María Luisa Acosta*
El problema de la propiedad ha sido considerado por el Estado, la sociedad civil y la comunidad internacional, como uno de los problemas más complejos en Nicaragua. Sin embargo, cuando se aborda este tema no se considera como parte del mismo la falta de demarcación, por parte del Estado, de las tierras indígenas de la Costa Atlántica de Nicaragua.
La falta de demarcación de las tierras indígenas en la Costa Atlántica de Nicaragua genera falta de certeza jurídica sobre la propiedad en nuestro país. Pero éste no es un asunto que solamente las afecte a ella, éste tiene directa relación con la falta de certeza jurídica para que se pueda desarrollar la Costa Atlántica y así se genere desarrollo humano y económico con equidad en la zona, y que éste contribuya al desarrollo de todo el país.
Actualmente mucha de la inversión que aparece en la Costa Atlántica tiene base en alianzas con políticos, nacionales, regionales o municipales, que les facilitan a los empresarios el acceso a los recursos naturales y a tierras tradicionalmente comunales; sin tomar en cuenta los derechos de estos pueblos establecidos en la Constitución Política de Nicaragua y en el Estatuto de Autonomía. Lo que genera conflictos legales y políticos entre las comunidades y el Estado. Y de ninguna manera asegura desarrollo sostenible para el país, ya que se basa en alianzas temporales, que generalmente hacen que las inversiones duren lo que los aliados políticos de los empresarios duran en el poder.
Tal situación se ha convertido en un círculo vicioso que genera resentimiento entre las comunidades en contra de la clase política de turno y desconfianza e inestabilidad hacia el futuro, previniendo lograr una verdadera integración entre las Regiones Autónomas y el resto de Nicaragua. Y es que los políticos nicaragüenses perciben a la Costa Atlántica como una enorme reserva de recursos naturales que no tiene dueño.
Sin embargo, cuando la Costa Atlántica fue incorporada al territorio nacional ésta ya era un territorio definido y sus pobladores, las comunidades étnicas y los pueblos indígenas, ya tenían una identidad cultural y política propias que todavía preservan. Lo anterior fue reconocido, después de cruentos enfrentamientos de éstas con el Estado en 1987, por la Constitución Política de Nicaragua y el Estatuto de Autonomía.
La Constitución de 1987 estableció un nuevo contrato social con los pueblos indígenas y comunidades étnicas de la Costa Atlántica, y en expresa alusión a ellos, reconoció que el de Nicaragua es un pueblo multiétnico, multilingüe y pluricultural. Sin embargo, el cambio de actitud constitucional no necesariamente significó un cambio de actitud en la clase dominante y política del país. Y muchos de estos reconocimientos hechos a la realidad nacional quedaron en normas que no generaron acción gubernamental alguna para ser efectivamente aplicados.
La Constitución y el Estatuto de Autonomía reconocen a los pueblos indígenas, como sujetos y actores de su propio futuro y como dueños de la propiedad comunal; tenida de manera colectiva y constituida por las tierras, aguas y bosques, que les han pertenecido tradicionalmente y por lo tanto, reconoce que estos pueblos tienen derecho al uso, goce y disfrute de las mismas; además la Constitución protege la propiedad comunal junto a las otras formas de propiedad, y crea para ella un régimen de protección especial (Art. 5,89 y 180 Cn. y 36 E.A.).
Ante la Asamblea Nacional, desde hace varios años, se encuentran algunos anteproyectos de ley para reglamentar el Estatuto de Autonomía; desde octubre de 1998 está el Anteproyecto de Ley Orgánica que Regula el Régimen de Propiedad Comunal de las Comunidades Indígenas de la Costa Atlántica y Bosawás, presentada por el Presidente Alemán. Y desde septiembre del 2000, después de una amplia consulta con las comunidades étnicas y pueblos indígenas, una iniciativa de ley que ambos Consejos Regionales denominaron “Ley de Régimen de la Propiedad Comunal de los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas de la Costa Atlántica, los ríos Bocay, Coco e Indio-Maíz”, donde las comunidades expresaron su sentir sobre la tierra comunal tradicional indígena en la Costa Atlántica de Nicaragua y establecen su visión de cómo debe ser regulado el régimen de tierras comunales en la Costa Atlántica de Nicaragua.
La Asamblea Nacional de Nicaragua debe tomar la responsabilidad de fortalecer nuestro Estado de Derecho, aprobando las leyes sobre la reglamentación del Estatuto de Autonomía y el Régimen de Propiedad Comunal de la Costa Atlántica, para también contribuir a la unidad nacional y crear desarrollo con equidad, no sólo para las comunidades de la Costa Atlántica, sino para todos los nicaragüenses.
La autora es abogada consultora.
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