Marco A. Valle Martínez *
La tasa de crecimiento de la población, la estructura de edades, la insuficiente capacidad de generación de empleos, acceso a la educación y servicios de salud, la debilidad de los controles sociales, la corrupción y crisis de valores, son factores asociados al crecimiento de la violencia y criminalidad en Nicaragua, y particularmente en Managua. En este artículo, privilegiamos los elementos demográficos.
Nuestro país tiene una tasa de crecimiento poblacional de aproximadamente 2.7%, siendo de las más altas de América Latina, simultáneamente comparte con Honduras, Guatemala y Haití los primeros lugares en tasa de fecundidad la que ronda los 5 hijos, tiene una población joven ya que alrededor del 58% es menor de 21 años y, los movimientos migratorios internos tienen a Managua entre sus direcciones principales.
El departamento de Managua posee, después de Masaya, la mayor densidad de población con cerca de 337 habitantes por kilómetro cuadrado, mientras en la capital residen un poco más del millón de personas, por lo menos el 30% de los hogares tienen a la cabeza a mujeres de las que no menos del 45% están desempleadas y recepciona entre el 35 y 40% de las migraciones internas que, en su mayoría tienen más hijos que el promedio nacional y nivel educacional más bajo que los de las zonas urbanas.
Agréguese los persistentes problemas de tenencia de la tierra, vivienda, agua, energía eléctrica, basura y falta de espacios culturales que agobian a los y las residentes de la capital.
Como podemos ver, este panorama de urbanización contaminada revela condiciones que contribuyen al ascenso de la violencia y criminalidad. Está cruzado por una estructura de edad en que prevalece una cohorte joven que tiene escasa capacidad de generar recursos, mientras sí tiene necesidades –alimentación, educación, salud, y cultura entre otros- que la familia y la sociedad deben satisfacer para transformarlos en adultos productivos. Mas lo que sucede es que los adultos tienen reducidas esperanzas de conseguir empleo, la cohorte joven tiene un coeficiente alto de dependencia familiar y la mayoría vive en la pobreza o la pobreza extrema, en tanto los adultos jóvenes que están buscando construir su vida independiente difícilmente encuentran trabajo, además que su nivel de educación es precario, lo que les produce frustraciones profundas ya que se corta su proyecto de vida. Bajo ese cuadro, la propensión al crimen está a la orden del día.
Del mismo modo se interrelaciona el asunto de la vivienda, grave en el caso de Managua. Supuestamente es el espacio privado por excelencia, pero se ha convertido en espacio público conflictivo, debido a su concentración poblacional –en parte por las migraciones-, donde difícilmente se respira un ambiente idílico aunque en la familia haya gente empleada o subempleada. Por otro lado, el ambiente es más difícil en las que reina el desempleo, incidiendo, en algunos casos, en la producción de víctimas de violencia intrafamiliar, vecinal, delitos sexuales, así como en jóvenes –y adultos jóvenes- que se incorporan en pandillas, se dedican a la narcoactividad, lo mismo que a cometer delitos contra las personas o la propiedad.
El problema, entonces, no son los adolescentes, jóvenes, ni jóvenes adultos en sí, sino los problemas estructurales y la ausencia de voluntad nacional que dificulta una mejor implementación de los programas de población, de prevención de la criminalidad y, los orientados a superar la pobreza. La puesta en marcha de una voluntad local participativa es decisiva en Managua.
No hay que perder de vista que Nicaragua -con México y Ecuador-, mantendrá un grueso de jóvenes y adultos jóvenes en el siglo XXI y, por tanto es imprescindible ponerle atención a la demografía, factor clave para contener el nivel de peligrosidad de la criminalidad.
*Consultor en Seguridad Ciudadana
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