Daños

El artículo 131 de la Constitución Política de Nicaragua establece que: “Los funcionarios de los cuatro poderes del Estado, elegidos directa o indirectamente, responden ante el pueblo por el correcto desempeño de sus funciones”. Agrega que “La función pública se debe ejercer a favor de los intereses del pueblo…”; señala que “El Estado, de conformidad con la ley, será responsable patrimonialmente de las lesiones que, como consecuencia de las acciones u omisiones de los funcionarios públicos en el ejercicio de su cargo, sufran los particulares en sus bienes, derechos e intereses, salvo los casos de fuerza mayor…” Advierte que “El Estado podrá repetir contra el funcionario o empleado público causante de la lesión”, o sea obligarlo a pagar por el daño causado. Y concluye, el artículo 131 de la Constitución, sentenciando que: “Los funcionarios y empleados públicos son personalmente responsables por la violación de la Constitución, por falta de probidad administrativa y por cualquier otro delito o falta cometida en el desempeño de sus funciones. También son responsables ante el Estado de los perjuicios que causaren por abuso, negligencia y omisión en el ejercicio del cargo”.