El artículo 131 de la Constitución Política de Nicaragua establece que: “Los funcionarios de los cuatro poderes del Estado, elegidos directa o indirectamente, responden ante el pueblo por el correcto desempeño de sus funciones”. Agrega que “La función pública se debe ejercer a favor de los intereses del pueblo…”; señala que “El Estado, de conformidad con la ley, será responsable patrimonialmente de las lesiones que, como consecuencia de las acciones u omisiones de los funcionarios públicos en el ejercicio de su cargo, sufran los particulares en sus bienes, derechos e intereses, salvo los casos de fuerza mayor…” Advierte que “El Estado podrá repetir contra el funcionario o empleado público causante de la lesión”, o sea obligarlo a pagar por el daño causado. Y concluye, el artículo 131 de la Constitución, sentenciando que: “Los funcionarios y empleados públicos son personalmente responsables por la violación de la Constitución, por falta de probidad administrativa y por cualquier otro delito o falta cometida en el desempeño de sus funciones. También son responsables ante el Estado de los perjuicios que causaren por abuso, negligencia y omisión en el ejercicio del cargo”.
Hacemos esta extensa cita constitucional, para respaldar el señalamiento de que los importadores y exportadores de Nicaragua, así como las organizaciones que representan a los consumidores nicaragüenses, deberían demandar a Daniel Ortega por los daños y perjuicios que les ha causado con el cierre de las fronteras terrestres que ordenó la semana pasada, para bloquear la circulación de mercancías entre Nicaragua y los países vecinos del norte y del sur.
En realidad, aunque hasta el momento no han sido cuantificados públicamente los daños que Ortega ha causado con esa disposición antieconómica arbitraria y desmesurada, se estima que fueron cuantiosos y se sabe que han perjudicado a mucha gente, no sólo a los exportadores e importadores, sino también a los consumidores de productos alimenticios cuyos precios se elevaron por el bloqueo comercial. Y como el cierre de las fronteras no fue causado por fuerza mayor, sino por el autoritarismo de Daniel Ortega, éste debe responder por el abuso cometido y reparar sus consecuencias.
Se ha dicho que el cierre de las fronteras terrestres del norte y el sur del país, fue motivado porque Guatemala estaba impidiendo el ingreso de carne nicaragüense y Costa Rica hacía lo mismo con otros productos procedentes de Nicaragua. Pero aunque eso hubiese sido cierto, es un abuso cerrar las fronteras a todo el tráfico de mercancías de entrada y salida del país. El Gobierno de Nicaragua debió haber negociado con los de Guatemala y Costa Rica en busca de una salida responsable del problema. Y en todo caso, si por intransigencia de las autoridades de esos países era indispensable responder con medidas de represalia, Daniel Ortega debió aplicárselas únicamente a ellos, no bloquear a los demás países, ni perjudicar a todos los importadores, exportadores y consumidores de Nicaragua.
También se ha dicho en fuentes gubernamentales, para justificar el cierre de las fronteras la semana pasada, que algunos importadores nicaragüenses no mostraban la certificación fitosanitaria indispensable, al tramitar los permisos de importación. Pero si así hubiese ocurrido, también se pudo haber encontrado fácilmente una solución, sin paralizar todo el comercio centroamericano, ni causar tan grave daño a la economía y a los consumidores nicaragüenses.
La verdad es que Daniel Ortega no tiene capacidad para gobernar de manera eficiente y responsable. Él puede mandar, imponer su voluntad y su capricho, pero es incapaz de entender que gobernar no es hacer lo que se quiere, sino lo que se debe en el marco de la Constitución y las leyes; que gobernar es resolver los problemas, no crearlos; que gobernar es para servir a la comunidad, no para servirse de ella.
El gran economista británico John Maynard Keynes, de quien el eminente filósofo también inglés, sir Bertrand Russel, dijo que era la persona más inteligente que había conocido, decía que “en la economía se puede hacer todo, salvo evitar las consecuencias”. Lo mismo se debe decir de gobernar. Y en el caso específico de Daniel Ortega, él puede hacer lo que quiera pero no puede evitar las consecuencias. De manera que los perjudicados por sus abusos e incapacidades, como el arbitrario cierre de las fronteras terrestres ocurrido durante la semana pasada, deberían demandar al gobierno para que pague por los daños cometidos con este nuevo exceso de poder de Daniel Ortega.
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