Gobiernos de todo el mundo afirman no tener margen de maniobra. Si bien la desigualdad y el costo de vida aumentan, se nos dice que el margen fiscal es limitado. Sin embargo, en muchos casos, esta limitación es autoimpuesta. Se deriva de equiparar la responsabilidad fiscal con la reducción del déficit y la deuda, en lugar de con el fortalecimiento de la capacidad de la economía para crecer, resistir crisis y cumplir con sus obligaciones a largo plazo. De hecho, recortar el gasto en una economía débil puede aumentar, no disminuir, la relación deuda/PIB; y cuando las normas fiscales se imponen, la inversión pública suele ser lo primero que se recorta.
Bajo esta presión autoimpuesta, los gobiernos recurren a soluciones a corto plazo. Esto suele implicar una alternancia entre privatización y nacionalización: se venden activos cuando los presupuestos están ajustados y luego se rescatan con fondos públicos cuando fracasan. Ninguno de estos enfoques genera valor público duradero. Los gobiernos progresistas necesitan su propia manera de crear valor, una que construya una economía que funcione para la ciudadanía y sirva al bien común, en lugar de simplemente reaccionar cuando las cosas van mal.
Una respuesta a este cambio ha sido la modificación del lenguaje. En Gran Bretaña, el primer ministro Andy Burnham ha comenzado a utilizar el término «control público», y el ministro de Hacienda, John Healey, ha convertido este objetivo en un pilar de su estrategia de crecimiento. Esta expresión resulta útil porque va más allá de la antigua disyuntiva entre vender activos y nacionalizarlos. Indica que el Estado debería tener mayor control sobre los servicios e infraestructuras esenciales sin comprometerse con la propiedad pública total.
Pero el concepto solo será efectivo si es riguroso. Si no se define, puede significar cualquier cosa: participación estatal aquí, subsidio allá o nacionalización en tiempos de crisis. En el Reino Unido, la expresión se ha utilizado para describir una factura de agua (que alude a la propiedad), un sistema de autobuses (que trata sobre franquicias) y normas de valor social (que se refieren a la contratación pública).
Definimos el control público como la capacidad del Estado para orientar la actividad económica hacia objetivos estratégicos mediante la adecuación al interés público de sus instrumentos de política. La propiedad es solo uno de estos instrumentos. Otros incluyen la regulación, la contratación pública y las finanzas públicas. Lo que importa es el propósito que cumplen estos instrumentos, las condiciones asociadas al apoyo público y cómo se mide el éxito. Esa es la diferencia entre gestionar el capitalismo y transformarlo.
La distinción importa, porque la propiedad por sí sola no es el único parámetro relevante. Por ejemplo, la administración del presidente estadounidense Donald Trump posee una acción de oro en US Steel y ha adquirido participaciones accionariales en docenas de empresas, incluida Intel. Sin embargo, la participación del 9.9 por ciento del gobierno estadounidense en el fabricante de chips parece ser pasiva, sin representación en el consejo de administración y con un compromiso tácito de votar con el consejo de Intel. Poco en estos acuerdos Sugiere una misión centrada en el bien común, condiciones sobre cómo se comparten los beneficios o inversión en las propias capacidades del Estado. Se trata de una cartera que se construye acuerdo por acuerdo, no de control público.
En cambio, los responsables políticos deberían hacer cuatro cosas. Para empezar, deben establecer misiones claras: objetivos ambiciosos y con plazos definidos para garantizar que todos los instrumentos de política económica apunten en la misma dirección. Sin una misión, el control se reduce simplemente a quién posee las acciones; con una, se convierte en una cuestión de cuál es el propósito de la economía.
En segundo lugar, los gobiernos deben condicionar el apoyo público a que las empresas tengan incentivos para modernizarse, mejorar las condiciones laborales y devolver una parte justa de los beneficios al erario público. La NASA dio un ejemplo contundente en las décadas de 1960 y 1970 al prohibir los «beneficios excesivos» en los contratos de adquisición de su programa Apolo, socializando así tanto los riesgos como las recompensas de la inversión pública.
Una tercera prioridad es invertir en la capacidad del propio Estado. Un gobierno que ha externalizado su conocimiento de un sector carece de la capacidad para generar acuerdos, exigir responsabilidades a sus socios o corregir el rumbo. Como demuestra el reciente caso de British Steel, nacionalizar una empresa en dificultades no resuelve mucho si el Estado carece de la experiencia necesaria para negociar con los proveedores, establecer condiciones y lograr avances en la transición ecológica.
Por último, los gobiernos deben asegurarse de operar bajo reglas fiscales sensatas. De lo contrario, el control público puede verse fácilmente comprometido. Si el endeudamiento para financiar inversiones en activos públicos se trata igual que el endeudamiento para financiar el consumo, los gobiernos serán penalizados por hacer precisamente lo que deberían. Nuestro nuevo Consejo Global sobre Nueva Economía para el Siglo XXI, copresidido con el Vicepresidente Primero de España, Carlos Cuerpo, se creó para abordar los supuestos económicos obsoletos que frenan el progreso en la prestación de servicios públicos, vivienda y la transición verde. Nuestro nuevo informe de políticas analiza por qué definir la responsabilidad fiscal principalmente a través de objetivos de déficit y deuda puede ser contraproducente y propone medir la salud fiscal utilizando los activos públicos y el patrimonio neto.
La propia historia del Reino Unido en materia de privatización y externalización de servicios públicos constituye una clara advertencia. El Reino Unido tiene la mala costumbre de vender activos al sector privado, rescatarlos cuando fracasan y volver a venderlos cuando la situación empieza a mejorar. Como resultado, la ciudadanía siempre asume el riesgo y se pierde los beneficios. Este mismo ciclo puede repetirse en cualquier país donde el gobierno intervenga únicamente durante las crisis, sin desarrollar la capacidad de gobernanza necesaria para que tanto la propiedad como la privatización sirvan al bien común.
El control público no debe juzgarse por la cantidad de bienes que posee el Estado, sino por lo que posibilita. Los gobiernos progresistas que definen este concepto con rigor, respaldados por la capacidad de ejecución, pueden construir economías que beneficien a las personas y al planeta. Bien implementado, el control público podría convertirse en la base de una nueva relación entre los sectores público y privado, centrada en la generación de valor público.
Las autoras, Mariana Mazzucato es profesora del University College London, es la directora fundadora del Instituto UCL para la Innovación y el Propósito Público y autora de numerosos libros, entre ellos The Big Con: How the Consulting Industry Weakens Our Businesses, Infantilizes Our Governments and Warps Our Economies (Penguin Press, 2023) y The Common Good Economy: A New Compass. (Allen Lane, 2026); y Anna Hope Emerson es investigadora asociada en el Instituto de Innovación y Propósito Público de la UCL.
Copyright: Project Syndicate, 2026.
www.project-syndicate.org
