En vísperas de la reunión extraordinaria de cancilleres de la OEA, que fue convocada para examinar la situación política de Nicaragua y se realizará el viernes 2 de octubre, el Senado de Estados Unidos (EE. UU.) realizó el miércoles de esta semana una audiencia pública que incrementó la presión exterior sobre la dictadura de Ortega y Murillo.
“Crisis política en Nicaragua, el ataque de Ortega a la democracia”, fue denominada la audiencia del Subcomité del Senado de EE. UU. sobre el Hemisferio Occidental, la Delincuencia Transnacional, la Seguridad Civil, la Democracia, los Derechos Humanos y los Asuntos Mundiales de la Mujer.
En dicha audiencia que fue transmitida en vivo por LA PRENSA en sus plataformas de YouTube y Facebook, participó en representación de Nicaragua el excandidato presidencial y ex preso político Juan Sebastián Chamorro, quien se encuentra exiliado en EE. UU.
Chamorro explicó la tragedia de derechos humanos y la pérdida absoluta de la libertad y la democracia en Nicaragua, bajo la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo que ha sido denunciada por organismos internacionales de derechos humanos de cometer crímenes de lesa humanidad contra el pueblo.
Junto con Chamorro participaron otros testigos de instituciones especializadas que señalaron “la gravedad de la situación de Nicaragua y las ‘serias preocupaciones’ que suscita para la región, precisamente por las alianzas de la dictadura con China y Rusia”. Testigos que además propusieron a los senadores imponer sanciones concretas a la dictadura.
Lo expresado en la audiencia senatorial sobre la amenaza internacional que representa la dictadura de Nicaragua coincide con lo que se dice en el proyecto de resolución de la reunión extraordinaria de cancilleres de la OEA sobre Nicaragua, que se realizará este viernes 2 de octubre. Aunque objetado en ese aspecto por Brasil, el proyecto ha propuesto declarar a la dictadura de Nicaragua como una amenaza directa contra la seguridad hemisférica.
Además, en el proyecto de resolución que discutirán los cancilleres de las Américas se demanda a la dictadura de Nicaragua la liberación inmediata de todos los presos políticos, que se permita la reanudación de sus actividades a los medios de comunicación independientes, organizaciones de la sociedad civil, universidades, cámaras empresariales y otras instituciones de la sociedad civil que fueron disueltas arbitrariamente.
También, se le exige a la dictadura la devolución de los bienes y activos confiscados a numerosas personas, empresas, organizaciones, instituciones religiosas, medios de comunicación e instituciones académicas nicaragüenses y extranjeras. Lo mismo que anular los cambios constitucionales que desmantelaron la democracia representativa, restablecer la independencia de poderes del Estado y el pluralismo político. Así como devolver la ciudadanía y permitir el regreso a su país con garantías, a los 452 nicaragüenses que fueron desnacionalizados.
Por supuesto que sería iluso creer que los codictadores Ortega y Murillo van a ceder fácilmente a las presiones externas, en particular de la OEA a la que no reconocen ninguna autoridad. Pero no por eso se debe dejar de presionarlos. Más bien hay que reforzar la presión y hacer uso de todas las herramientas que permita el derecho internacional interamericano, para ayudar a Nicaragua a recuperar su libertad y democracia. Lo peor sería permitir que la dictadura siga cometiendo sus fechorías impunemente, sin ser sometida por lo menos a la denuncia, la crítica y la presión externa.
Según algunos expertos en política internacional, aunque los dictadores desprecien la presión diplomática externa esta de alguna manera debilita la fuerza de la represión y ayuda a reducir el miedo arraigado en la población.
Cabe decir, finalmente, que un factor clave para el éxito de la reunión extraordinaria de cancilleres de la OEA sobre Nicaragua podría ser que el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, participara en ella personalmente y ejerciera allí el liderazgo hemisférico que le corresponde, o que pretende.
