Una de las peores desgracias de muchos países pobres y atrasados es que ellos mismos ahuyentan las inversiones extranjeras que más necesitan para impulsar el crecimiento económico y el desarrollo social. Las espantan con falta de reglas de juego claras, estables y respetables; con leyes demagógicas y paternalistas; con paranoias ambientalistas, con impuestos excesivos; con la inseguridad pública; con la inestabilidad de las instituciones; con la corrupción, etc., etc.
Pero las inversiones extranjeras también son ahuyentadas por las condiciones que imponen ciertos organismos financieros internacionales que “ayudan” a los países pobres y dependientes, y que por eso mismo asumen de hecho la conducción de sus políticas económicas.
Tal es, por ejemplo, el caso de las inversión frustrada en el sector de generación eléctrica, de la empresa española Iberdrola, que según las informaciones prácticamente ha suspendido una millonaria inversión para la producción de energía eléctrica a base de fuente eólica, en Rivas, debido a un incumplimiento de convenio por parte del gobierno de Nicaragua que a su vez ha sido forzado por los organismos internacionales que tutelan la privatización de ENEL.
La mencionada firma española afirma haber invertido ya casi dos millones de dólares en Nicaragua, en garantías de seguros, estudios de factibilidad, pagos de trabajadores, viajes y otros tipos de gastos, pero de repente la parte gubernamental nicaragüense se negó a firmar el contrato que la empresa ibérica había ganado en licitación, “porque los funcionarios del BID (Banco Interamericano de Desarrollo) expresaron que iba en contra de los acuerdos del ESAF y la privatización, y que además, si no se privatiza (la empresa nicaragüense de electricidad, ENEL), entre 10 y 20 millones de dólares no entrarían al país”. Según las informaciones brindadas a LA PRENSA por un alto funcionario gubernamental, la inversión programada para la explotación de la energía eólica en el sur del país, era de unos 20 millones de dólares inicialmente y 50 millones de dólares cuando estuviera en desarrollo.
La explicación del caso que dieron los representantes del BID, quienes se contradijeron en público con el ministro de Hacienda de Nicaragua, es que como el proceso de privatización de ENEL ya está en curso no se puede hacer contratos de generación eléctrica que afecten los niveles tarifarios ya establecidos. Se trata de un argumento que tal vez sea válido desde un punto de vista formal, pero no es correcto en lo que se refiere a los intereses de Nicaragua y de los usuarios nicaragüenses de energía eléctrica. Precisamente el déficit de energía y su alto precio se deben a que gran parte de la generación energética se basa en combustible importado, lo cual aumenta considerablemente los costos de todo lo que se consume y produce en el país. De manera que la posibilidad de generar energía eléctrica menos cara, como sería la que se produjera a base de una fuente natural como el viento, o sea eólica, es de suma importancia y conveniencia para el interés nacional.
Se supone que la privatización de ENEL y de cualquier otra empresa pública no constituye un fin en sí mismo, sino que es sólo un medio para favorecer el interés nacional y la situación particular de cada uno de los nicaragüenses. Pero no tiene sentido privatizar un monopolio público para transformarlo en monopolio privado, porque el perjuicio que causan a la población es igual tanto del uno como del otro. La privatización de ENEL sólo tiene sentido nacional, si es para que haya competencia en el suministro del servicio de energía eléctrica a los consumidores domiciliares y comerciales, para diversificar y abaratar las fuentes de generación, para elevar la calidad del servicio y bajar el precio de las tarifas en la medida de lo posible, para incentivar el consumo y fomentar el crecimiento y el desarrollo económico y social del país.
Si no es así, mejor sería dejar las cosas como están pues la privatización sólo favorecería a los monopolios compradores, a los funcionarios locales que reciben jugosas comisiones o coimas, y a ciertos intermediarios de los organismos internacionales que también sacan una buena tajada de las privatizaciones antinacionales y antipopulares que promueven contra viento y marea.
