualquiera que sea el resultado de este proceso ella ya se consagró en la historia de Nicaragua como una heroína nacional de la justicia y de la lucha contra los corruptos. Y además ha demostrado que hay una reserva moral en el Poder Judicial y que la sociedad nicaragüense todavía puede tener esperanza en la justicia.
También es necesario reconocer el mérito del procurador especial Alberto Novoa, cuya brillante y firme actuación profesional coadyuvó de manera determinante para que la primera fase de este proceso pudiera culminar con la sentencia condenatoria a los acusados, y la apertura de causa a los otros involucrados.
