Eduardo A. Castillo
La pérdida de confianza en las instituciones es un fenómeno alarmante. No tanto por las instituciones en sí sino por las prácticas desleales que están detrás de esta pérdida de confianza y por lo común y cotidianas que estas prácticas se van haciendo entre la población.
Tal es el caso de las famosas “mordidas” con las que no pocos policías resuelven las infracciones al tráfico, fenómeno considerado “beneficioso” tanto para conductores como para oficiales, manejado con tal discreción que nadie podría demostrarlas ante la ley y que difícilmente ofenden a alguna de las partes involucradas.
Peor es el caso de las infracciones ficticias. Si por alguna razón un ciudadano quisiera hacer ver a un policía que la infracción es incorrecta, el civil sería el más perjudicado. Aunque entablare con el policía una discusión decente o le solicitare a éste su identificación para apelar su decisión –de lo cual tiene todo el derecho–, no es extraño que, además de la infracción original, se le aplique otra multa por irrespeto a la autoridad a sabiendas que tanto la primera como la otra son infracciones ficticias. Casos de éstos suceden a diario.
Aunque afortunadamente siempre en las instituciones hay excepciones, es sorprendente ver lo cotidiano que se han hecho estas prácticas y lo acostumbrados que estamos a ellas.
Este caso de la infracción es minúsculo en comparación con otros en los que los ciudadanos llevamos las de perder ante quienes aplican las leyes. Se nos sugiere tener el valor de denunciar las arbitrariedades y la corrupción… pero con pruebas. La realidad, sin embargo, descubre a una población maniatada frente a toda una estructura legal que defiende a los que tienen el poder, o bien, descubre un círculo de poder donde los intereses compartidos hacen que nos encubramos unos a otros en nuestras irregularidades. Entonces, lo moralmente ilícito se hace legalmente lícito y no queda más que lanzar las palabras a los vientos o tragárnoslas.
Vale recordar el llamado radical que se hace en las lecturas sugeridas para la celebración del Jubileo este año, respecto a la aplicación de la justicia en el pueblo de Israel (Levítico 25, 8-55). El llamado de Dios a través de Moisés, dirigido de forma directa a las estructuras de poder de ese tiempo y a favor de los sometidos por éstas, quizá nos revelen que quedan varias celebraciones jubilares pendientes en nuestro país, principalmente aquéllas en que Dios nos recomienda ser indulgentes entre nosotros mismos.
Se vienen a la mente casos concretos: el ya casi olvidado accidente de los obreros intoxicados de la Zona Franca, la muerte del campesino Pablo Leal, la “sin remedio” de las cooperativas campesinas que por falta de crédito han vendido sus tierras a precio de “guate mojado” a ciudadanos con el poder suficiente para devolverles una esperanza, o las familias de Posoltega y Tepalón que aún viven indignamente quizá porque nunca les llegó el dinero que se invirtió en la terraza de Pochomil… y otros más.
Ciertamente, éstos son casos que interpelan nuestra conciencia y nuestra responsabilidad en el progreso común de toda la sociedad. Ojalá nuestra fe sea suficiente para que nuestras celebraciones jubilares no sólo nos alcancen de Dios las indulgencias necesarias para restablecer el orden social en los términos que propone el libro del Levítico. Ojalá que también nos hagan conscientes de la responsabilidad que compartimos en este restablecimiento social, por ser nosotros parte activa del pueblo de Dios. Así el año jubilar nos dejará más razones para seguir celebrando.
El autor es Ingeniero en Computación Comunidad de Vida Cristiana CVX.
