El secretario general del Frente Sandinista, Daniel Ortega, anunció la semana pasada que dentro de poco su partido tendrá un segundo magistrado propietario en el Consejo Supremo Electoral (CSE). Este será el Licenciado José Luis Villavicencio. Aparentemente el PLC accedió concederle al FSLN dos de las cinco magistraturas dentro de ese poder del Estado.
El pacto convenido entre esos partidos empezó a concretarse el 19 de enero de este año, fecha en la que entraron en vigencia las reformas a la Constitución Política. Esas reformas alteraron —entre otras cosas— la composición del CSE, aumentando de 5 a 7 el número de magistrados propietarios y reduciendo de 5 a 3 el número de los suplentes. Los partidos pactistas se repartieron de inmediato los dos nuevos cargos, nombrando al doctor Silvio Calderón, del PLC y al señor Emmet Lang, del Frente Sandinista.
Ahora se disponen a sustituir el próximo mes a 4 magistrados propietarios que, según ellos, fueron elegidos para servir por un período de cinco años que vence el 4 de julio próximo. No obstante, algunos de esos magistrados, entre ellos la doctora Rosa Marina Zelaya, alegan que su período vence hasta el 4 de julio del 2001. Ellos sostienen que fueron electos bajo los términos de la Constitución Política de 1987 vigente en el momento de la elección. El Artículo 172 de esa Constitución señalaba: “El Presidente y los demás Magistrados del Consejo Supremo Electoral ejercerán su función durante un período de seis años a partir de su toma de posesión…”. Habiendo asumido el cargo el 4 julio del 95 —sostiene la doctora Zelaya—, y teniendo que servir por un plazo de seis años, su período debe entonces concluir hasta el 4 de julio del 2001. Pero los libero-sandinistas dicen que no es así, debido a que el mismo día que los magistrados tomaron posesión de sus puestos, entraron también en vigencia las reformas constitucionales del 95 que recortaron el plazo a cinco años. La doctora Zelaya y el magistrado suplente Cyril Omeir han interpuesto un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia. El recurso fue aceptado por la Corte pero aún está pendiente de fallo.
El Diario LA PRENSA ha sostenido siempre la necesidad de respetar los períodos constitucionales de los funcionarios electos. Es por esa razón que cada vez que se han levantado voces —ya sea dentro del sandinismo o dentro del liberalismo mismo—, que piden la destitución del Presidente Alemán antes de terminar su período, nosotros nos hemos opuesto. El Presidente de la República fue elegido para servir un período constitucional de 5 años y debe cumplirlo. Bajo esa misma premisa consideramos que también a la doctora Rosa Marina Zelaya y demás magistrados debe respetárseles el plazo que establecía la Constitución al momento de haber sido electos.
Esperemos que la Corte Suprema de Justicia, que es la institución que tiene la última palabra en este asunto, lo haga respetar. Esperemos, también, que los compromisos del pacto libero-sandinista no afecten su decisión, ya que el FSLN ha insistido mucho en la remoción de la doctora Zelaya, por considerarla culpable de su derrota en las elecciones de 1996. Es evidente que tal acusación no ha sido más que una excusa utilizada por el liderazgo del Frente Sandinista para justificar su fracaso ante sus militantes.
Pero, aparentemente, los acuerdos del pacto entre el PLC y el FSLN son tan fuertes que, el secretario general de este último puede desde ya saber que su partido tendrá otro magistrado ante el CSE. Y por si fuera poco, Daniel Ortega anunció, además, que la señora Marisol Castillo, esposa del coronel retirado y ex jefe de la Seguridad del Estado, Lenín Cerna, que actualmente coordina la estrategia electoral del FSLN, será electa como magistrada suplente. Todo parece indicar que el pacto continúa su marcha inexorable. No queda más que esperar la resolución de la Corte Suprema de Justicia al recurso de amparo presentado por Zelaya y Omeir.
