La profesora Ana, de un municipio del departamento de Managua, se enteró por las noticias que a partir de junio de 2026 el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo estaría quitando un porcentaje de su salario a todos los trabajadores públicos de Nicaragua, en concepto de “aporte al partido” de gobierno, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
“Como soy una persona ‘salida’, me fui y le dije a la directora: ‘Tengo una incógnita’, le dije que a mi esposo ya le habían dicho que le iban a quitar. Pero mientras a mí no me dijeran nada, para mí que no. ‘Quiero saber si realmente esto es cierto’, le dije y me respondió: ‘Vamos a hacer una reunión y vamos a platicar’”, cuenta la profesora, de quien se usa un nombre ficticio para proteger su identidad y evitar represalias de parte del aparataje estatal.
La reunión nunca se dio. A los tres días que les tocó retirar su salario, el caos se apoderó de sus compañeros de trabajo. Todos se preguntaban: “¿A vos te quitaron?”
Deducción obligada por el FSLN
Al retirar la colilla en la que el Ministerio de Hacienda detalla su pago, encontró un apartado entre las deducciones en el que solo se lee “aporte”, sin detallar nada más. Ahí comprobó que le habían quitado el 2 por ciento de su ya precario salario, pero a otros profesores les quitaron el 5 por ciento.
“Entre más ganás, más te quitan”, explica a LA PRENSA y La Sala, Mujeres en la Redacción.
LA PRENSA tuvo acceso a copias de varias boletas de pago de maestras de distintos departamentos del país. En ellas se evidencia la deducción de la que son objeto por parte del régimen sandinista.
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El salario del sector magisterial en Nicaragua ronda entre los 8,500 y los 10,000 córdobas (unos 230 y 272 dólares al tipo de cambio oficial, respectivamente). La diferencia salarial sitúa a los docentes multigrado y de primaria en la escala más baja, mientras que los docentes de secundaria alcanzan el promedio superior de los 10,000 córdobas. No obstante, algunos educadores perciben un monto ligeramente mayor debido a sus años de antigüedad en el puesto.

Durante los últimos cinco meses, la profesora Ana ha registrado una deducción mensual de 260 córdobas (unos 7 dólares), lo que suma un total de 1,300 córdobas (35,.44 dólares) desde que comenzaron a aplicarle un descuento que nunca fue consultado con los trabajadores públicos.
Este “aporte” al partido sandinista es ilegal, según las leyes nacionales y los convenios internacionales firmados por Nicaragua. El artículo 9 del Convenio 95 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) establece que se debe prohibir cualquier “descuento de los salarios que se efectúe para garantizar un pago directo o indirecto por un trabajador al empleador, a su representante o a un intermediario cualquiera (tales como los agentes encargados de contratar la mano de obra) con objeto de obtener o conservar un empleo”.
Además del aporte partidario, a la mayoría de las docentes también se les deduce unos 120 córdobas (alrededor de cuatro dólares) para el pago del sindicato de la Asociación Nacional de Educadores de Nicaragua (Anden) cuyo secretario es el diputado sandinista José Antonio Zepeda López. El legislador ejerce como secretario general de Anden desde hace 40 años.
A los maestros también se les aplican deducciones en concepto de seguridad social (el 7 por ciento del salario) y de Impuesto sobre la Renta que es del 13 por ciento, este último aplicable si perciben más de 10,000 córdobas. Al sumar todas las retenciones, el monto total puede superar los 2,000 córdobas (unos 55 dólares mensuales).
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Para el sindicato Anden, al fin de año las maestras pueden solicitar una bonificación de transporte de 500 córdobas (unos 14 dólares) anuales, sin embargo, al hacer balances, el monto deducido de sus salarios supera con creces este aporte.
Maestras de primaria, las más afectadas
La profesora Verónica, docente de secundaria en una comunidad de Managua, con 12 años de experiencia, explica que las maestras de primaria “gastan más que nosotras y ganan menos”. Esto se debe a que, para las actividades en clase, cada docente debe costear los materiales de los estudiantes —ya que el Ministerio de Educación (Mined) solo suministra ciertos insumos básicos, como cartulinas y marcadores—.

“Tengo una compañera que tiene su niña chiquita y tenía problemas porque el salario no le daba y no había personas que le pudieran hacer el favor de cuidarla por un pago bajo. La mamá trabajaba y solo eran como dos hermanas, pero la hermana igual trabajaba. Entonces, a veces podían cuidársela y a veces no. Ella se las miraba mal, había ocasiones que tenía que andar con la niña y la niña se aburría, se cansaba”, cuenta Verónica a LA PRENSA.
Agrega que “ella era de primaria, y el salario de primaria con el de secundaria es diferente. Las de primaria gastan más que nosotros porque a ellas les exigen más. Gastaba dinero en los documentos de sus clases porque dan todas las materias y las supervisan. Ella se sentía bastante topada ya que no le estaba dando el dinero, porque el salario son como 500 córdobas menos que el de nosotros”.
Esto se debe a que las maestras de secundaria tienen una licenciatura en Educación, mientras que las de primaria solo tienen un técnico estudiado en una Escuela Normal. Para las docentes de primaria, que les quiten un 2 por ciento significa desajustar el salario con el que con costo llegan a final de mes.
Hasta julio de 2026, según datos del Instituto Nacional de Información de Desarrollo (Inide), el costo de la canasta básica en Nicaragua era de 21,474.94 córdobas (US$586). Es decir, el salario de una maestra de primaria es casi la tercera parte de esto, y las de secundaria tendrían que doblar su sueldo para poder pagar la canasta completa.
Menos alimentos para las familias
El profesor Gabriel Putoy, quien se encuentra en el exilio y fue preso político de la dictadura Ortega Murillo, explica a LA PRENSA que a algunos maestros le han quitado 2 por ciento, pero a otros hasta el 10 por ciento de su “dinero para financiar a un partido (político)”.
“Eso va dependiendo de cuánto gane el maestro. La realidad es que a algunos maestros les han quitado 200 córdobas, a otros hasta 470 córdobas. Lo que hemos documentado es que ese salario del docente es bien limitado”, cuestiona Putoy.
Agrega que “cada peso que te quitan cuenta, porque ya de por sí es un salario precario”. “¿Cómo lo ha afectado? 200, 400 o 500 córdobas en la economía de un maestro representan 40 tortillas, o sea, la tortilla de la semana”, afirma el miembro de la Unidad Sindical Magisterial (USM).
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“Estás dejando el gallo pinto sin el complemento de la tortilla y estás dejando al maestro por lo menos sin una semana de marcadores (acrílicos). Es un gasto, y a veces podemos decir que 200 o 400 córdobas no es mucho en Nicaragua. El problema es que te aumentaron un 4.3 % y te quitaron un 4.5 %, por lo que retrocediste a un -0.2 %”, explica el docente.
En Nicaragua, actualmente un huevo cuesta ocho córdobas si se compra por unidad en una pulpería. Mientras que por cajilla ronda los 6.50 córdobas. Por lo que deducir 470 córdobas se traduce en dos cajillas y media de huevos al mes menos.

“Están quitándole el desayuno al maestro. Un pan cuesta dos córdobas, le estás quitando 200 bollos de pan o el pan del café a la familia”, calcula Putoy.
La profesora Verónica coincide con este análisis y contrasta sus ingresos con el costo de la canasta básica: aunque su salario bruto es de 12,500 córdobas, tras las deducciones de ley su sueldo neto queda apenas por encima de los 10,000 córdobas.
“Y la canasta básica ya es supermayor que ese salario. Ahora, imagínese yo, ¿cómo no lo voy a sentir? si todos tenemos deudas y hay unas deudas más grandes que otras y bueno, y sin meter lo de la comida y que gastos por aquí, gastos por allá”, cuestiona.
Además, explica que tiene que poner su dinero para los materiales escolares, porque el Mined les orienta otras programaciones que no están en los libros de texto.
“Entonces tengo que buscar por otro lado y todo eso son documentos que uno paga. Por ejemplo, también en los EPI (Encuentros Pedagógicos de Interaprendizaje) cuando vamos a programar, yo tengo que llevar mis impresiones y eso sale de mi bolsa, ya donde estamos hablando que un documento no trae una hoja, trae dos a tres hojas y eso sale de nuestro salario”, añade.
“Y con esos 200 y pico (de córdobas) uno sinceramente sale bastante afectado”, se queja.
La maestra Ana es una de los 47,215 que laboran para el sistema público en el país, según datos del Banco Central de Nicaragua (BCN). El Inide, que usualmente brinda estas estadísticas, no ha actualizado su anuario desde el año 2023.
Si tomamos como referencia el porcentaje más bajo de deducciones (2 %) y un salario promedio de 10,821 córdobas, en un año el partido FSLN se embolsará más de tres millones de dólares solo del aporte partidario de los docentes del sector público. La cifra puede ser mayor, porque los directores ganan más.

Impacto en las mujeres
Aunque no existen datos oficiales desagregados por género en la actualidad, en junio de 2023 la codictadora Rosario Murillo afirmó que, de un total de 60,000 docentes registrados en ese momento, el 78 por ciento eran mujeres.
La socióloga y feminista María Teresa Blandón dice a LA PRENSA que la docencia histórica en Nicaragua ha estado integrada mayoritariamente por mujeres, por lo que “esa cotización obligada va a afectar a ese porcentaje altísimo de maestras”.
También explica que, a como ocurre en casi toda América Latina, “pero en Centroamérica de manera particular”, hay un porcentaje altísimo de mujeres que son jefas de hogar. Mujeres que son el único sustento de sus hijos, hijas y padres mayores.
“Y estas mujeres usualmente —incluso las maestras— además de ejercer el magisterio, tienen que ver cómo realizan otro tipo de trabajo por cuenta propia para poder resolver, si no totalmente, por lo menos una buena parte de los gastos básicos de su familia”, afirma.
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La especialista advierte que si a estas maestras se les descuenta un porcentaje de su salario, el impacto repercute en todo el núcleo familiar “y en la capacidad de consumo, que ya sabemos que en Nicaragua ha ido reduciéndose”. Añade que “las mujeres que tienen un empleo fijo son las que aportan un mayor porcentaje; casi la totalidad de su salario lo utilizan para satisfacer las necesidades de su hogar”.

Violación de derechos humanos
El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más ha recibido denuncias de extrabajadores del Estado sobre estas deducciones salariales para el FSLN.
“Por lo general son este tipo de acciones lo que detona el cansancio de la gente, que te dice: ‘Ya reclamé por esto. Y si vos reclamás, ya sabés lo que te espera’. Entonces, mucha gente que se ha visto obligada al exilio o al desplazamiento forzado, ha sido porque ha estado inconforme con medidas como esta de quitarles parte del salario”, explica Arlen Pérez, defensora del Colectivo.
“Hablamos de un sector muy vulnerable porque siempre el magisterio ha ganado poco. Ahorita el ministro que gana menos gana cerca de 3,000 dólares y un maestro gana 11,000 córdobas (unos US$300). Quitale a esos 11,000 córdobas el 2 por ciento, las personas ven una afectación directa; a veces hacen dos o tres turnos para completar”, añade.
Pérez sostiene que “llega un punto en el que es insostenible, la gente empieza a reclamar y lo que ocurre es que empiezan a ser agredidos”. “Incluso el maestro que creía en el partido termina siendo reprimido y obligado al exilio. Todos los trabajadores del Estado que han denunciado coinciden en un ‘hasta aquí, no aguanté más’”, dice.
Para Pérez, no solo está en juego el costo económico, sino también la libertad de pensamiento de los docentes, quienes incluso se ven obligados a transmitir a los estudiantes información falsa o distorsionada. “Por ejemplo, maestros reportan que los obligan a decir que Daniel Ortega y Rosario Murillo son héroes nacionales, teniendo que hacerlo para mantenerse a salvo”, afirmó.
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El Colectivo ha documentado cómo la calidad educativa ha caído drásticamente debido al adoctrinamiento partidario del FSLN. “Esto vulnera el derecho de los niños a recibir una educación de calidad. Es una violación de derechos humanos en todos los niveles: el derecho de los niños a prepararse para el futuro y el derecho de los maestros a un proyecto de vida. Con un salario de 11,000 córdobas al que le quitan el 2 por ciento, se afectan gravemente sus derechos económicos, sociales y culturales”, señala Pérez.
Situación inédita
Pauline Martin es una investigadora estadounidense que trabajó por muchos años en El Salvador y fue directora de la maestría en Política y Evaluación Educativa de la Universidad Centroamericana (UCA), donde investigó la educación en situaciones de riesgo y conflicto.
Para Martin, la situación del sector magisterial en Nicaragua es “inédita”, porque “es primera vez que he escuchado de que el Gobierno le vaya quitando, descontando plata a los maestros”.
La experta estima que cuando un docente recibe un mensaje así, de que “tu trabajo no es bien valorado y además es controlado desde arriba, que tiene que hacer lo que nosotros digamos que hagan, eso desmotiva en el aula”.
Martin explica a LA PRENSA que los sistemas educativos en Centroamérica son muy verticales y centralistas, los ministerios de educación giran las órdenes estrictamente.
“Eso en el ámbito educativo es muy peligroso —pero siempre se ha trabajado así— porque no abre la puerta a innovación, a desarrollo profesional, donde yo me pueda desempeñar como profesional, puedo probar nuevas cosas, puedo innovar”, agrega.

También valora que estas pueden ser medidas para desanimar, angustiar y hostigar a la gente, “tal vez con la esperanza que se retiren, renuncien y ya no tengo que ver con ellos, porque es una manera de limitar la participación política”.
La especialista en formación docente lo ve como una medida de control y coartar la participación. “En Nicaragua, el hecho de que le pueden quitar parte del salario y nadie hace nada, dice algo sobre la condición del país, porque el sector docente siempre ha sido muy fuerte”.
Pago de materiales sale de bolsillos de docentes
La profesora Karen trabaja en un colegio del departamento de Granada. Por motivos de salud no puede tomar otra plaza por la tarde, por lo que solo labora en el turno matutino, “porque hay personas que para poder tener lo necesario trabajan hasta tres turnos, mañana, tarde y noche o sabatino”.
“Solamente este trabajo tengo y pues ni modo, tengo que tratar de hacerlo dentro de lo posible, aunque a veces me dan ganas de renunciar e irme, ya no seguir”, se lamenta la profesora.
Aparte de las deducciones y el salario precario, a Karen también le pesa que el Mined no les brinde todos los materiales educativos, los cuales los maestros tienen que sacar de su bolsillo.
Ella no tiene computadora y tiene que ir a un ciber a trabajar, “por ejemplo, si tengo que hacer una prueba tengo que irlo a typear al cíber y pues eso implica gasto. Además también uno tiene que pagar los marcadores (acrílicos). Entonces implica que además que tenemos que gastar nos quitan, y eso afectó de hecho”.
En el colegio hay computadoras, pero la mayoría de las veces están ocupadas, ya sea por el Ministerio de Educación o “por el partido”.
La maestra en ocasiones tiene que asistir por las tardes a actividades partidarias, marchas obligadas y “por el mismo salario”. Aunque algunas son actividades del Mined dice que “todo es revuelto y está centralizado, Ministerio de Educación o partido, todo igual”.
“Nosotros no conocemos lo que es cosa extra, así pasemos todo el día”, manifiesta. “Quitan Anden, quitan el IR (Impuesto sobre la Renta), quitan el INSS (Seguro Social) y ahora quitan el partido”, añade.
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“Y esto que yo estoy sola y a veces me veo en apuros porque no tengo, no me da, me tengo que ir a pie, caminando desde donde vivo cuando pasa eso”, cuenta.
Gabriel Putoy, de la USM, también advierte que el aporte partidario está dejando a los docentes sin el pago de la ruta de bus en Managua o transporte urbano en los departamentos. “Estás castigándolos a caminar… El maestro llega cansado al aula porque muchos viven a 4 o 5 kilómetros de su centro laboral. Llega cansado y llevando materiales que le exigen elaborar en su casa para la escuela, el partido, el sindicato y los EPI. Parecen propagandistas los pobres docentes”.
Actividades extracurriculares
Los docentes son obligados a asistir a marchas o actividades partidarias, lo que les quita tiempo para planificar sus clases o estar con sus familias. Estas actividades no son pagadas como horas extras.
Putoy explica que primero les dijeron que eran actividades dentro de su jornada laboral, pero luego las hacían en los turnos que no trabajaban los docentes y hasta los fines de semana, “para jornadas de limpieza, fumigación, censos o matrícula. Sacan a los maestros de las aulas para cumplir metas de matrícula impuestas por el Gobierno, obligándolos a salir a rebuscar chavalos aunque tengan que mentir o inflar los datos estadísticos para aparentar que no hay deserción escolar”.
Una de las profesoras que le ha tocado andar abatizando —tarea que le toca al Ministerio de Salud— es Ana. “Ay, esas actividades extracurriculares son espantosas. Sí tenemos que ir, porque si uno no va, está el reporte y ahí es donde a uno lo afecta”, manifiesta.
Asistir a esas actividades que no tienen nada que ver con la labor docente forman parte de la evaluación que les hacen. Ven “tu desempeño laboral”, dice Ana y para ello los directores o delegados municipales del Mined exigen que se tomen fotos y se envíen como parte de las pruebas que el “trabajo” se hizo.
Putoy también explica que a los docentes se les exige estar en los grupos de Whatsapp para enviar las fotos de estas actividades. Los maestros que andan un “teléfono chiclero” se han tenido que endeudar para sacar un smartphone en una casa comercial y contratar un plan con una empresa telefónica. “Todo eso afecta grandemente la economía del docente”.
“Tenés que estar metido en el grupo de la escuela o del Ministerio de Educación porque ahora no respetan el horario”, expresa Putoy y la profesora Ana confirma que en ocasiones les mandan actividades que tienen que realizar al día siguiente con los alumnos, ya cuando planearon la clase. “Ellas mandan los domingos por la noche. Tengo que modificar un bloque para poder hacer eso. Tenemos que hacer las actividades, si no nos reportan. Perdemos clase por eso. Después los padres dicen que no damos clases”.

La maestra Ana cuenta que ella lo que hace es cobrarle los materiales a los estudiantes, pero tuvo que gastar 7,000 córdobas (casi 200 dólares) para comprar un smartphone y mensualmente tiene que gastar 400 córdobas (US$11) en internet para ese teléfono.
Ella cuenta que tiene que ir a actividades extracurriculares al menos tres veces al mes y en cada una de esas salidas puede gastar 100 córdobas en transporte (300 córdobas al mes u 8 dólares).
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Aparte de los 2,000 córdobas que se le van en todas las deducciones, tiene que tomar en cuenta estos gastos de internet y materiales. Por ejemplo, la profesora Verónica gastó 400 córdobas (US$11) a inicios de año en un cuaderno de evaluación, en documentos de programaciones que imprime cada dos meses, tiene que pagar 100 córdobas (US$2.72) y en recargas para su teléfono para poder enviar las fotos que le solicitan, paga 260 córdobas al mes (US$7).
Los gastos de materiales son de 100 córdobas al mes aproximadamente (US$2.72), pero en lo que más gasta son las impresiones de temas que no están en la programación del Mined, ahí ha sacado cuentas y paga 800 córdobas (US$21.84) al mes.
Al final, los gastos en transporte a actividades extracurriculares, materiales que el Mined no cubre, impresiones y recargas telefónicas, pueden rondar los 1,200 córdobas (unos US$33) al mes. Lo que significaría un 11 por ciento menos del salario de cada docente.
La experta en formación docente, Pauline Martin, explica que a los docentes nunca les aclaran cuál debe ser la dedicación laboral semanal, y en esa jornada no contemplan el tiempo de planificación, de evaluación, atención a padres, o capacitaciones.
“Que todo el mundo critica que el docente no quiere hacer nada fuera de su jornada, pero la jornada no se aclara como cuánto tiempo realmente debe estar trabajando”, añade.
Por pensar diferente
Lucía es una docente del departamento de Jinotega que ahora labora para un colegio privado. Pero en 2018 tenía doble plaza, porque solo con el trabajo en un centro público no le alcanzaba para sobrevivir.
A raíz de las protestas de ese año, la profe fue despedida por apoyarlas y no mostrar afiliación con el partido de gobierno.
Ha logrado sobrevivir solo con un ingreso, porque “usted sabe que a Dios a uno nunca lo abandona. Y bueno, así de tripas y corazón también”, dice. Tiene dos hijos en la universidad, pero el padre de ellos la ha ayudado con los gastos.
Dar clases de reforzamiento por las tardes ha sido una opción. “Pero acuérdese que una clase de reforzamiento por la tarde lo que cuesta son 150 córdobas la hora. Y hay veces trabajo dos veces por semana, entonces, no es un gran ingreso que se diga”, relata.
Por medio de los Encuentros Pedagógicos de Interaprendizaje (EPI), que se realizan una vez al mes para todos los maestros del país, incluidos los que trabajan en el sistema público y privado, ella se ha dado cuenta de la molestia de sus colegas de los colegios públicos por los descuentos aplicados por la dictadura. “Hay unos que les quitan hasta 500 córdobas”, expresa.
Militancia obligada
Al final del mes, cuando la profesora Ana revisa su colilla de pago y ve ese «aporte» que nunca autorizó, la cuenta es simple y brutal: 260 córdobas menos que significan menos gallopinto y huevos en la mesa y más horas a pie para ir al colegio a dar clases.
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“Esta es una cotización, hay que decirlo claramente, es una cotización arbitraria. Ningún partido político tiene por qué cobrarle a las trabajadoras y los trabajadores del Estado una especie de impuesto, que es un impuesto privado, porque es un impuesto para un partido político», recalca la socióloga María Teresa Blandón.
Y el profesor Gabriel Putoy advierte: “Es un salario precario que ya no da para más, y seguir sumándole gastos es orillarlo a vivir en alta vulnerabilidad, yendo incluso a dar clases sin desayunar”.

*Este reportaje ha sido producido en el marco de la beca de producción periodística La Sala: Mujeres en la Redacción, con el financiamiento de Diakonia y de Vikes (Fundación Finlandesa para los Medios y el Desarrollo), una iniciativa que busca fortalecer el periodismo independiente, crítico y de investigación, así como promover la participación, el liderazgo y la proyección de las mujeres periodistas, mediante acciones de influencia e impacto que contribuyan a visibilizar y posicionar sus voces como referentes del periodismo, la investigación y la opinión pública.