- Es necesaria la discusión amplia del marco jurídico y de políticas que debe normar las relaciones que abren estos procesos de privatización
Víctor Manuel Campos
La privatización de Enel ha sido abordada de distintos ángulos, pero todavía no se ha valorado a profundidad las consecuencias ambientales que este proceso puede provocar si no es manejado apropiadamente, probablemente la decisión de la privatización del sistema de generación, distribución y comercialización de la energía sea la decisión más importante tomada hasta hoy por el actual gobierno en términos ambientales, sólo podría ser superada, si es que sucede su aprobación, por la construcción de una, o varias de las alternativas canaleras que actualmente se encuentran en la Asamblea Nacional para su aprobación.
Como todos sabemos, recientemente se privatizó la red de distribución de energía junto con la concesión para la explotación comercial de la misma, asignándosele dicha concesión a una empresa española, que copó la compra de las dos empresas distribuidoras, formadas a partir de la segmentación de ENEL, estableciendo un monopolio sobre la compra de energía para su posterior comercialización a los distintos usuarios.
Al establecerse un monopolio en la compra de energía para su comercialización, la empresa tendrá en sus manos la facultad de decidir sobre la fuente de generación que más convenga a sus intereses, los cuales obviamente no coinciden con los del país, el que está urgido de conseguir la autosuficiencia energética a través de fuentes generadoras menos contaminantes y degradantes que la quema de hidrocarburos y tampoco coincide con el interés de los usuarios de conseguir mejores precios con la cuota más baja de costos ambientales.
Resulta obvio que un monopolio en la compra de energía sólo favorecerá a los dueños del monopolio y a los funcionarios gubernamentales, de los cuales dependa el establecimiento de las tarifas y la administración del marco regulador de la política energética en el país, lo que puede provocar consecuencias imprevisibles sobre la población y el medio ambiente.
Si bien es cierto que el déficit de energía eléctrica, en determinado momento requirió generar a base de hidrocarburos, también es cierto que la política energética debió prever la incorporación de fuentes alternas a mediano y largo plazo, que redujera los costos de generación y el precio al consumidor, a la vez que dicha generación resultara menos agresiva con el medio ambiente.
La decisión del BID de prohibir que el gobierno honrara su contrato con la empresa que ofertó para generar con energía eólica, de manera consciente o no, crea una atmósfera de inestabilidad a la inversión en este rubro, causado únicamente por la voluntad de un organismo prestatario que dice ser defensor y propulsor de un clima de estabilidad para la inversión, pero con esta decisión le está causando daño al medio ambiente y por ende al país. Es más, fortalece la decisión de política energética de generar con hidrocarburos, lo que ha sido apoyado decididamente por la política crediticia del BID hacia nuestro país.
Por otro lado, la privatización de las plantas hidroeléctricas le está cediendo el derecho del estado nicaragüense a utilizar el agua a perpetuidad, de los distintos embalses (Apanás, Sta. Bárbara, etc.) a empresas privadas que luego nos van a vender la energía que puedan generar con ella, a través de la empresa comercializadora que ya privatizaron. El estado nicaragüense recibirá unos cuantos millones y entregará a cambio las plantas generadoras y la concesión del uso de nuestros recursos y condiciones naturales.
Eso no parecería tan malo si se tuviera la certeza, que esa empresa privada que va a usufructuar nuestros recursos naturales, garantizará que se siga produciendo agua en la cuenca de los embalses y parte de los ingresos que se produzcan por la generación de energía, fueran invertidos en el manejo apropiado de la misma, a través de los productores agropecuarios y se lograra de esta manera, estabilizar estos ecosistemas que se encuentran bastante degradados.
Es necesaria la discusión amplia del marco jurídico y de políticas que debe normar las relaciones que abren estos procesos de privatización entre los nuevos actores que adquieren responsabilidad en el uso de nuestros recursos naturales (estado, empresa privada, pequeños productores, etc.) aspectos, que hasta donde entendemos no fueron suficientemente incorporados en el Plan de Acción Ambiental recientemente discutido.
* El autor es Investigador Asociado, Centro Humboldt.
