El Consejo Supremo Electoral (CSE), dio a conocer la semana pasada el Reglamento de Etica que va a “regular el ejercicio del derecho de las organizaciones políticas participantes en las elecciones del 4 de noviembre del año dos mil uno… relativo a las normas de conducta de los candidatos y ciudadanos en general durante el desarrollo del proceso electoral y la campaña electoral”.
Las regulaciones éticas de las campañas electorales, como se sabe, son actualmente parte sustantiva del derecho político universal que rige las consultas populares en todos los países donde los ciudadanos eligen democráticamente a sus gobernantes y representantes. La ética electoral se basa en el principio de que las campañas políticas son competencias civilizadas por la conquista del poder, no combates a muerte como los de los gladiadores en la antigua Roma, y de que en las votaciones, inevitablemente unos ganan y otros pierden pero al final todos salen beneficiados, porque cada elección democrática, limpia y ética fortalece la convivencia pacífica de la sociedad.
Según los principios de la ética electoral, en la competencia política cívica no deben tener cabida ni siquiera las ofensas personales, mucho menos las agresiones físicas, el irrespeto a la ley ni la alteración de la tranquilidad social. O sea que los procesos electorales deben ser como escuelas de educación política y cívica, pues se trata de conquistar el poder por medio del procedimiento más civilizado de la historia, como es la votación democrática.
La ética electoral se basa también en la idea de que independientemente de que en las elecciones siempre hay vencedores y vencidos, sin embargo, todos los participantes deben sentirse satisfechos con sus resultados, y respetarlos, porque quienes no ganaron las elecciones tampoco perdieron sus derechos ni su dignidad; y además, porque cada elección libre es un triunfo de la institucionalidad, la legalidad, la democracia y la paz. De allí que la ética electoral apunte ante todo a evitar que se fomenten antagonismos que degeneren en odio, agresiones y venganzas partidistas y personales.
Por otra parte, la ética electoral involucra y compromete no sólo a los partidos políticos y los candidatos, sino también a todos los que participan directa e indirectamente en los procesos y campañas políticas: autoridades públicas; medios de información, publicidad y comunicación en general; empresas privadas; y los ciudadanos, cuya voluntad e intereses son el principio y fin de la institución electoral.
La regulación ética electoral afecta igualmente los intereses externos del país, pues la comunidad internacional reconoce los resultados de una elección y coopera más o menos con los países que lo necesitan, según sea la legitimidad política y ética de sus procesos electorales. Por eso es que el representante de las Naciones Unidas en Nicaragua, Carmelo Angulo, advirtió en la entrevista de fondo de LA PRENSA de ayer domingo que “en la medida que haya una campaña correcta, propositiva, limpia, nítida; y en la medida de (que) las señales que se den desde los nuevos gobiernos sean dentro de la racionalidad, la sensatez de los compromisos que ha ido construyendo Nicaragua, creo que de alguna forma el compromiso de la comunidad internacional seguirá”.
Pero la validez y eficacia de la ética electoral no depende de ella misma. Depende de que los partidos y los candidatos (algunos de los cuales, para justificar sus actitudes antiéticas suelen decir que ellos no son ángeles), las autoridades, los medios de comunicación, la sociedad y los ciudadanos, la respeten y actúen en consecuencia con sus principios y sus normas.
Finalmente, sería bueno que se incluyera en las normas de ética electoral la de que los políticos deben cumplir sus promesas de campaña, cuando ya están en el poder; y que quienes se burlen de los ciudadanos con promesas falsas deberían asumir responsabilidades civiles e inclusive penales por su incumplimiento, salvo que demuestren la imposibilidad material y jurídica de honrar sus compromisos. Así se evitarían hechos lamentables y bochornosos, como los choques violentos entre partidarios liberales y sandinistas que ocurrieron el viernes pasado en la Alcaldía de Managua, debido a que el alcalde del FSLN, Herty Lewites, no ha comenzado a cumplir su promesa electoral de titulación de propiedades.
