Frank Arana Icaza
Leí con atención la página de LA PRENSA dedicada al análisis del Waiver por el Dr. Adolfo Calero P., Diputado y Presidente Nacional de Alianza Conservadora (ALCON) y el Sr. Embajador de Nicaragua en Washington Dr. Francisco X. Aguirre Sacasa, publicada el pasado 18 del corriente mes.
En ella, se hace un llamado al Congreso americano, para que se abstenga de aprobar un proyecto de Ley, destinado a suspender la autorización al Ejecutivo para continuar la asistencia económica a Nicaragua.
El proyecto se fundamenta en la lentitud con la que se va dando solución a los reclamos de ciudadanos norteamericanos, incluidos los de origen nicaragüense, que fueron despojados de sus legítimas propiedades durante el régimen sandinista de la década de los 80.
Las consecuencias de esta ley, serían catastróficas para nuestro país. Su gravedad es tal, que si se aprueba abriría las puertas para el retorno al poder del FSLN, cuyos desmanes y torpezas crearon el problema de la propiedad en Nicaragua.
Tanto el Gobierno de Doña Violeta, como el actual, encontraron un enorme número de legítimos propietarios, que reclamaban la devolución o indemnización de sus propiedades usurpadas, y también se encontraron con la herencia sandinista de un erario nacional en bancarrota, que hace necesario todavía, recurrir a la solidaridad internacional para poder atender a los gastos básicos e indispensables del país y arreglar los entuertos heredados de la trágica noche obscura del sandinismo.
Enfatizo, el problema de la propiedad surgió del despojo realizado por el gobierno del FSLN de miles de propiedades privadas y públicas, urbanas y rústicas.
Luego de la llegada de la democracia, esos propietarios procuraron recuperar sus bienes usurpados, encontrándose con una gran variedad de situaciones, desde la ocupación personal de inmuebles por parte de altos jerarcas del sandinismo, traspasos o ventas a terceros o cedidas a cooperativas, etc., etc.
Ante la imposibilidad de recuperar las propiedades físicamente, sus legítimos propietarios optan por reclamar una justa indemnización. Pero de esta indemnización no se responsabiliza a los autores del despojo o a los actuales propietarios u ocupantes, pero sí, sobre las espaldas del escuálido bolsillo del empobrecido e indefenso pueblo de nuestro país, quien es al final de todo, sobre el que recae la responsabilidad de pagar la irresponsabilidad del FSLN.
Tienen razón los que justamente reclaman. Aunque sí, ¡estamos claros! “Los verdaderos responsables no son ni el Gobierno, ni nuestro pueblo”.
Nuestro pueblo no se ha beneficiado de nada, pero ahora debe pagar los gastos de la “piñata” de otros.
El autor es analista político.
