Cuando los historiadores del futuro intenten identificar el momento de mayor auge de la política hacia América Latina del segundo gobierno de Donald Trump, bien podrían señalar el 7 de marzo de 2026, fecha de la primera cumbre del Escudo de las Américas.
Aquel sábado, en su complejo de golf de Doral, Florida, el presidente Donald Trump se dirigió a una docena de mandatarios de América Latina y el Caribe.
Entre los asistentes estaban viejos aliados como Javier Milei, el combativo presidente argentino con cuyo respaldo incondicional Trump siempre podía contar, y Nayib Bukele, de El Salvador, uno de los socios más entusiastas de su gobierno en materia de control migratorio.
También participaron nuevos aliados prometedores, como Rodrigo Paz, de Bolivia, y José Antonio Kast, de Chile. Incluso mandatarios que anteriormente habían mantenido relaciones tensas con Washington, como el panameño José Raúl Mulino, se habían acercado considerablemente a la administración estadounidense.
Los gobernantes reunidos en Doral estaban dispuestos a colaborar con Washington, y no era difícil entender por qué. Trump atravesaba un momento de gran fortaleza política tras el espectacular éxito de la Operación Resolución Absoluta, la incursión de enero que permitió capturar a Nicolás Maduro en Venezuela y causó la muerte de 32 de sus guardaespaldas cubanos, sin que Estados Unidos perdiera una sola vida.
Es cierto que Venezuela no se había democratizado de la noche a la mañana y que algunos aliados miraban con inquietud el nuevo papel de Delcy Rodríguez como presidenta interina. Sin embargo, la operación había demostrado que Washington hablaba en serio cuando anunciaba que daría prioridad a la región, un cambio que abría perspectivas atractivas de mayor inversión y asistencia en materia de seguridad.
Ser amigo de Estados Unidos podía resultar provechoso; convertirse en su enemigo podía tener consecuencias extraordinariamente dolorosas.
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Cuba llevaba casi tres meses privada de suministros de petróleo y había recurrido a reducir a cuatro días la semana laboral de los empleados estatales para ahorrar combustible. El día de la cumbre, aproximadamente dos tercios de la isla estaban sin electricidad y el colapso total del régimen se consideraba prácticamente inevitable.
En Nicaragua, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo se había apresurado a eliminar la exención de visas para los cubanos poco después de la operación contra Maduro, aparentemente para evitar provocar la ira de Washington.
Los actores no estatales también estaban sintiendo el peso del renovado compromiso estadounidense con la región. Hasta entonces, Estados Unidos había realizado 34 ataques contra embarcaciones sospechosas de transportar drogas, sin dar señales de que fuera a detenerse.
Las relaciones con México también se habían transformado. Durante el gobierno de Joe Biden, la frontera había servido como instrumento de presión para México. Ahora, en cambio, el gobierno de Claudia Sheinbaum cooperaba con Estados Unidos en el control fronterizo, mientras que las cifras de encuentros de migrantes en la frontera habían caído a mínimos históricos.
La presión estadounidense también había llevado al gobierno de Sheinbaum a suspender los envíos de petróleo a Cuba y a entregar a 92 integrantes de organizaciones del narcotráfico a las autoridades estadounidenses.
Quizá preocupado por la evidente disposición del gobierno de Trump a emprender operaciones militares unilaterales en territorio mexicano, México también acababa de colaborar con la inteligencia estadounidense para ejecutar su operación más ambiciosa en años contra un importante jefe del narcotráfico.
Estados Unidos parecía capaz de presionar tanto a sus amigos como a sus adversarios para conseguir lo que quería. Nadie podía afirmar con certeza cuál sería su siguiente paso ni hasta dónde llegaría su capacidad de acción.
Casi ocho meses después, algunos de esos límites comienzan a hacerse evidentes. La guerra con Irán ha ofrecido un contrapunto al desenlace decisivo de la Operación Resolución Absoluta, la atención de Trump se ha desviado hacia los problemas de la política interna y los acontecimientos regionales han tomado algunos giros inesperados.
Se frena el impulso de la derecha
Una sucesión de victorias electorales de la derecha en América Latina había fortalecido la estrategia del gobierno de Trump. Entre enero de 2025 y julio de 2026, los candidatos conservadores ganaron las siete elecciones presidenciales celebradas en la región.
La ventaja obtenida por Flávio Bolsonaro, aliado de Trump, en la primera vuelta de las elecciones brasileñas alimentó las esperanzas de que el país más grande de Sudamérica pronto pusiera su considerable peso político al servicio de los esfuerzos regionales de Washington.
Sin embargo, Bolsonaro sufrió una inesperada derrota frente al presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva. Pasó de ser considerado el próximo presidente a tener que huir a Estados Unidos por temor a ser detenido por el gobierno de Lula.
La derrota de Bolsonaro no es la única complicación para la estrategia hemisférica de Washington.
La popularidad de la derecha regional ha disminuido: siete de los once presidentes latinoamericanos de centroderecha registran índices de aprobación negativos, y únicamente Bukele y Laura Fernández, de Costa Rica, cuentan con el respaldo de mayorías holgadas.
Algunos gobiernos también están diversificando sus relaciones exteriores mediante un acercamiento a China. Daniel Noboa, de Ecuador, realizó su primera visita de Estado a ese país en agosto. Chile ha reafirmado su adhesión a la política de una sola China, Kast tiene previsto reunirse con Xi Jinping durante la cumbre de APEC que se celebrará el próximo mes en Shenzhen, y la presidenta peruana Keiko Fujimori habría asegurado a China que Perú concede gran importancia a sus relaciones bilaterales.
Los avances en Venezuela, escenario del mayor logro de política exterior del gobierno de Trump, también han sido accidentados.
Una devastadora serie de terremotos ocurridos en junio retrasó los esfuerzos de recuperación del país.
Ante la falta de disposición del sector privado para comprometerse con la revitalización de la industria petrolera venezolana, la Casa Blanca facilitó directamente y participó en un acuerdo petrolero que ha recibido críticas de algunos de sus aliados habituales.
El regreso de María Corina Machado, principal figura de la oposición venezolana, también introduce un elemento de incertidumbre en la estabilidad de la que hasta ahora ha disfrutado el gobierno estadounidense en Venezuela.
Las exigencias de celebrar elecciones cobran fuerza y la dinámica política amenaza con adquirir un impulso propio, al margen de los planes de Washington.
Lejos de derrumbarse o ceder, Cuba y Nicaragua se han mostrado cada vez más desafiantes en su hostilidad hacia Estados Unidos.
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La semana pasada, en las Naciones Unidas, un diplomático cubano intentó interrumpir la intervención del embajador Mike Waltz sobre el embargo e hizo contacto físico con un diplomático estadounidense.
Posteriormente, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel juró que Cuba «no retrocederá […] ante las presiones y órdenes yanquis».
El régimen nicaragüense ha ido todavía más lejos al consolidar descaradamente su control del poder mediante el anuncio de que el país dejaría de celebrar elecciones, una declaración que posteriormente se convirtió en un proceso de reforma constitucional que, en la práctica, instalaría a Ortega y Murillo como dictadores vitalicios.
Una política que pierde el foco
¿Qué ocurrió?
Con razón o sin ella, numerosos actores regionales han llegado a la conclusión de que la política estadounidense hacia América Latina no seguirá el rumbo que Washington parecía haber trazado en marzo. Hay tres razones principales.
La primera es que Trump ha declarado repetidamente que Estados Unidos se ocupará de Cuba una vez que termine con Irán.
Puede que esa postura sea sincera e incluso prudente, pero la conclusión que han sacado los cubanos —y los nicaragüenses, a quienes en ocasiones se menciona como los siguientes en la lista de prioridades de Washington después de Cuba— es que estarán a salvo mientras Estados Unidos siga empantanado en la guerra con Irán.
Al parecer, ambos regímenes han decidido que pueden resistir hasta las elecciones legislativas de mitad de mandato, cuando esperan que las pérdidas republicanas debiliten al presidente y posiblemente limiten todavía más su política hacia el hemisferio occidental.
La segunda razón es que las prioridades del gobierno estadounidense han parecido, en ocasiones, contradictorias.
El principio central de la actual estrategia regional de Estados Unidos, expuesto durante la cumbre de Doral, es que Washington no «permitirá que influencias extranjeras hostiles establezcan una presencia en este hemisferio».
El mensaje estaba claramente dirigido a China y Rusia. Sin embargo, desde entonces Trump ha realizado una visita de Estado a China, ha recibido a Xi Jinping en la Casa Blanca y, en términos generales, ha adoptado una postura más conciliadora de lo previsto en las relaciones entre Washington y Pekín.
La ratificación por parte de Rusia, en abril, de un acuerdo de cooperación militar con Nicaragua tampoco provocó una respuesta contundente. Además, Trump ha buscado recientemente negociar con Rusia.
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Estos acontecimientos han dificultado que los gobernantes latinoamericanos identifiquen con claridad cuáles son los límites que Washington pretende imponer a sus relaciones con China y Rusia.
La tercera razón es que Estados Unidos no siempre ha tratado amistosamente a sus amigos.
Nueve de los doce gobiernos que integraban la coalición del Escudo de las Américas en marzo se vieron afectados por los aranceles relacionados con el trabajo forzoso anunciados por Washington en julio.
Las medidas fueron especialmente severas para Chile, cuya importancia estratégica y cuyo presidente afín a Washington no impidieron que el país quedara incluido en la categoría arancelaria más elevada, con una tasa del 12.5 por ciento.
El mensaje transmitido por decisiones como estas es que invertir capital político en alinearse con Washington no necesariamente garantiza protección ni un trato preferencial.
Nada de esto significa que Washington haya abandonado la región, desatendido a sus aliados o renunciado a sus objetivos respecto de Cuba y Nicaragua.
Estados Unidos ha anunciado planes para proporcionar 1,000 millones de dólares en asistencia de seguridad a Colombia, continúa dando señales de una próxima actuación en Cuba y está intensificando el escrutinio sobre el régimen de Ortega y Murillo.
Sin embargo, en comparación con el panorama de marzo, el orden regional que parecía estar surgiendo tras la Operación Resolución Absoluta luce ahora mucho menos seguro.
Ganar tiempo
Las elecciones legislativas de mitad de mandato de esta semana podrían complicar todavía más la estrategia hemisférica del gobierno de Trump.
Si los demócratas ganan el Senado y la Cámara de Representantes, probablemente utilizarán sus facultades para exigir documentos y testimonios e investigar diversas actuaciones del gobierno en la región: desde los ataques contra embarcaciones sospechosas de transportar drogas hasta las condiciones del acuerdo petrolero venezolano y el papel del Departamento de Estado en las elecciones brasileñas.
También podrían recurrir a las leyes presupuestarias para restringir los instrumentos a disposición de la Casa Blanca.
Entre esas medidas podría figurar la prohibición de utilizar fondos para operaciones militares no autorizadas contra Cuba o la imposición de restricciones a la oficina del Pentágono que administra la participación estadounidense en el acuerdo petrolero venezolano.
Sin embargo, parece improbable que los demócratas consigan las mayorías calificadas necesarias para superar un veto presidencial.
Paradójicamente, un escenario político que limite la capacidad de Trump para aprobar su agenda en el Congreso podría llevarlo a concentrarse más en la política exterior, ámbito en el que el Poder Ejecutivo dispone de mayores facultades.
Independientemente del resultado de las elecciones, el gobierno estadounidense tendrá numerosos asuntos que atender en América Latina.
La huida de Bolsonaro a Estados Unidos creará un nuevo motivo de tensión recurrente en las relaciones con Brasil, mientras continúan las importantes negociaciones comerciales con México.
Una operación militar en Cuba también podría estar entre las opciones.
Pese a la confianza expresada por Trump en que será posible alcanzar un acuerdo con los dirigentes comunistas de la isla, las gestiones diplomáticas parecen haberse estancado.
Las tensiones con el gobierno cubano llevan meses acumulándose. Y, dada la particular aversión de Trump a que lo desafíen o insulten públicamente, la conducta de los diplomáticos cubanos la semana pasada en la ONU podría convertirse en el detonante de una escalada.
Aunque Cuba se ha convertido, con razón, en un asunto central de la estrategia regional del gobierno estadounidense, Washington podría tener más facilidad para restablecer su capacidad de disuasión y su credibilidad en la región mediante una respuesta rápida a los crecientes problemas en Nicaragua.
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Existe un consenso regional en torno a la idea de que Nicaragua se ha convertido en un factor desestabilizador, y el régimen nicaragüense nunca ha enfrentado una campaña de presión de la magnitud que Estados Unidos podría ejercer sobre él.
Una acción decisiva contra la dictadura nicaragüense enviaría un mensaje tanto al régimen cubano como a los dirigentes chavistas que permanecen en Venezuela: la Operación Resolución Absoluta no fue un episodio aislado, sino el primer paso hacia el establecimiento de un orden democrático más seguro y próspero.
La estabilidad de ese orden exigirá que Estados Unidos demuestre su disposición a hacer concesiones que beneficien a sus aliados, como ofrecer alivios arancelarios condicionados a los países que continúen alineados con Washington.
Quizá lo más importante sea que Estados Unidos también tendrá que llevar hasta sus últimas consecuencias el proceso de restauración democrática en Venezuela.
Si Washington logra demostrar que es capaz no solo de destruir aquello que considera malo, sino también de construir algo bueno, el poder estadounidense comenzará a percibirse como una fuerza digna de seguir, en lugar de una fuerza a la que hay que temer.
El autor es colaborador de The Dispatch, e investigador en el Hudson Institute. Especialista en política, seguridad y tecnología en América Latina y el Caribe, es becario Novak 2026-27 del Fund for American Studies. LA PRENSA publica este artículo con autorización de The Dispatch.
